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Mayo 28 de 1985

Carta del Ministro de Gobierno Jaime Castro a los directorios políticos

Los debates adelantados con motivo de la aprobación de la Ley de Indulto, permitieron a las Cámaras, a los partidos y a voceros autorizados de la opinión, efectuar serio análisis del proceso de pacificación que se viene cumpliendo en el país. Con base en dicha evaluación y en las observaciones formuladas, el Gobierno invitó al Congreso y a las fuerzas políticas en él representadas, a la celebración de un gran Acuerdo Nacional que le diera renovado impulso a la política de paz y asegurara, en el menor tiempo posible, el disfrute de sus positivos resultados.

El logro de la paz, sin duda alguna, exige que el país recorra el camino de las reformas económicas y sociales. Para ponerlas en marcha, es necesario matizar los cambios políticos que faciliten la presencia activa en nuestro sistema institucional de nuevas fuerzas sociales, hoy excluidas de la vida pública, pero que ahora se movilizan en busca de un espacio que les permita canalizar y hacer efectivos sus deseos de participación ciudadana y comunitaria.

Cuando se discute el tamaño del Estado, es bueno que la controversia vaya más allá de la conveniente intervención de las autoridades y sus relaciones con la empresa privada. Debe referirse también a la cobertura y eficacia del Estado y el ejercicio de sus funciones preventivas y protectoras, como son, entre otras, las de vigilancia y seguridad ciudadana y las relacionadas con la presentación de esenciales servicios a la comunidad. Y debe ocuparse también del diseño de nuevos canales de expresión política que hagan posible el conocimiento y la solución de las inquietudes y necesidades de importantes sectores sociales que hoy no pueden intervenir con poder decisorio en el manejo de aquellos asuntos que más les interesen. En efecto, nuestro alero institucional, ideado para otras épocas, no ha tenido en cuenta las fuerzas sociales y políticas que el acelerado proceso de modernización del país ha colocado en plan destacado del escenario nacional. A pesar de su importancia, estos sectores no pueden participar eficazmente en la vida política, porque sus criterios y análisis críticos, sus normas de valoración y posibles comportamientos ciudadanos no se acomodan a los patrones que autoriza el ordenamiento jurídico y táctico vigente. Nos corresponden a todos superar el desfase existente entre el Estado y la sociedad y lograr que esas nuevas fuerzas no continúen manifestando su inconformidad a través del abstencionismo, los paros cívicos y la guerrilla.

En desarrollo de su política de paz, el Gobierno ha elaborado serias propuestas de reforma, que ha merecido el apoyo del Congreso y de los partidos, tal como ha sucedido  con las encomendadas al despacho a mi cargo, según documento adjunto que muestra el Estado de su tramitación.

La búsqueda de la paz exige el compromiso solidario de todos, del sector público y del privado. De las distintas ramas del poder. De la sociedad entera. De sus agrupaciones políticas. Dada la complejidad del problema y el propósito que nos anima, la tarea por cumplir seguramente superará en el tiempo los límites de un período presidencial. Y como «no está en el juego un hombre, ni siquiera un gobierno, si no el destino nacional y nuestra herencia democrática», el Gobierno confía en que su invitación para la celebración de un acuerdo político sobre la paz, será atendida por el

Partido Conservador que, con perspectiva histórica, y sin mediatismo alguno, es consciente de la necesidad y conveniencia de consolidar y proyectar el sistema democrático.

Desde otro punto de vista, las propuestas que los partidos formulan sobre las políticas, programas y decisiones que deben ejecutarse y tomarse para conseguir la paz, otorgarán aún más claridad y contenido al proceso electoral en curso, que empieza a contar con nuevos actores para mayor legitimidad y solidez del sistema político. Las próximas elecciones, como hace poco lo solicitara el destacado dirigente, se convertirán en verdadero plebiscito sobre la paz y permitirá mostrar las relaciones de fuerzas entre los partidarios del sistema democrático y la supérstite subversión de entonces.

El Gobierno continuará cumpliendo decididamente su política de pacificación que aspira a enriquecer con el aporte de los partidos. La dinámica de paz y de reforma político-institucional que anima la tarea de Gobierno, constituye noble obligación de todos los colombianos en este histórico momento, y aseguran que la nueva administración no tendrá que dedicar la mayor parte de sus energías a la solución de los problemas de orden público que generan violencia política y delincuencia política.

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE