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EL NORTE Y LA BRÚJULA: LA PAZ
Mayo 31 de 1984
Intervención del presidente Belisario Betancur al instalar la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Paz.
1. EXAMEN, APROBACIÓN, CONFIRMACIÓN Y ESTÍMULO
Hermoso nombre, en verdad, el que las partes envueltas en el acuerdo encontraron para este organismo: «Comisión de Verificación», que es como decir comisión de examen, comisión de aprobación, pero ciertamente también comisión de confirmación y comisión de estímulo.
Porque no se trata solamente de comprobar el cumplimiento de ciertas reglas de juego inmutables y estáticas; no se trata solamente de examinar la buena fe con que actuemos todos los colombianos, puesto que, lo que ahora en adelante pase nos atañe a todos, querámoslo o no; no se trata de hacer un inane ejercicio de vigilancia y control. No se trata solamente de esto.
Se trata de confirmar todos los días en un plebiscito, no por callado menos elocuente, una actitud de concordia y cordialidad, de tolerancia y respeto; una actitud comunitaria de optimismo y cooperación, para encontrar las soluciones a los grandes problemas que nos acosan y para establecer las vías de una participación concreta y efectiva en las empresas que es necesario acometer para darles solución.
2. EL GRAN DIÁLOGO NACIONAL
Como tanto lo han pedido desde distintas vertientes, se trata de impulsar y realizar en los grandes foros institucionales, en los concejos y en las asambleas de las ciudades y los departamentos; y en la Cámara y en el Senado de la República, en los institutos que deben ejecutar mandatos impartidos por la ley, en las universidades, en los colegios, en las escuelas y en el seno mismo de las familias, las reformas que son necesarias para sacar al país de la depresión y de la dependencia, para sacar al pueblo de la penosísima miseria y desesperación en que se mueve; para sacar nuestra vida política de la gris indiferencia en que han transcurrido por falta de canales efectivos de participación popular, y por falta de que las grandes decisiones del Estado sean confirmadas por mayorías conscientes y actuantes.
Y se trata también, obviamente, de que cada uno de los integrantes de esta Comisión promueva en el seno de las instituciones, entidades o corporaciones a las que representan, un profundo Diálogo Nacional en torno a los grandes objetivos de la justicia y de la paz, porque la justicia es el principio y fundamento de la concordia.
Un controvertido pensador de nuestra época decía que la justicia y la democracia no radicaban en los grandes y estruendosos principios escritos en las leyes y constituciones de los Estados sino en aquellas actitudes y prácticas, en aquellas actuaciones concretas que se toman todos los días en los despachos públicos y en las oficinas privadas, en la fábrica y en la bolsa, en la iglesia y en la plaza pública. Es esta práctica concreta, esta forma de hacer todos los días, la que debemos modificar porque ha probado no ser eficaz para convocar la solidaridad de todos los ciudadanos.
3. ENTRE LA VIOLENCIA Y LA MISERIA
No voy a hacer ahora un yerto catálogo de nuestras urgencias: quiero significar que cuando hablo de nuestros apremios no hablo de las urgencias del gobierno o del Estado; ni de las urgencias de los poderosos, ni de las urgencias de los que ya han recibido mucho de la sociedad pero aspiran a recibir mucho más. No hablo solamente de éstos: hablo del pueblo, del pueblo que desde los trágicos momentos de la Rebelión de los Comuneros hasta nuestros días ha llevado una existencia en vilo entre la violencia y la miseria. Hablo del pueblo oprimido y desdeñado, convocado solamente para impartirle órdenes o para demandarle sacrificios. A este pueblo es al que debemos mirar cuando pensemos en modificar nuestro rumbo.
4. UN TRANSCURRIR INFINITO
La gran injusticia no reside en tener, no reside en poseer mucho. ¡Mucho inclusive! La gran injusticia de la vida reside en enfrentar al que no tiene, al que tiene sólo la miseria, con el que tiene lo superfluo y cree que puede darse el lujo desdeñoso de negar la existencia misma del desvalido.
Porque mis convicciones morales me han enseñado que en esta desigualdad es donde reside la injusticia, es por lo que no predico la insignia inflamada de la violencia sino la entrañable y solidaria bandera de la concordia.
Porque creo en eso, es por lo que hoy demando a mis compatriotas, y sobre todo a quienes todavía vacilan; y a mis amigos, a mi pueblo entero, que transmutemos esta tregua, limitada en el tiempo, en un transcurrir ilimitado, infinito, en que todos los días hagamos de la equidad y de la justicia nuestro elemento natural.
5. GESTIÓN DE LOS ALTOS COMISIONADOS PARA LA PAZ
Permítanme unas palabras más, sobre algunas tareas complementarias cumplidas en las zonas de conflicto, para coordinar e impulsar el plan de rehabilitación, y sobre la atención de los amnistiados.
En el propósito de otorgar el mayor apoyo a los programas complementarios de la Ley de Amnistía, se consideró necesario designar los «Altos Comisionados para la Paz», asignando a estos destacados ciudadanos las funciones de impulsar y coordinar las acciones que las diversas entidades del gobierno deben cumplir en las regiones que ha sufrido un mayor impacto de la violencia, así como de propiciar la vinculación del sector privado a la búsqueda de soluciones para la reincorporación de esas regiones marginadas al desarrollo del resto del país.
En coordinación estrecha y permanente con la Comisión de Paz, los Altos Comisionados han visitado incansablemente las más remotas veredas y caseríos, asumiendo la vocería de todos los envueltos en el conflicto, desde los campesinos, los pescadores, los pequeños comerciantes hasta los medianos y grandes propietarios de tierras, buscando siempre con absoluta imparcialidad, el diálogo y el entendimiento como fórmula para desarmar los espíritus y propiciar el clima de comprensión que exige el difícil proceso de la convivencia.
6. LAS ACCIONES CONCRETAS
La gestión permanente de los Altos Comisionados ante los diversos organismos gubernamentales en la búsqueda de una mayor celeridad en las soluciones, han contribuido igualmente a reforzar el compromiso de los servidores públicos que tradicionalmente han mirado desde sus escritorios, con imposibilidad e indiferencia los problemas de sus conciudadanos. Se ha logrado ya, con dificultades y tropiezos, como en toda lucha, contagiar de nuestro entusiasmo y nuestra fe a quienes desde los cargos de menor nivel pero de mayor impacto en la prestación de los servicios, deben contribuir a atender y solucionar las más apremiantes necesidades de sus compatriotas.
No obstante las dificultades presupuestales que ha afrontado el gobierno, se ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar de alguna manera a los 160 municipios identificados a lo largo de la geografía del país, como escenarios permanentes de la lucha entre nuestros hermanos. En el Caquetá y el Putumayo, el Cauca, el Magdalena Medio, Urabá, el Alto Sinú y parte de nuestros territorios nacionales, se ha concentrado todo nuestro esfuerzo por devolver a esas comunidades la confianza en sus autoridades, otorgarles la seguridad de que el Estado está constituido para protegerlos, para garantizarles su integridad, y para llevarles oportunidades de progreso en
la medida que la escasez de recursos lo permite.
El plan de inversiones en las zonas de violencia ha logrado sumar veintiséis mil trescientos veintisiete millones (26.327) en inversiones públicas en 1983 y 1984.
De este esfuerzo corresponden 17.294 millones a recursos destinados por las entidades nacionales y 9.033 millones a los departamentos. Una parte significativa de estas inversiones departamentales, por valor de 4.136 millones está conformada por los anticipos de las regalías aprobadas por Ecopetrol que se están destinando principalmente a las obras públicas, llevando a muchas regiones «los caminos de la paz».
En la distribución de los aportes nacionales han correspondido porcentualmente al Magdalena Medio el 24.4, al Caquetá y al Putumayo el 22.1, al Urabá el 9.4, al Arauca el 8.2 y al Alto Magdalena el 7.1.
Hemos atendido el inmenso reclamo de estas regiones por lograr vías de penetración, destinando para ese efecto, del total de los 17.294 millones de las inversiones con recursos de las entidades nacionales, el 50.7%; apoyando la producción agropecuaria con el 17.7%; aportando al mejoramiento de los servicios de salud el 8.3%; a la construcción de vivienda el 7.8% y a los servicios de educación, electrificación, comunicaciones, entre otros, el 15.2% restante.
7. LA ATENCIÓN A LOS AMNISTIADOS
Para los compatriotas que regresaron a la convivencia ciudadana acogiéndose al perdón concedido por la Ley de Amnistía, también ha habido una mano tendida para ayudarles a superar la desadaptación y la incomprensión que la sociedad les da como única alternativa. Para los dos mil amnistiados políticos excombatientes de los distintos grupos alzados en armas, ha habido una atención básica a fin de facilitarles los medios para obtener su subsistencia.
Con la gestión permanente de los Altos Comisionados para la Paz, se siguen produciendo las soluciones destinadas a los antiguos guerrilleros: 457 de ellos están establecidos en parcelas que conjuntamente el INCORA y la Caja Agraria les asignaron a través de créditos por valor aproximado a 150 millones. Otros 235 están recibiendo créditos de la Corporación Financiera Popular por valor de 151 millones para instalar microempresas con las que aseguran un trabajo independiente y contribuyen a generar empleos. El Instituto de Crédito Territorial ha entregado 135 viviendas y la Corporación Financiera del Transporte 55 vehículos destinados al servicio público. Por su parte, el Ministerio de Gobierno ha atendido las mayores urgencias económicas de quienes aún no han obtenido una actividad laboral estable, suministrándoles auxilios por valor de 84 millones de pesos.
Sabemos que lo anterior toca apenas la piel de nuestra desoladora fenomenología social. Y que hay que ir al fondo. Y hacia allá avanzamos, con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, a fin de llevar al Congreso el próximo 20 de julio, una serie de iniciativas substanciales, apoyadas en un cortejo de consenso pluripartidista.
8. TAREAS DE VERIFICACIÓN
Dije al comienzo que ésta es instalación provisional. Y es cierto: la instalación formal se realizará más adelante, en la localidad que señalará el Presidente de la República, conforme a lo previsto en el numeral 5 del Acuerdo de la Comisión de Paz-FARC, y una vez este grupo haya designado los representantes que le corresponden. Hagamos, entretanto, un ejercicio alrededor de lo que el país espera de la Comisión de Verificación, sin que el recuento que sigue sea dogmático sino apenas aproximación al tema:
a. Verificar el cumplimiento de todas las disposiciones del acuerdo Comisión de Paz - FARC, con el objeto de consolidar el proceso de pacificación;
b. Integrar las subcomisiones en las zonas a que se refiere el numeral 4 del Acuerdo ya citado, para vigilar, sobre el terreno, el cumplimiento del cese del fuego;
c. Comprobar el fin de los enfrentamientos armados y señalar el comienzo del periodo de prueba o espera de un año, lapso durante el cual las FARC se organizarán política, social y económicamente como lo deseen, para integrarse así a la acción política, por canales democráticos;
d. Trabajar de acuerdo con el gobierno, por el restablecimiento de la normalidad civil en las zonas de violencia;
e. Colaborar con los Altos Comisionados de Paz en la aplicación de los beneficios de la Ley 35 de 1982 (amnistía) y decretos complementarios, a quienes, dentro de las FARC, llenen las condiciones en ella y en ellos establecidos;
f. Coadyuvar la acción del gobierno encaminada a promover la modernización de las instituciones políticas, a impulsar la reforma agraria, a robustecer la organización comunal y el derecho de asociación en todas sus formas, a incrementar la educación y a mejorar las condiciones de salud, vivienda y empleo del pueblo colombiano;
g. Dar al Congreso Nacional cuando éste lo desee, las informaciones que le solicite y prestarle la colaboración que le demande; y
h. Cumplir las tareas que, con posterioridad y en desarrollo de sus objetivos y responsabilidades, le asigne el Presidente de la República;
9. UN HORIZONTE DE ESPERANZA
Sé que la empresa a que estoy convocando a mis conciudadanos no es fácil. Descarto de plano que pueda haber mala fe o trampa solapada en quienes estamos comprometidos con la paz. Estoy seguro de que la Comisión de Verificación no tendrá mucho que hacer en este campo de la denuncia de los saboteadores de la paz. Pero si es necesario denunciarlos, los denunciaré ante el pueblo y ante la justicia. La gran tarea es la de impulsar y confortar; la de alertar; la de prevenir contra las soluciones fáciles, contra el optimismo complaciente, contra el apoltronamiento y la dejadez de las costumbres.
Y una primera culminación de tal tarea, cuando se hayan dado unos requisitos mínimos de seguridad ciudadana, no sólo en materia política sino en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, será el levantamiento del estado de sitio, así sea de manera gradual. Porque precisamente esa del estado de excepción, es una de las soluciones fáciles y falsas que debemos rechazar si queremos vivir en un país seguro, realista y con porvenir claro.
La altura moral que ante el país entero ha alcanzado la Comisión de Paz, la cual debe seguir operando tan eficazmente como ha venido haciéndolo; el respeto y el cariño con que hoy miran todos los colombianos a sus Fuerzas Armadas, que sin renunciar al mandato de proteger la honra y vida de los ciudadanos y de salvaguardar las instituciones, sin renunciar al cumplimiento de sus deberes, han acatado, los primeros, el pacto concluido desde el primer minuto del 28 de mayo. La solidez de una iglesia que ha estado siempre predicando la paz y la concordia, y la línea de conducta de un gobierno que desde el momento mismo de asumir mi mandato presidencial no ha desmayado en buscar la concordia dentro y fuera de las fronteras patrias. Son estas circunstancias las que harán menos difícil la tarea de la Comisión de Verificación.
10. LA PAZ ES MI PUERTO
Son todos ustedes, queridos compatriotas, hombres públicos en el más auténtico y severo sentido de la palabra. Hombres dedicados a buscar el bien colectivo y que por naturaleza repudian la injusticia o el desvío que los beneficie. Son hombres, todos ustedes, que cualquiera que sea la posición que desempeñan en la sociedad, han dado muestras de colocar el bien de la patria por encima del provecho personal.
Muchos de ustedes, cuando han llevado la investidura que la democracia otorga a quienes eligen como sus representantes, han puesto la patria por encima de los partidos. Es por eso que hoy, agradecido, los he convocado para que se pongan al frente de la gran empresa de la paz, como sus gestores y responsables.
Quiero, por último, distinguidos amigos y compatriotas, darles la seguridad de que mi norte y mi brújula es la paz. Y para avalar con un alto fiador esta declaración de voluntad, quiero repetir ante ustedes las palabras que el Libertador Simón Bolívar dirigió al General Francisco de Paula Santander el 10 de junio de 1820:
«Muchas veces he dicho a algunos de mis amigos
-decía Bolívar- que yo me hallo en alta mar
buscando un punto donde desembarcar. La Paz
será mi puerto, mi gloria, mi recompensa,
mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo»
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE

