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PAZ, MANDATO NACIONAL
Julio 20 de 1984
Informe del presidente Belisario Betancur al Congreso de la República, instalación de las sesiones ordinarias (apartes)
HERENCIA Y MANDATO NACIONAL POR LA PAZ
Por todo lo que hasta aquí se ha dicho bien se deja ver que la perseverancia en la diligencia por la paz, la democracia y la justicia no es accidente que se pueda atribuir a la fuerza de una persona, de un partido o de un gobierno. Es, en breve, la expresión de un Estado Nacional que explora en ellas su destino.
Como se ha reiterado, la primera manifestación de una voluntad de paz luego del plebiscito de 1957, fue la reforma constitucional de 1968, que anticipó una amplitud de la democracia que tendría ocurrencia diez años después.
Pero entretanto no han sido pocas las avenidas preparatorias de paz. Por lo que concierne a fundamentarla en la equidad, debería leerse con atención el libro publicado recientemente por FEDESARROLLO con el patrocinio de la UNICEF y del Departamento Nacional de Planeación: Desarrollo Social en la década del 70, en el que se muestra la magnitud del esfuerzo del Estado por reducir las desigualdades sociales y regionales, en las cuales, como es bien sabido, se nutren las condiciones objetivas favorables a expresiones de violencia.
Por lo que se refiere a propiciar acercamientos y entendimientos directos de paz o conducentes a ella, podría decirse que existen antecedentes en la última década, la mayoría de ellos, es verdad, infructuosos por razones complejas que he sugerido, pero en ningún modo desdeñables, comoquiera que las sucesivas aproximaciones han servido para mejorar los nuevos puntos de partida.
En particular, deben mencionarse como valiosos legados los ensayos que hiciera la anterior administración al expedir la Ley 37 de 1981, ley de amnistía, y al constituir, dada la inoperancia de la ley, una Comisión de Paz presidida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien la había propuesto.
Comoquiera que la Comisión se había establecido en virtud de facultades concedidas por el artículo 121 de la Constitución, al quedar levantado el Estado de Sitio por la proximidad de la legislatura ordinaria y la sucesión presidencial, cesaron sus funciones y la iniciativa de paz retornó al Congreso.
A poco de haber tomado posesión, quise significar la continuidad; de los esfuerzos instalando el 19 de septiembre una nueva Comisión de Paz ampliada en su número y en sus matices, que fuera presidida, como lo fue por breve tiempo, por quien había guiado la anterior.
Al retiro del doctor Carlos Lleras Restrepo fue nombrado en su reemplazo el doctor Otto Morales Benítez. De modo que por el tiempo en que estos dos ilustres compatriotas ejercieron la jefatura de la Comisión, que fue el de su impulso primero y decisivo, la gestión de paz fue compartida por el Presidente de la República con los dos esclarecidos miembros de la colectividad liberal y con un Ministro de Gobierno de la misma filiación.
Con lo anterior quiero significar que la paz no ha sido ni podrá ser concebida como obra de gobierno o de partido, sino como expresión de espíritu y de la voluntad nacional, en la que se reúnen, el concurso de las ramas del poder público, los diversos partidos y matices y el consenso de la Nación.
LOS MEDIOS POLÍTICOS DE LA PAZ
La Nación ha apreciado los esfuerzos del gobierno por crear condiciones objetivas y subjetivas que, por medio de fórmulas políticas, permitan al pueblo colombiano disfrutar de paz consolidada. Y el pueblo entiende que sin ese indispensable común denominador de la convivencia social, su trabajo diario no es retributivo, ni la prosperidad general como factor de elevación de vida alumbra su horizonte.
En un ambiente de violencia establece sus reales la postración moral y disminuye la eficacia del Estado en la aplicación de las garantías sociales y de la tutela de los derechos individuales que consagra el título tercero de nuestra Carta Política, La plenitud de las garantías y de los derechos reposará siempre, aquí como en cualquier Estado, en la normalidad institucional y en el sosiego público.
Cabe esperar que el restablecimiento de la tranquilidad en amplias zonas de nuestra geografía, que son real o potencialmente aptas para la producción agropecuaria, constituirá firme incentivo para el trabajo colombiano, en una forma de labor que atraiga por su seguridad, y por sus estímulos económicos, a todos nuestros compatriotas que tienen una devoción por las otrora atrayentes actividades rurales.
Sabe el Congreso que desde el acto de mi posesión retorné y desplegué la bandera blanca de la paz, y que tendí mi mano de gobernante a los alzados en armas, convencido de que los procedimientos políticos debían intentarse para ahorrar al pueblo colombiano incontables padecimientos, y para sustituir la fatídica docencia del crimen por las nobles enseñanzas del diálogo como elemento creador de situaciones sociopolíticas fecundas.
Al obrar así, no ignoraba los obstáculos derivados de tan compleja urdimbre tejida en el ya largo itinerario de horrores y sufrimientos de muchos compatriotas; no dejaba de prever incomprensiones, frente a la política de conciliación y de intentar resolverlas mediante el ejercicio de un poder político tolerante que ha aspirado invariablemente a recibir la respuesta positiva, pues estarnos tratando entre colombianos, en territorio colombiano, con procedimientos no extraños a la tradición colombiana, dentro de las instituciones que nos rigen, y para beneficio general de todos nuestros compatriotas, aún de aquéllos que muestren escepticismo respecto de esta política, generosa es verdad, pero conducida con severa reciedumbre.
Los hechos nos están indicando que la esperanza de los colombianos y la tozuda actitud del gobierno muestran la realidad de un proceso de pacificación en ascenso, que no ha de considerarse obstruido por hechos aislados que no pueden atribuirse a designio que los haya ordenado, y que de esta manera han de ser enjuiciados como ocasionales o incidentales, interferentes y graves, desde luego, pero no para llevarnos a abandonar el proceso de pacificación en que estamos empeñados.
Entre agosto y noviembre de 1982 se había constituido, como indiqué, la Comisión de Paz y se había realizado la extraordinaria confluencia de afinidades entre el Legislativo y el Ejecutivo para expedir y sancionar la Ley 35, relativa a la amnistía.
No tardó el gobierno en diseñar y comenzar a ejecutar en el año de 1983, y en lo corrido del presente, los planes que la ley mandaba en materia de rehabilitación, de modernización de la Policía, de mejora de la seguridad ciudadana y de apoyo del ejército al proceso de paz mediante el fortalecimiento de los Comandos de Desarrollo.
Simultáneamente se ha ampliado la organización para consolidar el proceso de Paz en todos sus aspectos, con el nombramiento de los Altos Comisionados de Paz, de la Consejería Presidencial, de los Comisionados para el Magdalena Medio y el Urabá, de la Comisión de Verificación y de los equipos técnicos de coordinación de los planes de rehabilitación, sometidos el conjunto de las organizaciones, actos y procesos a las deliberaciones y decisiones políticas de una Comisión del Consejo de Ministros, de la que forma parte el Ministro de Gobierno. Esta abundancia de organizaciones es testimonio de la complejidad del asunto, tanto por las obras en marcha, como por la multiplicación del diálogo y de los compromisos.
Como se sabe, a lo largo del año anterior se sostuvieron diálogos que abrieron el camino a los acuerdos firmados el 28 de marzo entre la Comisión de Paz y las FARC y posibles avenimientos con otras agrupaciones.
EL SIGNIFICADO DEL ACUERDO
El acuerdo convenido entre la Comisión de Paz y las FARC, no contiene ciertamente nada que pudiese significar menoscabo de nuestras instituciones, y si reafirma su vigencia, bajo cuya tutela ha de desarrollarse. Allí se hizo constar: «La Comisión de Paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de…:
Mantener su propósito indeclinable para quitar la protección de las leyes, y para la conservación y restablecimiento del orden público, solo existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana.»
El referido acuerdo de paz, que recibió la aprobación presidencial, toca aspectos de la vida nacional que tendrán desarrollo dentro de nuestras instituciones y rubrica la voluntad de que, en ellas, cada rama del poder obre dentro de sus competencias. Si el literal A. del punto 8 menciona la modernización de las Instituciones, lo remite a la atribución del Congreso en cuanto concierne a sus funciones, y a la rama jurisdiccional del poder, que, con arreglo a nuestra Carta Política tendrá su instancia de rigor. De igual manera, el literal f) del mismo punto 8, prevé el ejercicio de las funciones de las Cámaras cuando precisa que el Gobierno habrá de promover, «una vez restablecida la Paz» y tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social del pueblo colombiano.» El vocablo «perdón» concierne a la atribución 19) que el artículo 76 de la Constitución otorga al Congreso, etapa jurídica superior en el proceso político que se viene cumpliendo por medio del diálogo, desde las diversas acciones realizadas hasta el memorado Acuerdo de Paz.
LA VERIFICACIÓN
Se ha instalado en la población de Dolores (Tolima) la Comisión Nacional de Verificación, prevista, en dicho acuerdo de Paz. El diccionario de la Real Academia Española consigna para el verbo «verificar» las siguientes acepciones: 1. Probar que una cosa que se dudaba es verdadera. 2. Comprobar o examinar la verdad de una cosa. 3. Realizar, efectuar. 4. Salir cierto y verdadero lo que se dijo y pronosticó.
Así, con arreglo a un correcto manejo idiomático, la Comisión Verificadora en su patriótica tarea habrá de conocer y comprobar los hechos que puedan acaecer después del 28 de mayo, cuando comenzó la vigencia del Acuerdo de Paz, con ánimo de evaluación para buscar correctivos y fortalecerlo. Sus recomendaciones tendrán grande utilidad para consolidar el sosiego público que la Nación anhela. Al confiar el Gobierno a los eminentes compatriotas que la integran esta delicada misión, espera la omisión el respaldo necesario para rodearla de prestigio y de autoridad que faciliten su ardua labor.
Preciso es que el Acuerdo de Paz adquiera la fuerza prevista, y que en su interpretación, no surjan obstáculos que retarden su avance. Para su desarrollo la Comisión Nacional de Verificación está adoptando los ordenamientos procedimentales que garanticen celeridad.
Me valgo de tan singular circunstancia como esta para exaltar el patriotismo, la persistencia en su empeño, la claridad conceptual y la voluntad dinámica de la Comisión de Paz, que han presidido los doctores Carlos Lleras Restrepo, Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos.
Yo invito a los colombianos, sin excepción alguna, a quienes aún no se han acogido a la tutela que dentro de la normalidad ha de otorgar el estado; a las organizaciones políticas; a todos los sectores que conforman la nación colombiana, a que mediante generosa comprensión patriótica contribuyan en su medio de trabajo y en su acción diaria, a ensanchar sin reposo el horizonte de la paz nacional, para que no esté lejano el día en que el sosiego fortalezca las condiciones para nuestro desarrollo creciente, para el progreso individual, sectorial y colectivo que nos permita continuar creando, en ese plebiscito de todos los días, una Colombia grande, convivente, civilizada, próspera y feliz, idónea para brillar con decoro y pujanza en el concierto internacional de las naciones.
PLAN DE REHABILITACIÓN POR LA PAZ
Creada la Comisión Asesora de Paz mediante el Decreto 2711 del 19 de septiembre de 1982 y sancionada a los dos meses la ley de amnistía, no demoró el Ejecutivo en hacer uso de las facultades allí concedidas para rodear de clima y de signos positivos el proceso de paz.
Los decretos 3286 al 3289 de noviembre de aquel año tendieron la mano a quienes retornaban a la vida civil, brindando garantías individuales de crédito, educación, trabajo y adjudicación de tierras. La virtualidad de aquellas disposiciones se ha podido medir en el millar de compatriotas que han seguido este camino y en el desembolso de créditos por valor de 7.589 millones de pesos hasta el momento.
Bien sabía el Gobierno, sin embargo, que no podía detener la voluntad de paz en un gesto propiciatorio. Consolidar la paz, lo hemos repetido, equivale a remover las condiciones subjetivas y objetivas que han nutrido por más de tres décadas el conflicto en la Patria.
De ahí que simultáneamente se ordenara formar un Plan de Rehabilitación por la Paz, mediante una directiva presidencial. Regiones enteras han sido avenidas favorables al ejercicio de la violencia, porque en ellas no se ha advertido el amparo justiciero del Estado. La acción de las instituciones públicas ha sido allí intermitente y esporádica.
Al compás de este vacío diversas modalidades de conflictos han prosperado al correr de los años. Los pretextos ideológicos de los combatientes se han modificado de cuando en cuando, pero siempre subyace como escenario un medio que añade su propia violencia a la dolencia estéril que entre sí ejercen víctimas, actores y espectadores del conflicto vano.
Ya en abril del año anterior había precisado el Gobierno el Plan en todos sus términos: metas, regiones, tiempos, cuantías, proyectos y organización requerida. Una síntesis se incorporó en el Plan de Cambio con Equidad que entregué al honorable Congreso al instalar la legislatura pasada.
Ha sido forzoso incluir en el Plan de Rehabilitación 153 municipios y 7 corregimientos que abarcan siete zonas geográficas en 17 Departamentos, Intendencias y Comisarías.
Sobre el monto de las inversiones, es preciso indicar que no de poca monta ha de ser el sacrificio que es el más productivo de todos, si se estima que «el mejor negocio es la paz», como lo anticipaba con lucidez Uribe Uribe en 1911. Bien vale la pena escuchar su argumentación.
«Ante todo -decía-, se impone la conservación de la paz. Comenzando apenas a explotar nuestros ingentes recursos naturales, la Nación puede, sin embargo, considerarse ya como rica, teniendo la paz, que es por sí sola el más precioso de los bienes. Con la paz estable y duradera, los problemas económicos irán resolviéndose por sí mismos. A medida que se vaya pudiendo trabajar más y que el fruto del trabajo vaya acrecentando la holgura particular y el capital público, las relaciones comerciales se desarrollarán; cada día la industria formará vínculos más y más fuertes; y cuando los diferentes intereses generales estén ligados en un solo haz, habrá desaparecido todo riesgo de perturbación, porque el país se habrá convencido de que el mejor de todos los negocios es la paz, así como ya sabía, por larga y dolorosa experiencia, que no hay triunfo que compense los males de la guerra civil».
En el mejor de todos los negocios estamos programando inversión. En el año de 1983 se destinó por inversión pública a las zonas cubiertas por el plan, la suma de 11.459 millones de pesos, de los cuales 4.003 millones de pesos fueron presupuestados por medio de adiciones al presupuesto inicial, y 2.394 millones canalizados por los gobiernos seccionales.
En el presupuesto del año que corre se ha presupuestado para inversión la suma de 14.259 millones de pesos. Es de advertir y encomiar la participación, en ese gran total, de los gobiernos seccionales con la suma de 4.323 millones de pesos, sin duda amparados por los beneficios que les ha otorgado la Ley 14 de 1983. Otros 4.136 millones de pesos provienen de anticipos de regalías aprobados por ECOPETROL. A la vez, se incluyen allí 1.478 millones de pesos que el Ministerio de Defensa destina a los Comandos de Desarrollo, que han constituido avanzada entusiasta y eficaz en la empresa de paz.
En total, el sector público ha presupuestado a las áreas cubiertas por el Plan Nacional de Rehabilitación por la Paz la suma de 26.327 millones de pesos. La mitad de la inversión del sector central se ha dirigido, como es natural, a la construcción de vías de comunicación y a la compra de equipo de obras públicas; el 18% a la producción agropecuaria; un 8% a salud y otro tanto a vivienda.
Los recursos del presupuesto nacional se han orientado prioritariamente al Magdalena Medio (24%) y a la región del Caquetá y del Putumayo (22%). Le siguen las zonas del Urabá chocoano y antioqueño (10%), Arauca (10%) y el Alto Magdalena (7%).
A los esfuerzos del gobierno se han sumado voces y signos de aliento y de presencia que provienen de los gremios, de los párrocos y de los propios habitantes. Campañas como la propiciada por El Tiempo sobre el Magdalena Medio son a todas luces ejemplares y anticipan compromisos del sector privado con obras de paz en las regiones afectadas por la violencia donde comienza a aparecer la luz de la esperanza y la presencia solidaria de la Nación.
UNIVOCIDAD DE LA PAZ
La vigencia centenaria de tradiciones democráticas, nuestra posición geográfica privilegiada como punto de intersección entre el norte y el sur del continente y como encuentro de dos océanos que forman la civilización contemporánea, el respeto secular que hemos profesado por los principios del derecho internacional, son factores que definen la vocación de nuestra patria como vocera de paz en el concierto de naciones.
Hay univocidad plena en los principios que guían la política colombiana en lo interior y en lo exterior: la paz en la Nación y la paz entre naciones son indisolubles para afianzar nuestra soberanía.
Enaltece a Colombia en el concierto internacional esta congruencia de objetivos y estrategias, que ha sido regla de oro en nuestra tradición republicana. Una deshonrosa historia del mundo occidental enseña que la paz se usa a menudo como comodín o carta táctica de alianzas y treguas transitorias que preparan estratégicas escaladas de violencia en lo interno o en lo externo. Entre nosotros, un ideal de esta naturaleza no puede encerrar cálculo alguno o prestarse a confusión.
Aspiran los colombianos a disfrutar de una paz interna en una concurrencia pacífica de las naciones. Pero la paz es y será siempre, y dondequiera, el resultado de la práctica de los principios de justicia y de equidad. Y la verdad es que no estamos en presencia de un orden internacional que se funde en estos dos elevados bienes. El abuso del poder de naciones grandes contra pequeñas, la diabólica carrera armamentista, el descarnado imperio de los intereses, el trato desigual en las corrientes de comercio y de la economía son, por el contrario, práctica cotidiana en el mundo contemporáneo.
Mientras este escenario prevalezca, la paz estará amenazada en todo o en partes, con el riesgo de sumirnos en conflictos que cada vez abrazan a mayor número de países o con la amenaza de una menor autonomía en el manejo de nuestros asuntos económicos, en detrimento de las metas de equidad nacional que nos hemos trazado.
Expuse en este mismo recinto al instalar la legislatura pasada los fundamentos de nuestra política exterior a la luz de un inmeditado análisis de las tendencias de un mundo cada vez más plural, relacionado y complejo y a tenor de nuestra propia trayectoria. Indicaba allí lo imperativo que resultaba a la Nación asegurar mayor independencia y libertad frente a los grandes bloques del poder mundial, a cambio de acentuar los lazos solidarios con las naciones del sur, y en particular con los países hermanos de América Latina. Todo ello con miras a propender por la distensión de los conflictos regionales y a abogar por un nuevo orden económico internacional.
Este informe que presento al Congreso y a la opinión pública conforma la justeza de las directrices y da cuenta de los avances. En seguimiento del principio de paz y de la estrategia de solidaridad con naciones hermanas y afines, nuestra política internacional se ha centrado en dos campos de acción.
Es el primero el fortalecimiento de la embajada de paz y de buena voluntad del Grupo de Contadora, con las elevadas miras de evitar un conflicto de inimaginables consecuencias en Centroamérica, de colaborar con las partes en una solución negociada de la disputas y de comprometer la buena voluntad de las naciones en la asistencia económica para un desarrollo en paz de la región.
De otra parte, hemos ofrecido nuestro concurso en la tarea de concertar las voces de los países latinoamericanos con el fin de abogar por un nuevo orden económico internacional. En la coyuntura recesiva del momento, este orden tiene un lógico comienzo en el trato justo de la deuda latinoamericana. De su equitativa solución depende ya no solamente el orden interno de cada uno de los países en desarrollo, sino el orden financiero internacional y, por ende, la estructura de la economía y de la estabilidad política mundial.
LA DILIGENCIA DE PAZ EN CENTROAMERICA
Hace un año, poco antes de instalar las sesiones ordinarias del Congreso, tuve la oportunidad de reunirme en Cancún con los presidentes Miguel de la Madrid, de México, Ricardo de la Espriella, de Panamá, y Luis Herrera Campins, de Venezuela.
Allí, se repasó la situación regional y se trazaron los lineamientos de una gestión diplomática y política en pro de la paz en Centroamérica. De este encuentro surgió la «Declaración de Cancún» que selló, entre mandatarios, las decisiones adoptadas meses antes en la isla de Contadora.
De esta forma se daba curso venturoso a la iniciativa que desde enero de 1983 congrega solidariamente a cuatro naciones latinoamericanas en la noble misión de reunir las voluntades dispersas de los pueblos centroamericanos en torno a objetivos que permitan reconstruir la convivencia, consolidar la democracia y promover su desarrollo económico y social.
En momentos en los cuales crecía la tensión en el área, no tardamos en recibir voces de aliento y de apoyo de procedencias tan diversas como Cuba, Canadá, Francia y los Estados Unidos, entre otros.
Pocos días después asistí en Caracas al homenaje que congregaba a los pueblos hispanoamericanos en torno a la figura del Libertador. Ocasión propicia como ninguna para refirmar en la «Declaración de Caracas» los principios de un orden internacional justo y el apoyo a la embajada de paz del grupo de Contadora.
En Cancún y en Caracas se acordó entre los cuatro presidentes del grupo recabar de los mandatarios centroamericanos su apoyo a nuestras gestiones, ya que sin su asentimiento sería superflua cualquier mediación. Fue así como viajé en los últimos días de julio del año anterior a Panamá para realizar en compañía de su Presidente una exitosa diligencia de buena voluntad en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Escenario de diálogo de paz entre los colombianos, no podía negar el gobierno que nuestra patria fuera, como fue en agosto, sede imparcial del diálogo entre la Comisión de Paz de El salvador y representantes de los grupos alzados en armas del país centroamericano.
La IV Conferencia de Cancilleres, reunida en septiembre de 1983, aprobó por unanimidad el llamado «Documento de Objetivos», paciente síntesis de 21 compromisos por la paz, plenamente respaldados por los cinco países centroamericanos.
Cuatro meses después, al año de celebrar su inicio el Grupo de Contadora, se dictaron las normas para la ejecución de los compromisos y se formaron tres comisiones, cuyas deliberaciones sobre temas políticos, socioeconómicos y de seguridad culminaron el 30 de abril del año que corre en importantes acuerdos sobre la mayoría de las materias.
Son estos acuerdos, complementados con instrumentos de verificación y control, los que integran la propuesta presentada el mes anterior a los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conocida como el «Acta de Contadora para la paz y Cooperación de Centroamérica». Las observaciones y sugerencias de cada país identificarán los asuntos pendientes que se examinaran en una próxima conferencia de cancilleres.
El éxito de las negociaciones dependen ahora no tanto de los esfuerzos de los países que empeñamos nuestra buena voluntad, sino de la decisión política de los países centroamericanos, y de la efectiva colaboración que puedan brindar al proceso otros Estados cuyo influjo en la región seria ingenuo desconocer, Estados que serán invitados en su debido momento a suscribir un Protocolo Especial destinado a buscar su respaldo efectivo a los recursos que se logren en el marco de Contadora.
Al mismo tiempo, hemos comprometido nuestro prestigio y solvencia moral en suscitar la buena voluntad conjunta de las naciones en torno a estas luces de esperanza. Y bien es cierto que no han sido vanas nuestras misiones y correspondencias. Contra lo que vaticinaban los escépticos, Contadora ha recibido el respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad Económica Europea, organizaciones a las cuales hemos exhortado de viva voz y por medio de nuestro servicio exterior. ¡Hemos ampliado la audiencia a favor de la Paz!
EN EL FORO DE LAS NACIONES
En función de estos propósitos y de otros no menos urgentes en la nueva proyección de nuestra política internacional, acudí en octubre del año anterior a la XXXVII Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fue muy grato entregar al Secretario General un hermoso mural, el «Amanecer en los Andes», realizado por el maestro Alejandro Obregón. Esta imagen del genio en Colombia compendia el anhelo latinoamericano de un urgente despertar a la libertad y el desarrollo social de nuestros pueblos y será nuestro símbolo perdurable en el gran foro universal.
En mi discurso ante la Asamblea fijé la posición de Colombia en relación con grandes temas de actualidad internacional como la crisis centroamericana, los conflictos del Medio Oriente y el flagelo del armamentismo.
Proclamé la urgencia de que las potencias depongan su egoísmo -traducido en una serie de medidas económicas, políticas y militares- en aras de una humanidad cuya convivencia y desarrollo puedan fundamentarse exclusivamente en la justicia y en la autonomía. Al señalar entonces el sentido de nuestra filosofía sobre la necesidad de mantener una conducta internacional basada en el respeto a la dignidad, el pluralismo ideológico, la democracia y el rechazo del colonialismo, declaré este principio: «Ni satélites, ni dependientes de nadie; tampoco enemigos de nadie».
Demandé la inmediata apertura hacia un nuevo diálogo, aun a sabiendas de que en muchas circunstancias este no encontraría la acogida deseada. Pero así y todo, es ya significativo advertir cuanto se ha logrado en el largo camino por identificar los problemas, por cohesionar las estrategias y buscar soluciones globales en que grupos de países se coordinan para promover el restablecimiento de derechos conculcados y la atención que requieren los problemas expuestos. Este diálogo, que ya fructifica, ha de ser en el futuro un verdadero «diálogo entre iguales en la comunidad internacional»
Por ello, ahora asistimos con optimismo a un renovador proceso en que las naciones buscan consolidar sus fuerza decisoria, no para crear mas amenazas sino para lograr un orden internacional que permita reducir el armamentismo, abolir las barreras proteccionistas, desarmar los espíritus y los brazos, aliviar la terrible carga de la deuda del Tercer Mundo que exceden los seis mil millones de dólares y superar los últimos y dolorosos rezagos del colonialismo. Esta política defendida por Colombia le ha valido otro galardón que aprestigia sus tradiciones democráticas, su apego a la justicia y su irrevocable decisión de ser un faro que contribuya a orientar y hacer claridad en el confuso piélago de incertidumbre de estos difíciles tiempos.
CONFIRMACIÓN DE FE EN LA PAZ
En Roma, ante el papa Juan Pablo II tuve oportunidad de informar sobre los esfuerzos de Paz y la continua búsqueda de esa convivencia en nuestra patria y en nuestro continente. Todos los Latinoamericanos agradecemos el papel protagónico de la Iglesia Católica a lo largo de nuestra historia en la lucha por superar los desequilibrios económicos y lograr la plena vigencia de la justicia social.
Este aspecto fundamental de la vida de nuestras naciones no podía estar ausente e esa memorable ocasión en que recibimos del Papa Juan Pablo II la mas conmovedora expresión de su solidaridad y de su apoyo a los esfuerzos que veníamos realizando en el marco de una filosofía que se identifica con su fe cristiana, noble tradición de nuestro pueblo.
LAS DIMENSIONES ECONÓMICAS DE LA PAZ
En el discurso a que me refería anteriormente, trazaba la dirección y los límites de la paz, al significar la confianza en los acuerdos con las FARC.
Necesitamos esa paz, decía, «para dedicar todas las energías y muchos recursos a la seguridad ciudadana; a la defensa de la vida, honra y bienes del colombiano común y corriente, no sólo en el sentido de protección contra el crimen, sino en el de darle los servicios básicos que necesita y que resultan negándose porque los dineros deben dedicarse a otros menesteres. Para recobrar la dignidad que nos ha arrebatado el narcotráfico, exhibiéndonos con esa negra imagen ante el mundo y enfermando a nuestra juventud, pervirtiéndola con la droga».
Y anunciaba: «Esa es la gran tarea que tenemos por delante: denunciarlos día a día; notificarles que no pueden seguir desquiciando nuestra sociedad, a la que ellos mismos pertenecen. Decir en un gran foro nacional: ¡Basta!».
En esa misma claridad y distinción nos mantenemos firmes. Debe quedar bien establecido qué querernos reconciliar y qué no podemos permitir.
Pero no es necesario insistir más sobre límites que son nítidos, ni indicar al Congreso las justificaciones e implicaciones políticas de la paz, ya que como he dicho y subrayado en el capítulo segundo, recibí de las Cámaras voluntad y mandatos de paz.
Es necesario, sin embargo, referirse a las dimensiones económicas de la paz. La opinión pública ha de comprender que los costos de la paz no han de ser menores a las ventajas qué ella proporcionará como condición general de la prosperidad pública. Estas son conocidas y pueden resumirse en los efectos intangibles de la confianza ciudadana, en la liberación de recursos y de energías para afrontar las tareas aplazadas del desarrollo, en el crédito e inversiones que ganará como país estable, digno y seguro, en la incorporación de hombres y de tierras en causa común por el progreso nacional.
Aquéllos, los costos, han de ser correspondientes al objetivo que se persigue, aún tomando en consideración las restricciones fiscales, aunque sin sacrificio de la austeridad que en todos los frentes se propone el gobierno. Como ya he indicado en el capítulo tercero de este informe, el gobierno ha dedicado y dedicará recursos para cumplir con las metas del Plan Nacional de Rehabilitación por la Paz. Se han hecho las previsiones correspondientes al año venidero en el proyecto de presupuesto que hoy someto a consideración del Congreso, en la confianza de que se concederá especial prioridad a aquellas obras y partidas necesarias para consolidar el proceso de paz.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE