Artículos
- Oscar Feliciano
- Proceso paz Habana 2012
- Visitas: 69
Diálogos de La Habana
2012
Diálogos de La Habana, Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
Noticias 24, 2012
El conflicto armado entre el Estado y las FARC avanzaría por espacio de una década, como consecuencia del fracaso de las negociaciones en el Caguan en 2002. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, se intentaron acercamientos con la insurgencia, algunos con alcances infructuosos y otros con contenido humanitario como lo fue la entrega de los cuerpos de los diputados asesinados en el año 2007 y varias operaciones de liberación de soldados y personalidades civiles secuestradas.
En todo caso, durante los ocho años de su administración, el presidente Uribe desplego su política de fin de la guerra de forma dual, toda vez que fue empleada de una parte la fuerza del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía en el marco de la política de seguridad democrática y el plan Colombia, al tiempo que se intentaban contactos con las fuerzas al margen de la ley y como se pudo evidenciar, de allí se desprendieron procesos desarrollados con el paramilitarismo y con el Ejército de Liberación Nacional.
En lo concerniente a las FARC, también se establecieron contactos para avanzar en la iniciación de un proceso de paz, pero la ofensiva militar desplegada en los ocho años de ese gobierno sepultaron cualquier perspectiva de paz, así mismo se puede colegir que la necesidad de un diálogo no era prioritaria en el sentido que los resultados en el terreno de combate estaban inclinando la correlación de fuerzas en favor del Estado y en lugar de plantear una negociación con una subversión alzada en armas, el objetivo era el debilitamiento del oponente para conducirlo a un acuerdo de sometimiento a la justicia.
No obstante los resultados positivos en el frente de guerra y una evidente disminución del poder de la insurgencia, que se complementa con el mejoramiento de los indicadores de seguridad, los ocho años del uribismo en el Palacio de Nariño quedaron cortos frente al desafío de una pacificación absoluta de los campos colombianos, el presidente consciente de esa realidad intentó abrirse cuatro años más de permanencia en el gobierno, pero una decisión de la Corte Constitucional lo impidió y el proyecto fundado en la seguridad democrática debía ser conducido por un nuevo liderazgo a partir de 2010.
De este modo, la élite en el gobierno ungió al ministro de defensa Juan Manuel Santos, quien desde su despacho ministerial planificó y ejecutó los golpes más duros que recibieron las guerrillas en 50 años de guerra, como el operativo que dio con la muerte Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008 y la operación jaque del mismo año, que permitió la liberación de tres contratistas norteamericanos, la candidata presidencial Ingrid Betancourt y un grupo de militares colombianos tomados prisioneros en el marco del conflicto.
El cálculo del uribismo era muy sencillo, había que mantener el ritmo de la presión militar sobre las guerrillas para obligarlas a rendirse en virtud de la política de seguridad democrática, y Santos era el hombre para conducir y concluir ese cometido, las elecciones de 2010 otorgaron cómoda victoria al candidato oficial y en apariencia el proyecto uribista se garantizaba otros ocho años para ganar la guerra.
Para corroborar la tesis, los primeros meses del gobierno Santos otorgaron nuevas victorias en el terreno militar, apenas un par de meses después de instalada la nueva presidencia fue muerto Jorge Briceño Suarez a. Mono Jojoy y un año después en una acción polémica cayó el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, en momentos en los que ya se asomaban posibilidades de reencauzar un dialogo de paz, justamente bajo la interlocución de este último, lo que evidenciaba la crudeza de dialogar en medio del conflicto.
Sin embargo, la existencia de un viraje en la conducción de la guerra debido a un cambio en el balance de proporciones entre el uso de la fuerza y las iniciativas de paz, en favor de estas últimas, fue reconocido por el uribismo puro como un agravio y una traición a las políticas que llevaron a Santos a la presidencia, mientras que para el Presidente se trataba del resultado natural de un conflicto en el que el Estado sin derrotar a la guerrilla la había conducido a una salida negociada, gracias al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía junto al apoyo decidido de los Estados Unidos y Europa.
De modo pues que el presidente Santos diseñó su política de paz sobre la base de ocho años de empleo de la fuerza oficial y en consecuencia era el momento de pasar a una fase de salida negociada, en esa línea estableció contactos a través de personas como Henry Acosta y Frank Pearl quien durante el gobierno Uribe fungió como enlace con la insurgencia para temas humanitarios, en el frente institucional, el Congreso promulgó en el 2011 la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas, abonando consigo el terreno para unos eventuales diálogos con las FARC, enviando el mensaje que el gobierno tiene la intención de avanzar en la solución de problemas derivados del conflicto armado.
En lo relativo al proceso, los primeros acercamientos se dieron en los primeros dos años del gobierno Santos, de ellos se derivaron acuerdos para avanzar en la construcción de un proceso confidencial con el conocimiento de delegados tanto del gobierno y las FARC así como de algunos países como Noruega y Cuba que a la postre se convirtieron en los garantes internacionales del proceso, de esta forma y entre febrero y agosto de 2012 se desarrollaron en la Habana Cuba unas rondas preparatorias de lo que sería un nuevo proceso de paz con las FARC.
Ese mismo agosto comenzaron a surgir especulaciones sobre la existencia de diálogos clandestinos entre el gobierno nacional y la insurgencia en Cuba, en efecto se había llegado a un acuerdo el 26 de ese mes sobre los temas de la agenda acordados que corresponden a puntos en política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y al punto de implementación, verificación y refrendación.
La intensidad de los rumores fue subiendo a tal punto que el presidente Santos tuvo que anunciar el 4 de septiembre la existencia de los acercamientos y la confirmación del inicio de una fase pública de negociaciones con inicio en la ciudad de Oslo (Noruega) en el mes de octubre.
La instalación de la mesa se realizó en la capital Noruega el 16 de octubre en medio de la expectativa mundial y el júbilo nacional, los jefes negociadores de cada parte, Humberto de la Calle por el gobierno nacional e Iván Márquez por las FARC, pronunciaron sendos discursos cuyos mensajes protocolarizaron las intenciones de iniciar un proceso de negociaciones que diera fin a 48 años de violencia con las guerrillas y 82 de conflicto armado.
Dos días después se anunciaron los nombres de los integrantes de cada equipo negociador, por el gobierno nacional acompañando a Humberto de la Calle, fueron nombrados el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi-, Luis Carlos Villegas; y los generales retirados Jorge Enrique Mora Rangel del Ejército y Óscar Naranjo de la Policía. Mientras que por la insurgencia junto a Iván Márquez fueron designados Rodrigo Granda, a. Ricardo Téllez; Jesús Emilio Carvajalino, a. Andrés París y Luis Alberto Albán, a. Marco León Calarcá. Por otra parte se designaron como países acompañantes a Chile y Venezuela.
El comienzo de las negociaciones en noviembre 15 en la ciudad de La Habana, venían precedidas por tensiones entre los equipos negociadores por la iniciativa de las FARC de incluir en su equipo negociador a alias Simón Trinidad, -situación que todavía no ha sido resuelta- y concluyeron con el anuncio del primer cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla de dos meses de duración, no obstante, el gobierno se mantenía en su postura de negociar en medio del conflicto y así lo hizo saber en su momento el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón.
En los primeros meses del 2013 las negociaciones se desarrollaban entre los mensajes del presidente para agilizar los diálogos, la integración de Pablo Catatumbo al equipo negociador de la guerrilla en abril y las marchas por la paz para dar apoyo popular al proceso el día 9 de abril, al tiempo que las operaciones militares y guerrilleras seguían activas generándole presiones adicionales a la negociación, en ese marco se llega al primer acuerdo el 26 de mayo sobre desarrollo agrario integral, en él se alcanzaron acuerdos para el acceso y uso de la tierra, la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, estímulos a la producción agropecuaria, fortalecimiento de la economía solidaria, entre otros.
Sin embargo el país estaba preocupado por la baja velocidad de las negociaciones, las rondas transcurrían sin mayores novedades y el gobierno se impacientaba por la lentitud del proceso, mientras la insurgencia anunciaba que no iba a negociar bajo presiones, en agosto las FARC también planteaban la creación de una comisión de la verdad para esclarecer las responsabilidades en el marco del conflicto armado.
Las rondas seguían sin resultados al tiempo que se presentaban incidentes en el campo de batalla como los combates en Arauca en Julio de 2013, no obstante, sectores académicos que hacen seguimiento a las actividades violentas del conflicto empezaron a evidenciar una disminución paulatina de la violencia con la guerrilla de las FARC.
Con ese ambiente de tensión y de presiones de ambas partes, el 6 de noviembre de 2013 se alcanzan acuerdos en el tema de participación política, que recoge iniciativas en torno a garantías a la oposición política, fortalecimiento de mecanismos de participación popular, y garantías de seguridad para quienes desde la oposición y desde los movimientos políticos provenientes de la insurgencia puedan participar del debate político nacional.
Un mes después, el 8 de noviembre, la insurgencia anuncia un segundo cese al fuego unilateral, el gobierno por su parte se mantenía en la postura de mantener las negociaciones en medio de la guerra, al tiempo que hacía llamados para acelerar el proceso dada la cercanía a las elecciones presidenciales en mayo de 2014.
El 2014 estuvo centrado en la carrera presidencial y tema de la paz hizo gravitar las campañas que para esta contienda enfrentaron al presidente Santos y a Oscar Iván Zuluaga en representación del partido Centro Democrático del presidente Uribe, la campaña estuvo plagada por denuncias mutuas de espionaje y sabotaje y por el planteamiento de la dicotomía entre la paz y la guerra para la resolución del conflicto interno.
En ese contexto, el proceso de paz alcanzaba un nuevo acuerdo en mayo 16 –apenas unos días antes de la primera vuelta presidencial- en el punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, con iniciativas de programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes integrales de desarrollo rural comunitario, programas de prevención del consumo y soluciones frente al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
En Junio, el presidente Santos es reelecto en segunda vuelta gracias al apoyo de movimientos y partidos políticos alineados con la salida negociada, de esta forma su segundo periodo empezará con un mandato de finalizar, perfeccionar y firmar el acuerdo de paz, en ese sentido tuvo por un lado la aprobación parlamentaria y de la corte constitucional del Marco Jurídico para la paz pero por el otro tuvo que afrontar crisis derivadas de incidentes en frente de batalla, en julio las FARC ejecutaron una ofensiva contra la infraestructura eléctrica en Valle y Putumayo, y en noviembre la guerrilla en combates en Arauca toma prisioneros y en Chocó captura a un general de la república, todos estos eventos generaron crisis graves en la mesa de negociaciones de la Habana que fueron resolviéndose gracias a la voluntad de diálogo exhibida por las dos partes.
Esa voluntad de diálogo se ve fortalecida por el anuncio de las FARC de aplicar un cese al fuego unilateral e indefinido el 17 de diciembre como gesto para impulsar los diálogos que llevaban meses sin alcanzar acuerdos respecto de los puntos de la agenda, así mismo en febrero de 2015 el gobierno de los Estados Unidos en franco apoyo al proceso, designa a Bernie Aronson como enviado especial del gobierno americano para el proceso en la Habana, en ese mismo mes, la comisión histórica expone su informe sobre las causas y las consecuencias del conflicto.
En marzo, el día 2, el gobierno designa para el comando estratégico de transición a los generales Javier Flórez –encabezando la misión-, otros dos generales del Ejército, Martín Fernando Nieto y Alfonso Rojas Tirado; uno de la Fuerza Aérea, Oswaldo Rivera; uno de la Policía, Álvaro Pico, y el contralmirante de la Armada, Orlando Romero para desarrollar el punto del fin del conflicto junto a los comandantes guerrilleros Carlos Antonio Lozada y a. Romaña.
En el mismo mes, el día 7 la mesa emite un comunicado anunciando que se ha llegado a un acuerdo para adelantar labores de desminado humanitario conjunto entre miembros del ejército y la guerrilla con acompañamiento internacional, días después, específicamente el 11, el presidente emite la orden a las fuerzas militares para suspender bombardeos contra las FARC.
A pesar de este momento de anuncios positivos, el proceso afronta una nueva crisis en abril cuando once soldados mueren emboscados por unidades guerrilleras en el municipio de Buenos Aires en el departamento del cauca, la reacción del gobierno fue la reanudación de los bombardeos en mayo y un operativo que tuvo como consecuencia la muerte de 26 guerrilleros del frente 29, esta acción significó la suspensión del cese unilateral por parte de la guerrilla emitido en diciembre y constituyó uno de los puntos más críticos en la historia de este proceso.
Para el país, estos eventos obligaron a replantear el principio de negociar en medio del conflicto y generaron llamados al desescalamiento del mismo, mientras esto ocurría, las FARC accionaron contra la infraestructura petrolera y permitieron el derrame de 410.000 galones de crudo en afluentes hídricos lo que generó una ola de indignación general contra la insurgencia.
Pero las negociaciones se mantuvieron firmes, la mesa en la Habana había acordado aislarse de los eventos de guerra en Colombia para concentrarse en las conversaciones, los ánimos se fueron amainando y tanto los negociadores del gobierno como los de la insurgencia, avanzaron en el direccionamiento de medidas para el desescalamiento y la normalización del país de cara a un cese bilateral y definitivo.
En Julio el presidente convoca a los juristas Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Álvaro Leyva Duran, Enrique Santiago, Douglass Cassell y Diego Martínez para integrar una comisión que ayude a elaborar el marco jurídico del proceso de paz para el punto de víctimas, el trabajo de la comisión deviene en el acuerdo en el tema de victimas en Septiembre 23, allí se hace el anuncio de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, y otras instituciones que harán parte del sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición y de esta forma cubrir los temas del punto de víctimas, igualmente el presidente anuncia que en seis meses se llegará a la firma del acuerdo final.
Posteriormente en diciembre 15 se apuntalan algunos aspectos pendientes del punto de víctimas, especialmente en la concreción de aspectos del sistema de justicia verdad, reparación y garantías de no repetición teniendo a las víctimas como eje central del proceso.
El proceso de esta forma sigue su avance, pero con la presión del gobierno de alcanzar la firma en el mes de marzo, frente a ello las FARC señalaron que al colocar Humberto de la Calle el término “en desarrollo” el acuerdo de justicia y el retraso derivado de dos meses para apuntalar los términos de ese acuerdo hace pensar que esa fecha no va a tener lugar.
2016 será el año de la paz, tanto el gobierno como la guerrilla eran conscientes de la importancia de cerrar la fase de negociaciones para entrar en la fase de implementación de los acuerdos, el uribismo entretanto fustiga el proceso a través del presidente Uribe y su bancada en el congreso, al tiempo que el procurador Ordoñez hace lo mismo desde su despacho en la Procuraduría General.
El primer bimestre de 2016 generó dos hechos trascendentales para el proceso de paz desde la perspectiva internacional, en enero, tras una maratónica labor de la cancillería colombiana, se logró que el pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyara por unanimidad –hecho por lo demás histórico- la creación de una misión política para conformar el mecanismo tripartito de verificación de los acuerdos de la Habana, el apoyo de Naciones Unidas es fundamental para dar garantías al proceso y sin duda constituye una de las más importantes victorias del país a nivel de su política diplomática.
En febrero 4, en el marco de la visita del presidente Santos a su homólogo Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos presentó el “Paz Colombia” programa que sustituiría al “Plan Colombia” y que tendría como propósito el financiamiento del posconflicto colombiano (450 millones de dólares para 2017) , este programa es la confirmación del beneplácito de Washington al proceso al tiempo que robustece el apoyo norteamericano a Colombia en su calidad de aliado hemisférico.
El espaldarazo americano al proceso de paz se vio nuevamente el 21 de marzo cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry visitó la Habana –en el marco del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana- y celebró sendas reuniones con los equipos negociadores del gobierno y la guerrilla, hecho histórico teniendo en cuenta el papel de los estadounidenses en el conflicto colombiano y evidencia histórica del avance de las negociaciones hacia una firma del acuerdo general.
Pero en el proceso persistían significativas preocupaciones, especialmente en lo relativo al tema de la seguridad jurídica del acuerdo, para ello se planteó que los acuerdos de la habana constituyeran un Acuerdo Especial tal como lo estipula el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, de modo que hicieran parte del bloque de constitucionalidad de la Constitución colombiana, la formula fue cobijada por la mesa de negociaciones y fue ingresada al Acto Legislativo para la paz promulgado en Julio de 2016.
Ese acto legislativo adicionalmente le otorgó facultades parlamentarias para agilizar los trámites legislativos de implementación de los acuerdos –procedimiento legislativo especial para la paz- que se traduce en la expedición de leyes y actos legislativos en la mitad del tiempo y de los debates para convertir en normas lo acordado en la Habana en tiempo expedito, por otra parte otorgó facultades presidenciales para emitir decretos con fuerza de ley, todo esto con control automático de la Corte Constitucional, finalmente estableció el acto legislativo que todo su contenido se activaba mediante refrendación popular.
Y es que el tema de la refrendación fue uno de los más controvertidos en la mesa de negociaciones, para la insurgencia el mecanismo más propicio era la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente mientras el gobierno intentó primero un referendo refrendatorio y luego un plebiscito como mecanismos de participación popular legitimadores del acuerdo, esto como corolario de la promesa presidencial de campaña de ofrecer al pueblo los acuerdos para que los aprobaran –masivamente según los cálculos de la Casa de Nariño- y de esta forma dar legitimidad popular al acuerdo de paz.
El acto legislativo sería aprobado por el congreso el 7 de julio de 2016, dos semanas después, el 21, la Constitucional avalaría mediante la sentencia C-379 el proyecto de ley estatutaria del plebiscito para la paz, pero un mes más tarde, el 22 de agosto, la misma Corte admitiría una demanda contra el acto legislativo específicamente contra el artículo 2 (facultades presidenciales), a esta demanda se sumarían otras para torpedear no solo el acto legislativo sino el plebiscito refrendatorio, todo ello en el marco de la estrategia de los enemigos del proceso para hundirlo.
Mientras el frente jurídico se perfeccionaba con el acto legislativo para la paz y el plebiscito, el frente de guerra se iba extinguiendo con el avance de las negociaciones en lo referente al fin del conflicto, el 23 de Junio se volvieron a encontrar en la Habana el presidente Santos y Timoleón Jiménez para firmar el acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, en dicho acuerdo se establecen los protocolos para la transición de insurgencia a movimiento político de la guerrilla, se plantean las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y en general se delimitaron las disposiciones tendientes a la finalización del conflicto armado.
Con este ambiente llegan a su fin las negociaciones de paz, el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera quedaría redactado tras dos semanas de conclave en las que los negociadores de ambas partes se sentarían en jornadas de días completos sin descanso, para llegar al punto final del texto del acuerdo, para el 24 de agosto los equipos negociadores anunciaron que habían llegado a un acuerdo definitivo a lo que procedía la firma del mismo para su posterior refrendación, y un día después, el presidente ordena el cese bilateral y definitivo al tiempo que radica el acuerdo en el congreso para adelantar el plebiscito refrendatorio.
Los tiempos estaban muy justos, para el gobierno era fundamental pasar a la implementación de los acuerdos por varias razones, en el frente internacional, por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dado que una victoria Republicana podría erosionar el apoyo del gobierno norteamericano al proceso a partir de 2017, en Colombia, la agenda legislativa tenía la reforma tributaria, clave para la financiación del posconflicto, adicionalmente, había que comenzar a legislar sobre los textos del acuerdo. Por otra parte el cese bilateral podría ser vulnerable si pasa el tiempo y no se concretan temas como la ley de amnistía y la elevación del acuerdo al bloque de constitucionalidad lo que representaría una falta de garantías para sacar adelante lo pactado.
Por estas razones el gobierno aceleró la ceremonia de firma del acuerdo y la fecha para la celebración del plebiscito, la primera para el 26 de septiembre y el plebiscito una semana después, el dos de octubre. El evento de la firma en Cartagena se realizó con la presencia de presidentes del continente americano, el presidente de naciones unidas y altas dignidades del sistema internacional, las FARC pidieron perdón y el gobierno prometió trabajar para llevar a buen puerto el acuerdo firmado.
Pero el ambiente de optimismo generado en Cartagena se diluyó rápidamente, la votación del plebiscito resultó marginalmente mayoritaria (menos de 60 mil votos) en favor del No y el proceso entraba en un limbo jurídico que amenazaba todo lo avanzado. La campaña del plebiscito había comenzado en Agosto con demandas interpuestas por la oposición ante la Corte Constitucional y con una estrategia de denuncia de los acuerdos como ariete del castro chavismo en la vida política colombiana.
Adicionalmente, la tensión en la campaña se vio atizada por elementos tangenciales al corpus del acuerdo, como los debates que se generaron por la “ideología de género” que se colegía de los textos acordados, y que levantó el fervor católico y cristiano en contra de dicha ideología, al mismo tiempo, la ministra de educación se vio envuelta en un escándalo por las mismas causas pero en cartillas del ministerio lo que desencadenó una ola de indignación general en un país mayoritariamente católico en contra de las políticas del gobierno en materia educativa y en conexidad con lo esbozado en el texto del acuerdo general.
A estos ingredientes se agrega el hecho que tanto la campaña por el sí como la del no acudieron a una guerra sucia para llegar a sus electores, ambas campañas se acusaron de influir con mentiras e imprecisiones a los votantes. Así mismo el alto nivel de abstención reflejaba el desinterés por la política entre buena parte de los colombianos, afirmando una vez más esta característica de la cultura política colombiana.
Los resultados del plebiscito generaron un caos político, la excesiva confianza del oficialismo se convirtió en desazón e incertidumbre, mientras la oposición capitalizó rápidamente una victoria inesperada y se lanzó en contraataque para exigir una “renegociación” por vía de “un acuerdo nacional”, ello obligó al presidente Santos el 4 de octubre a convocar a los presidentes Uribe y Pastrana, al ex procurador Ordoñez y a otros líderes del No para la estructuración de un pliego de modificaciones al acuerdo, de manera que se alcance ese “acuerdo nacional” en torno a los textos de la Habana, para oposición los temas de elegibilidad política de la guerrilla y la impunidad eran los pilares centrales de las modificaciones a realizar, al tiempo que hicieron un texto con alrededor de 400 propuestas sobre otros aspectos contenidos en el acuerdo. Mientras tanto en las calles, la sociedad civil se organizó para exigir que no se retorne a la guerra y pronto se llegue a un nuevo acuerdo.
Los resultados del plebiscito también movilizaron a la comunidad internacional, de forma unánime, todo el sistema de naciones unidas manifestaron su apoyo al gobierno en el mantenimiento de los diálogos, además, el 7 de octubre, el presidente Santos es premiado con el Premio Nobel de la Paz, este último hecho impulsó el ánimo de un gobierno derrotado en las urnas para buscar enderezar el proceso y llevarlo a la fase de implementación.
En ese sentido, organizó reuniones tanto con los miembros de la oposición (incluyendo a las iglesias cristianas) como con los seguidores del acuerdo con la guerrilla y elaboró el pliego de modificaciones al acuerdo, una vez completado este procedimiento, el presidente ordenó que durante dos semanas se volvieran a reunir en la Habana los miembros de los equipos negociadores para discutir las posibles modificaciones al acuerdo, es así que el 12 de noviembre se firma el acuerdo con los ajustes enviados desde Bogotá entre los plenipotenciarios Humberto de la Calle e Iván Márquez y posteriormente el 24 lo harían el presidente Santos y Timoleón Jiménez en una sobrio acto en el teatro Colón de Bogotá.
Oscar Daniel Feliciano Fajardo
FUNDACIÓN PAÍS POSIBLE