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Julio 20 de 1985

 

Informe presentado por el presidente Belisario Betancur al Congreso de la República, (aparte)

 

Valor intrínseco de la política de paz

 

El peligro mayor que plantea la subversión para un régimen democrático como el que tenemos en Colombia, no es probablemente el de su triunfo por la vía de las armas, eventualidad que en nuestro continente sólo se ha realizado allí donde existía previamente un régimen dictatorial y reaccionario.

 

Pero lo que sí podría lograr la subversión, si los gobernantes, los partidos y las agrupaciones sociales carecen de inteligencia y decisión para prevenirlo, es que en el esfuerzo por combatirla sacrifiquemos nuestra fisonomía democrática y el Estado llegue a parecerse a ese aparato represor en que los subversivos basan su argumentación política última.

 

La manera correcta de evitar una evolución de esta índole, consiste en que el Estado se defina frente a la subversión por una política de paz, por un esquema político de apaciguamiento, que no excluye el empleo de la fuerza cada vez que sea necesario; pero que sí impide la deformación opresiva de los órganos estatales.

 

La política de paz tiene un valor práctico a priori, inmediato, intrínseco: por el sólo hecho de asumirla y afirmarse en ella, el Estado inflige a la subversión una primera derrota fundamental, cual es la de resistir a sus fines desestabilizadores.

 

La política de paz, como filosofía puesta en marcha y convertida en programa por los órganos de gobierno -justo es reconocer que con el apoyo crítico del Congreso y de vastos sectores de opinión- , preserva el equilibrio institucional del aparato del Estado, y ya este solo hecho representa un resultado práctico enorme frente a la voluntad de desestabilización que es la esencia inmediata de la subversión: cuando los revolucionarios persiguen de manera coherente sus finalidades subversivas, no quieren otra cosa que enfrentarse a un Estado represor en todos los campos de batalla; y cuando los revolucionarios acuden a una mesa de conversaciones con los representantes de un gobierno definido por una política de paz, si no puede asegurarse que por ello hayan abandonado sus finalidades subversivas, si puede afirmarse que con ello reconocen la moralidad política del Estado y aceptan en algún grado la precariedad de sus propias justificaciones.

 

Sentido y alcance del diálogo

 

Lo que nos ha permitido como Gobierno tomar en su momento a los dirigentes de la subversión como interlocutores válidos de un diálogo por la paz, es el hecho de considerarlos como agentes políticos con los cuales estamos en desacuerdo y cuya conducta afecta de manera importante la suerte del país.

El reconocimiento del primer punto, o sea su carácter de agentes políticos, significa simplemente que aceptamos en principio que la violencia representa para ellos un medio de perseguir ciertas finalidades políticas, ciertas modificaciones sociales presuntamente benéficas y progresistas.

 

El segundo punto, o sea nuestro desacuerdo con ellos, es apenas un asunto de lógica pues poco sentido tendría discutir con aquellos con los que estuviéramos fundamentalmente de acuerdo. Y el tercer punto, o sea la incidencia que tienen en la vida del país el mantenimiento o el desistimiento de su empresa, creemos que no precisa explicación.

 

Buscar la paz en un diálogo con los subversivos, no ha representado ninguna claudicación por parte del Gobierno. Si en este diálogo los líderes de la subversión explicitan sus reivindicaciones políticas, el Gobierno no depone su autoridad por el hecho de tomar nota de ellas, y tampoco por atender aquellas que le parezcan socialmente benéficas.

 

Las demandas de la subversión que van en el sentido de una ampliación del espacio político, de un fortalecimiento de los canales que puedan servir a las masas para expresar sus inquietudes y aspiraciones, son reclamos que, recogidos, pueden vigorizar la democracia, además de que su adopción reduce el arsenal de argumentos de los partidarios de las vías del hecho.

 

No se trata de ceder ante las demandas que son de por sí subversivas, sino de atender aquellas que encajan en la legalidad y tienen un sentido progresivo -si bien en ocasiones las subversivas son las situaciones-, lo que no representa un sacrificio para un régimen democrático.

 

Finalmente, el hecho de dialogar, es decir, de recordar que el lenguaje le fue dado a ser humano para hablar y buscar acuerdo con quien está en desacuerdo; y el hecho de buscar un acuerdo con los grupos subversivos, no significa que el Gobierno los acepte en calidad de cuerpos armados, equiparándolos en cierta manera con las Fuerzas Armadas del país; la finalidad última y esencial que el Gobierno ha perseguido cuando trata con la subversión, es procurar su desarme, en todos los sentidos de la palabra: su desarme político, su desarme moral, su desarme material.

 

Este último es sin duda el decisivo: es allí donde los subversivos ostentan su desafío a la ley, puesto que las armas son definidas por ella como privativas de los ejércitos de la nación.

 

El desarme de la subversión

 

La política de paz persigue el desarme de la subversión, lo que significa que trata de alcanzar acuerdos y establecer condiciones que descalifiquen la violencia como medio de promover formulaciones políticas. Se esfuerza porque las gentes y grupos que verdaderamente están movidos por una determinada concepción del bien general, renuncien a la pretensión fanática de imponérsela por la fuerza al conjunto de la sociedad, que acepten confrontar esa concepción con otras concepciones, lo que implica avenirse a un debate político-ideológico en que se dispute democráticamente por el favor de la opinión.

 

El sentido de una concepción política, no depende tan sólo de la versión que da sobre lo que conviene a la sociedad, sino también del camino que asume para realizarse. La concepción política subversiva, en el mismo orden de ideas, se define no tanto por la sociedad que sueña, sino principalmente por su elección de la vía de las armas. De ahí que los subversivos incurables, los agentes de la enfermedad totalitaria, sientan que lo más esencial de su ideología resulta sacrificado, si cambian las armas por el diálogo y el debate ideológico.

 

El diálogo por la paz, lejos de representar una claudicación del Estado frente a los alzados en armas, es en efecto un triunfo sobre el espíritu de la subversión.

 

El proceso de la paz coincide con el difícil camino que procura el desarme de las huestes revolucionarias. Este camino no puede reducirse a la fórmula simple de quitarles las armas a los subversivos, las cuales nadie ha inventariado, ni sabe de qué calidad son, ni menos dónde están, que fue la razón por la cual el legislador de la ley de amnistía no exigió su entrega sino que aumentó las penas para quienes las porten. 

 

Este camino es una política compleja que desarma ante todo de cualquier justificación histórica o moral a los subversivos, que los desarma así mismo de sus argumentos específicamente políticos; y que, en fin, persigue militarmente a los elementos irreductibles para arrancarles las armas y someterlos a la ley.

 

El desarme político-moral de los subversivos se logra, en un primer momento, con el solo hecho de que el Estado se defina por una política de paz, y posteriormente con la introducción de cambios y reformas que vigoricen la democracia y que respondan a las necesidades del pueblo, como las que viene estudiando el Congreso y las que ahora presentamos a su estudio.

 

Sólo una política de paz puede anular los factores de subversión más virulentos, reseñados aquí como el factor político de la imagen del Estado represor, y como el factor moral negativo de la desesperanza.

 

Finalmente, el desarme material se logra con la deposición de las armas por aquellos a quienes la política de paz haga entrar en razón, pero también, inexorablemente, como resultado de las operaciones militares adelantadas por las Fuerzas Armadas contra los grupos recalcitrantes: a los ojos de muchos y por contraste con la recta generosidad de la política de paz, estos últimos grupos no tendrán más motivos que su inclinación aberrante por la violencia.

 

Balance de la política de paz

 

Al margen de toda explicable connotación de carácter político, el proceso de reconciliación iniciado en Colombia, es el más noble desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, porque lo hace sujeto del diálogo. Es la dirección antiVietnam. Y esa política de paz rinde beneficios seguros, persigue otros beneficios probables, sus rendimientos tienen naturalmente límites. Es gravosa por lo que exige en términos de costos políticos y de esfuerzo humano, pero no cuesta nada en términos de sacrificios del interés nacional.

 

La versión de política de paz es por lo tanto, una gran inversión para el país. Son seguros los siguientes beneficios: preserva el ordenamiento democrático, frente al embate desestabilizador que significa la sola insurgencia de los subversivos; introduce por canales legales los cambios demandados que se juzguen acordes con el interés general y que fortalecen las condiciones democráticas.

 

Son muy probables los siguientes beneficios: que se someta a los acuerdos de paz el grueso de los grupos insurgentes; que sus componentes enriquezcan con su actividad legalizada el libre juego de la vida política; que las gentes laboriosas recuperen para la producción campos que estaban convertidos en terrenos de escaramuzas.

 

El grado mayor o menor en que efectivamente se consigan estos beneficios probables, si bien puede constituir el principal motivo de desvelo para los gobernantes y para los que quieren el bien, no permite hablar en ninguna circunstancia de un fracaso de la política de paz, dados sus beneficios seguros, mencionados y por mencionar, y dada la índole de sus costos.

 

La política de paz tiene los siguientes límites: la imposibilidad de hacer deponer las armas a los que no sólo tienen la violencia como medio, sino que encuentran su identidad en ella o la tienen como modo de existencia. Estos no pueden ser convencidos sino vencidos; la política de paz nada les dice, pero las Fuerzas Armadas pueden someterlos con el mismo costo, ahora que se encuentran aislados.

 

Facilita esto último otros beneficios adicionales de la política de paz, que no son sólo probables, sino que son seguros: frente a la racionalidad y la generosidad de esta política, llevada hasta la amnistía y el indulto, la persistencia en la rebeldía armada podrá contar con el repudio unánime de todos los sectores sociales, sin excluir a los más pobres, cualesquiera que sean nuestras dificultades económicas.

 

En cuanto a los costos que la política de paz representa para la nación, ellos son nulos: esa política es coherente con nuestra índole republicana y democrática y no hace correr ningún riesgo a la seguridad nacional.

 

A este último respecto, que es importantísimo, conviene que establezcamos, de una vez por todas, el principio fundamental de que la política de paz no se plantea ni puede nunca plantearse como una alternativa a la función que es propia de las Fuerzas Armadas, las cuales en ningún momento pueden cesar en la tarea de hacer la guerra a los que resisten a la ley.

 

Para tratar de acordarse sobre la paz con los combatientes subversivos, en términos de diálogo, es obvio que se necesita algún margen de flexibilidad, y ello vale para el

Gobierno tanto como para los órganos militares.

 

Sólo en esto la política de paz es muy costosa: flexibilidad, inteligencia, paciencia, tenacidad, tales son entre muchas otras las virtudes de que debe armarse la voluntad para llevar a cabo el arduo y largo trabajo de la paz. Este costo no corre sólo por cuenta de los gobernantes o de las partes directamente involucradas, sino que de manera inevitable y dada la índole de los asuntos en cuestión, debe ser compartido por todas las fuerzas vivas del país.

 

Pero que el costo de la política de paz sean las cuotas de atención, de preocupación y de participación que en algún grado esta política nos exige a todos, es algo que en lugar de perjudicarla la acredita, porque las gentes inclinadas al bien agradecen siempre que se les brinde la oportunidad de hacer un esfuerzo por la patria (...)

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE