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Agosto 7 de 1986

La erradicación de la pobreza absoluta: Al igual que otras sociedades, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivencia, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad. Semejante deformación exige un tratamiento fundado no sólo en sentimientos humanitarios o exhortaciones de la más alta estirpe espiritual, sino, también, dictado por la razón de ser del Estado y la preservación de la sociedad.

Es urgente una reforma agraria: Si una reforma urbana es ineludible, es igualmente urgente una reforma  agraria. No tener acceso a la tierra priva a miles de familias campesinas de un ingreso razonable y llega a generar situaciones de violencia.

El orden civil: Habrá que explorar, recurrir a la imaginación, estar dispuestos a ensayar. Fundamentalmente, se requiere un gran esfuerzo de toda la sociedad. Pero la primera exigencia es el fortalecimiento del orden civil. En éste el problema de la paz pública.

Convivencia en el desacuerdo: El nuestro, a pesar de todas sus deficiencias, es un Estado constitucional en el cual pueden convivir todas las tendencias, desde las más aferradas al pasado hasta aquellas deseosas de introducir cambios radicales. El fundamento de la convivencia es el respeto a las normas, así se pretenda lograr virajes substanciales.

Fortalecimiento de las instituciones: Por eso, las instituciones deben tener plena vigencia o recobrar cuanto se ha perdido. Si todos obramos dentro de las instituciones, si ceñimos nuestro comportamiento a los mandatos constituciones y legales, si ventilamos nuestros desacuerdos por la vía política, si tramitamos nuestras controversias judiciales, si nos comprometemos es una auténtica y vigorosa empresa del cambio social, político y económico, si obramos con patriotismo, sinceridad y honestidad, podremos recuperar la vida armónica de una sociedad civilizada.

La reconciliación, tarea primordial: Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones, cuando se quiebra la convivencia entre los ciudadanos, la búsqueda de su restablecimiento y de la reconciliación deben ser tareas primordiales y permanentes del Estado.

Nuevas propuestas, nuevas perspectivas: El Gobierno debe estar siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas y a considerar propuestas de entendimiento. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales. Porque se trata precisamente de recuperar la normalidad y restablecer la convivencia. Un plan que permita la reincorporación: Hay que poner en marcha un plan que permita la reincorporación de quienes han escogido el camino de la subversión armada. Para que se incorporen a la plenitud de la vida civil. Para que puedan hacerlo dentro de un ambiente de seguridad, y así ejerzan, como ciudadanos, los derechos que les corresponden en la actividad social, política, económica y cultural, al igual que todos los millones y millones de colombianos que han vivido en paz. Que han preferido y siguen prefiriendo vivir en paz.

Justicia eficaz, fundamento de la convivencia: En este empeño, corresponde a los jueces un aporte decisivo. Que quien viole la ley, que quien sobrepase e infrinja las normas institucionales, quien quiera que él sea, cualquiera que sea su categoría o posición, reciba la correspondiente sanción. La paz y la convivencia reposan en una justicia eficaz, imparcial y pronta.

La fuerza al servicio del derecho y de la justicia: Al presidente y a las fuerzas armadas, la sociedad les atribuye el encargo de velar por la paz pública. Es un deber ineludible. Ese es el fundamento mismo del origen y razón de ser del Estado. Si ellos no lo cumplen, quienes se sienten agraviados, o quienes ven en peligro sus intereses y derechos, tienden a arrebatar por su propia mano lo que creen que les es debido. Esa pretendida justicia privada es intolerable. La misión de la autoridad civil, apoyada cuando sea el caso en el poder reglamentado del estamento militar, consiste esencialmente en la defensa de los derechos y en las exigencias del cumplimiento de los deberes constitucionales de todos. Es la utilización legítima de la fuerza la que genera su aceptación por parte de la ciudadanía. Su uso arbitrario, en cambio, provoca rechazo y lleva a la violencia.

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilio Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 3 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE