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Recuento histórico de los Diálogos de Paz de La Habana

 

La Fundación País Posible presenta a continuación un recuento de la historia política de Colombia desde 2012 a 2016, referente a el proceso de paz de La Habana, Cuba, donde el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, organización alzada en armas desde 1965, llevaron a cabo una negociación para poner fin al Conflicto Armado Colombiano.  Son tres los ejes que dirigen la siguiente narración, el proceso de paz y los acuerdos que se iban alcanzando, los sucesos de orden público y avances en el desescalamiento de la violencia y finalmente el desarrollo de los maniobras políticas que determinaron el contexto de los diálogos. 

 

La Fundación País Posible, para su proyecto Verdad Histórica-Paz definitiva, viene desarrollando un aplicativo, que corresponde a una línea de tiempo con la cual se ha hecho seguimiento a la historia del Conflicto Armado Colombiano. Esta Línea de Tiempo se alimenta de noticias de diarios locales, en este periodo de tiempo de la revista Semana, El Tiempo y El Nuevo Siglo. Y se convierten en la fuente principal de análisis del presente texto. 

 

El proceso de paz y el logro de sus acuerdos, fue objetivo mediático entre los años 2012 al 2016, gracias a que desde el principio de la instalación de los diálogos, las partes hicieron público el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, una hoja de ruta que fue elaborada y pactada en la fase exploratoria, que correspondió a una fase secreta. Esto hizo que su desarrollo incidiera en las dinámicas políticas, electorales, económicas y sociales del país durante estos años. Marcó mes a mes, la popularidad tanto del gobierno como de las FARC-EP, y la confianza por supuesto, de los colombianos en el proceso, en las instituciones y en su propio futuro.

 

Para ese periodo de tiempo, también fue relevante hacer seguimiento al desarrollo de los más importantes sucesos de orden público, puesto que a medida que se daban los avances, se  presentaron discordias frente a los puntos acordados y la supuesta reserva con la cual se dieron las negociaciones. Como era de esperarse diversas organizaciones de orden delictivo se vieron afectadas, como las Bacrim, grupos disidentes, reductos paramilitares, mafias de narcotraficantes, entre otros, respondieron con acciones violentas a medida que se alcanzaban nuevos acuerdos en la mesa de La Habana. 

 

Además las Fuerzas Armadas durante los primeros años de negociaciones dieron continuidad a la ofensiva militar, y por su parte las FARC-EP, realizaron ceses unilaterales al fuego, con el fin de enviar un mensaje de voluntad política de diálogo. El presidente Santos desde el principio, insistió en negociar en medio del conflicto, lo que para unos se convirtió en crítica, pues no era coherente la búsqueda de la paz por medio del diálogo y al mismo tiempo alentar al ejército a combatir en abierta guerra. Para otros, significaba claudicar frente a un enemigo declarado, calificado de terrorista. De manera que la polarización fue cada vez más evidente y generó un ambiente tenso para las negociaciones. 

 

Los partidos políticos y organizaciones económicas, sindicales y sociales, mostraron su posición frente a los diálogos y su desarrollo. En medio, se desarrollaron jornadas electorales muy importantes como la elección presidencial en 2014, las elecciones de congreso ese mismo año y locales en 2015, además del famoso plebiscito por la paz en el 2016. Pero además el debate parlamentario estuvo muy álgido, por cuenta del enfrentamiento entre el gobierno y los partidos de oposición, que a su vez tenían que legislar en medio de un contexto de movilizaciones sociales muy activas en sectores como el agro y el estudiantil. 

 

A continuación el lector encontrará un recuento cronológico desde el 2012 a partir de las noticias que se encuentran en la Línea de Tiempo, en nuestra página web www.paisposible.co

 

Durante el año 2012 el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, informaba con entusiasmo  los resultados de las Fuerzas Armadas contra grupos guerrilleros y con enérgica indignación hacía los reportes de orden público sobre las acciones bélicas de los grupos guerrilleros. Juan Carlos Pinzón —ministro de Defensa desde el 31 de agosto de 2011— en marzo de 2012 lideró la Operación Armagedón, acción conjunta de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, publicitada como un duro golpe a las FARC-EP y calificada como histórica. Se desarrolló en el municipio de Vista Hermosa, Meta y se habló de hasta 70 subversivos “neutralizados” 

(https://antetodocolombia.org/hoy-se-celebran-7-anos-de-la-operacion-armagedon-duro-golpe-a-las-farc/) 

 

Posteriormente, se presentaron tres sucesos de orden público para recordar, el 28 de abril se presentó una emboscada contra el Ejército en el Cauca donde murieron cinco militares y un atentado con cilindros, contra una estación de policía en Caquetá, donde murieron tres civiles, vecinos de la estación. 

 

Más impactante y mediático, fue el atentado a Fernando Londoño en Bogotá, el 15 de mayo, en la localidad de Chapinero. El exministro de Álvaro Uribe (uno de los más representativos defensores de su doctrina) salió con vida, sin embargo dos de sus escoltas y un conductor de una buseta perdieron la vida. Al mismo tiempo se informaba que había sido desactivado un carro bomba en el barrio Eduardo Santos. El presidente Juan Manuel Santos se pronunció diciendo que “No entendemos cuál es el propósito, pero tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno no se va a dejar descarrilar por estos actos terroristas", palabras muy sugerentes si tenemos en cuenta que se estaba llevando a cabo, de manera discreta, la fase exploratoria para la búsqueda de una negociación con las FARC-EP. Hubo caos en la ciudad, pues ese mismo día se presentaron manifestaciones en los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional, en protesta por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se cerraron calles y el alcalde Gustavo Petro, decretó restricciones en la movilidad.

En 2015, César Augusto Ruiz Gómez fue condenado por estos hechos, acusado de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas y uso de menor para cometer delitos. 

 

El 4 de julio, se presentó el ataque a un campamento de Ecopetrol en Puerto Caicedo, en el complejo petrolero Sibundoy 1. El Ejército adjudicó al Bloque Sur de las FARC-EP la responsabilidad de los hechos. Murieron cinco contratistas y fueron quemados algunos vehículos. También se anunciaron ataques en Santander contra un Oleoducto en Tibú, en la zona del Catatumbo, otro en Teorama y un atentado dinamitero en el CAI de la plazuela Almeyda, de Pamplona. Según el coronel Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Norte de Santander, el responsable de los hechos fue el ELN. Así mismo, el ELN habría impuesto paro armado en la zona del Carare, entre Arauca, Boyacá y Casanare.

 

En medio de este ambiente de confrontación armada abierta, los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, instalaron una mesa de diálogo durante un encuentro en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012 en busca de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado colombiano. Allí Humberto de la Calle Lombana en representación del Gobierno mencionó que la mesa tenía como principal objetivo discutir la agenda de negociación e hizo alusión a planteamientos de Iván Márquez, además recordó que la estructura del proceso constaría de tres fases —el encuentro exploratorio realizado en La Habana, los acuerdos sobre los puntos de la agenda y el acuerdo final de terminación del conflicto—, además hizo un llamado a la discreción y confidencialidad del proceso.

 

Por su parte, Iván Márquez en su discurso de instalación de la mesa de diálogo, realizó una disertación sobre el tema agrario en Colombia, mencionó estadísticas de la desigualdad en el país y dio a conocer las intenciones que llevó a esa organización alzada en armas a pensar en un acuerdo como solución al conflicto armado.

 

Como muestra de voluntad de diálogo las FARC-EP a través de su vocero Iván Márquez, anunciaron el día 19 de noviembre de 2012 una tregua unilateral a partir del 20 de noviembre de 2012, hasta el 20 de enero de 2013.  Los medios registraron la tregua entendida como “el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública, y de los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada”.  

Este anuncio de cese no fue el primero, días atrás las FARC-EP habían propuesto una tregua navideña, y el presidente Juan Manuel Santos la rechazó tajantemente, mencionando “que no haría concesiones militares y que por tanto a Cuba se llegaba a negociar sin tregua.”.  Mensaje que fue replicado por el negociador de gobierno, Humberto de la Calle en el anuncio del 19 de noviembre. 

Ya en el año 2013, desde enero, se presentaron combates en medio del cese unilateral anunciado en diciembre. En el mes de enero en la región de Urabá, en abril la atención estuvo en el Cauca, en junio en la región del Catatumbo, desde donde se impulsó el Paro Campesino, en junio el foco fue Arauca, mientras en agosto, se vio estallar el Paro Nacional Campesino. 

 

Tempranamente el 2 enero de 2013, el comandante de la policía del Cauca, coronel Ricardo Alarcón, informó de un ataque con granadas, a la estación de policía del municipio de Guapi. Mientras, también se informaba de un fuerte bombardeo en Mutatá, región del Urabá en Antioquia, realizado por la Fuerza Aérea donde murieron al menos once guerrilleros, según el informe, del VI Frente de las FARC-EP y donde fue incautado armamento.

 

El departamento del Cauca en abril, fue territorio de combates en los municipios de Corinto y Miranda. Allí el Ejército Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP protagonizaron sucesos que dejaron como resultado cuatro militares muertos y ocho heridos, según el informe del comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, general Jorge Humberto Jerez, informe que aseguraba además que no había habido afectación a civiles y responsabilizaba al Frente VI de las FARC-EP. El reporte no refirió muertes de guerrilleros. El diario El Nuevo Siglo registró como versión del Ejército que en Corinto “guerrilleros del frente sexto de las Farc dispararon ráfagas de fusil y granadas de mano desde las viviendas aledañas en la localidad de Cerro las Antenas”.  También se hizo referencia a un hecho en el municipio de Miranda, la muerte de un joven de 17 años y cinco heridos más, a causa de un artefacto explosivo en una casa de la vereda Guatemala, cerca a Corinto, utilizando tatucos contra la población.

 

El 26 de mayo de 2013, se presentó un comunicado conjunto informando el primer logro de las negociaciones en La Habana, iniciadas en octubre, un texto que llamaron  Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral, el cual no sería público hasta que se llegara al final de todos los acuerdos. Y se destacó la participación de otros sectores y sus informes como insumo dentro de la negociación.

 

“Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.” Semana, mayo 26 de 2013

 

Cuando el presidente Juan Manuel Santos lo presentó, definió el Acuerdo sobre Tierras como un acuerdo técnico y complejo, con 4 pilares fundamentales. Así lo explicó a El Tiempo: 

 

“Al primer pilar se suman la formalización de predios y la entrega de “elementos para que esa tierra sea productiva: riego, crédito, asistencia técnica, posibilidades de comercialización”.

El segundo pilar del acuerdo son programas de desarrollo con enfoque territorial en las zonas más necesitadas. En palabras del Presidente, “se van a coordinar grandes intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano con las comunidades” y esas regiones se estabilicen.

El tercero serán los planes de educación, salud, vías, riego, agua potable, vivienda y protección social. De acuerdo con Santos, deben lograr, en la “etapa de construcción de paz”, una reducción radical de la pobreza y la pobreza extrema” en el campo.

El último pilar es la seguridad alimentaria y nutricional, con programas contra el hambre en las zonas rurales.” El Tiempo, mayo 27 de 2013

 

En el mes de junio, sin embargo, se dio un paro en la región del Catatumbo, que inició como protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos en la zona, frente a la insatisfacción  por la ausencia de alternativas para los cultivadores. Vino la toma de vías, también hubo enfrentamientos, donde al final resultaron cuatro civiles muertos en los 53 días de paro. De este paro resultó un pacto de 16 puntos que no llegó al logro de sus objetivos. 

(https://caracol.com.co/radio/2013/12/23/regional/1387801920_042798.html) 

 

Sectores de otras regiones se solidarizaron, hicieron también sus requerimientos y lo convirtieron en paro nacional. Básicamente fueron cuatro los llamados de atención de los agricultores: los incumplimientos del gobierno a acuerdos particulares de anteriores meses, el crecimiento de las importaciones bajo las condiciones de los acuerdos internacionales firmados, los altos costos de la producción y el contrabando. En el primer día se presentó el bloqueo de cinco vías nacionales, 23 grandes concentraciones, principalmente en la región Andina, 19 personas judicializadas y un motociclista muerto en Ventaquemada, Boyacá, a causa del impacto de un gas lacrimógeno que le hizo perder el control del vehículo.  Se estimó que participaron entre 150.000 y 200.000 campesinos en las marchas y concentraciones.

 

A pesar del logro del Acuerdo de Tierras, el paro campesino en el Catatumbo tomó fuerza, no era claro una correspondencia entre el presente del país en materia agrícola, en política antidrogas y los acuerdos comerciales internacionales, con el informe sobre un semi secreto acuerdo firmado entre el gobierno y un grupo subversivo, ambas partes con muy poca popularidad, en medio de unas conversaciones en una lejana isla, en las cuales la mayoría de la ciudadanía tenía reservas o ninguna fe. 

 

En cuanto al orden público, el presidente tuvo que realizar un consejo de seguridad luego de que se presentó un enfrentamiento del Ejército con las FARC-EP, en la vía Fortul-Tame en Arauca en donde murieron 15 militares. Fueron capturados 11 guerrilleros, pero los informes no especificaron las bajas entre los guerrilleros, como tampoco a qué unidad pertenecían. Mientras tanto, en el Doncello, Caquetá, hubo otro enfrentamiento. La Décima Segunda Brigada del Ejército, al parecer emprendió un operativo al enterarse de la presencia de varias columnas del Bloque Sur de las FARC-EP. El balance fue de diez muertos, cuatro militares y seis presuntos guerrilleros. 

 

El Acuerdo sobre participación política, llegó en noviembre de 2013, seis meses después del Acuerdo sobre Tierras. Así como el acuerdo agrario, un acuerdo de participación política, significó un importante avance, pues es el reconocimiento de un problema histórico en todo el Conflicto Armado Colombiano. Esta lucha armada, ha sido la lucha por el acceso al poder y la representación efectiva bajo un sistema democrático. Ha sido el debate sobre el orden de una sociedad que desde su independencia, venía intentando desarrollar un proyecto de nación como república con un régimen democrático, pero que en su intento ha vivido casi permanentemente en un estado de guerra civil, disputando el poder en las urnas, pero armados, incluso cuestionando, como en todo occidente, el mismo sentido o conveniencia de la república y de la democracia. “Una democracia armada” como la define Gonzalo Sánchez y otros autores como Javier Guerrero. 

 

El acuerdo trató sobre temas que siempre quedaron relegados o completamente ausentes en anteriores procesos de paz, como el estatuto de la oposición, las garantías al ejercicio de la protesta o el acceso a medios de comunicación, no solo para las FARC-EP cuando se convirtieran en partido político sino para todos los movimientos o partidos, antiguos y nuevos.  

 

Otro importante aporte a la “salud” del sistema político colombiano fue el reconocimiento en este acuerdo, de buscar herramientas y programas para la reconciliación, como camino para superar los odios, la estigmatización y promover la tolerancia y la convivencia. Complementando este acuerdo sobre política, se pretendió fortalecer la participación y veeduría ciudadana desde lo local y regional, con el propósito de propiciar un mayor involucramiento en los planes de desarrollo y por supuesto la seguridad de quienes participan en la acción política desde lo local. De la misma manera se pretendió dar mayor transparencia y solidez al sistema electoral, así como el llamado enfoque de género, que se entendía como una activa y prioritaria participación de la mujer, pero que para algunos sectores intransigentes su sentido siempre fue sospechoso y motivo para tergiversar información y atacar los diálogos. 

 

Los objetivos principales sin embargo, fueron menos publicitados y en cambio, el debate que despertó este acuerdo, se centró principalmente en las llamadas “circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, que significaban la participación política de integrantes de las FARC-EP en el parlamento, inmediatamente se cerrara el Acuerdo Final y luego de convertirse en un movimiento político con personería y en la completa legalidad. Partidos y movimientos de derecha y opositores al gobierno y a los diálogos de paz de La Habana, cuestionaron la apertura a que miembros de la guerrilla, con acusaciones o condenas graves, como crímenes de lesa humanidad, pudieran participar y tener voz y voto en el parlamento y demás instancias de participación. Esta discusión fue permanente desde la comunicación de este acuerdo hasta hoy día. Incluso no han dejado de presentarse altercados y escenas de ira y odio entre algunas bancadas del congreso, que aún no reconocen la legitimidad de la presencia de miembros de las antiguas FARC-EP, ahora pertenecientes al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común —FARC (desde 2021, Comunes) en el Congreso, y en igualdad de condiciones junto a partidos tradicionales. 

 

El anuncio de un segundo cese unilateral al fuego por parte de las FARC-EP, no fue recibido con entusiasmo, más bien con resentimiento. Un día antes, en la población de Inzá, en el Cauca, se presentó un atentado a la estación de policía. Un camión explotó y provocó la caída de la edificación, por lo cual seis uniformados y tres civiles perdieron la vida, también hubo cerca de 35 heridos. En La Habana, las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, cerraban el 17º ciclo de conversaciones, en el cual se discutía sobre narcotráfico. A manera de protesta, en el tradicional comunicado conjunto al finalizar cada ciclo, la delegación del Gobierno no hizo ninguna declaración. Esta tregua sería por 30 días, iniciando desde el 15 de diciembre.

 

Justo al finalizar la tregua decretada, se presentó en Pradera, Valle del Cauca, un ataque de las FARC-EP (columna móvil Gabriel Galvis, según las autoridades) con una motocicleta bomba cerca a la alcaldía municipal. En estos hechos, murió una persona y 61 más quedaron heridas. La delegación de las FARC-EP en La Habana negaron la acusación. Según sus declaraciones, su organización no realizaba ataques directos a la población o a autoridades civiles. Mientras tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, comparaba a las FARC-EP con el grupo terrorista de Al Qaeda. 

 

El 2014 fue un año electoral y era costumbre pasar las jornadas electorales en Colombia con noticias sobre atentados a los sitios de votación. Para esta vez, las FARC-EP y el ELN anunciaron un tercer cese unilateral al fuego entre el 20 y el 28 de mayo. 

 

Ese mismo día, La Habana volvió a ser noticia con el anuncio de un nuevo avance en las negociaciones, con el Acuerdo sobre narcotráfico. Y así quedó cerrado el panorama para que la popularidad del gobierno tomara aire y por supuesto la candidatura de Juan Manuel Santos. El resultado favoreció al candidato opositor, Oscar Iván Zuluaga, por encima de la candidatura de Santos. Sin embargo, en la segunda vuelta el vencedor fue Juan Manuel Santos, lo cual permitió la continuidad de los diálogos en La Habana. 

 

Un mes después de la posesión de Santos, en septiembre de 2014, un combate en Montelíbano, Córdoba, dejó 7 policías muertos y otros 7 heridos. Los informes del gobierno aseguraron que la responsabilidad fue de las FARC-EP y una banda criminal, los “Urabeños” o “Clan Úsuga”. Algo particular es que en este hecho, lo escandaloso en la prensa, fue la alarma por la retorcida alianza entre estas dos agrupaciones armadas, tradicional y conceptualmente antagónicas.  

 

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo la política de mantener los diálogos de La Habana en medio de la confrontación armada. Y así se mantuvo a pesar de duros golpes y atentados a la Fuerza Pública y a la población civil, sólo hasta que se presentó la noticia del secuestro del comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, general Rubén Darío Alzate Mora, una funcionaria y un cabo del Ejército, el 16 de noviembre. El presidente suspendió provisionalmente los diálogos, pues nunca antes había estado un comandante de tan alto rango en poder de esa guerrilla. La crisis se superó luego de 13 días de cautiverio. 

 

Posteriormente la isla de Gorgona fue objetivo de ataque el 22 de noviembre de 2014,  por parte de guerrilleros del frente 29 de las FARC-EP, con explosiones de tatucos, granadas y ametralladora. Durante 20 minutos los guerrilleros atacaron a los 12 uniformados de la estación en horas de la madrugada, dejando como resultado un muerto, cuatro heridos y tres desaparecidos. Horas más tarde los desaparecidos fueron encontrados. Posterior a ello, el Gobierno anunció la construcción de una estación de guardacostas, la reparación de las instalaciones de la policía y el aumento del pie de fuerza. 

Mediante un comunicado expuesto en su web oficial, las FARC-EP anunciaron “un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido”. En el comunicado el grupo guerrillero informó que el 20 de diciembre de 2014, se daría inicio al cese, además como lo mencionó la revista Semana, solicitaron el “acompañamiento de Unasur, la Comunidad de  Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Frente Amplio por la Paz.” Todo ello con miras a un armisticio.  

En febrero de 2015, se dio un nuevo avance en el proceso de paz. Durante cinco meses un grupo de académicos —doce para ser más precisos—, construyeron de forma independiente un documento que tuvo como objetivo explicar el origen y las causas del Conflicto Armado Colombiano. El equipo estuvo conformado por seis académicos sugeridos por el Gobierno y seis más, sugeridos por la guerrilla de las FARC-EP. Se conocieron como la Comisión Histórica del Conflicto, conformada desde el 21 de agosto de 2014.

Contó con dos relatores, Eduardo Pizarro en representación del equipo de las FARC-EP y Víctor Moncayo en representación del Gobierno, quienes expusieron el resumen de los documentos compilados el 10 de febrero de 2015.  En la socialización del resumen el diario El Tiempo mencionó:

“Pizarro dijo que no se trataba de construir una “historia oficial” y que el logro es “contribuir a la mesa de paz y abrir un debate nacional en torno a las grandes preguntas de este tipo de comisiones: qué pasó, por qué pasó, qué consecuencias tuvo y, muy importante, cómo superarlo y evitar que se repita”.”

Por otra parte refirió que Moncayo:

“comentó que el informe “abre senderos hacia la verdad del conflicto. La verdad no está solamente en quienes han sido testigos o actores del conflicto, tampoco está en la verdad exclusiva judicial, (…) es la explicación de un conjunto de circunstancias muy complejas que han ocurrido a los largo de los años y que han conducido a esta realidad”.” [sic]

Cabe resaltar que dichos informes y su compilado no tuvieron incidencia jurídica, sino más bien, fueron un aporte pedagógico, para brindar al proceso de paz un contexto más amplio de la diversidad de razones que dieron origen y alimentaron el Conflicto Armado Colombiano durante tanto tiempo, además de su aporte a la construcción de la verdad. 

El 10 de marzo de 2015, como una medida para desescalar el conflicto, el presidente Juan Manuel Santos, declaró la primera suspensión de bombardeos sobre campamentos de las FARC-EP, desde el inicio de las negociaciones. Determinó que fuera por un mes y que su continuidad dependería del cese al fuego decretado por las FARC-EP. Esto hizo parte de los avances logrados por los acuerdos de la Comisión especial para el desarme del conflicto. Hacía cinco días se había anunciado un acuerdo para limpiar el campo colombiano de minas antipersonas.

 

Un mes más tarde, el 15 de abril el presidente anunció la reanudación de los bombardeos, luego de que 11 militares murieran en un combate con la columna Miller Perdomo de las FARC-EP, en el municipio de Buenos Aires (Cauca). 17 soldados más, de las tropas del Batallón de Combate Terrestre No. 110, de la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo, resultaron heridos. La delegación de las FARC-EP en La Habana, señaló que estos sucesos habrían podido evitarse si el gobierno tuviera una política coherente, no negociar en medio del conflicto como lo venía haciendo y accediera a un cese bilateral del fuego. Un mes más tarde, el 19 de mayo, el presidente anunció un cambio en el gabinete. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue reemplazado por Luis Carlos Villegas, quien era el embajador de Colombia en Estados Unidos, y Pinzón quedó en la embajada. 

 

En esa misma semana de mayo, las FARC-EP, dieron por terminado el cese al fuego decretado en diciembre del 2014. El 22 de mayo de 2015, se notició sobre un bombardeo del ejército al Frente 29 de las FARC-EP, en donde murieron 26 guerrilleros y se incautó armamento. La Fuerza Aérea informó que 10 aviones Super Tucano sobrevolaron el sector y que dos bombas cayeron sobre el campamento. El ataque se produjo en el municipio de Guapi en el Cauca. En La Habana, los jefes de la guerrilla anunciaron la suspensión del cese al fuego unilateral y señalaron que seguirían dialogando a pesar de todo. Este bombardeo cerró una tregua que alcanzó los seis meses. 

 

“Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, durante los seis meses del cese unilateral de las FARC, las acciones armadas se redujeron en un 90%. Pasaron de 1.200 a 180.” Semana, mayo 22 de 2015

 

Sin embargo, algunos opositores a las negociaciones de paz como el procurador Alejandro Ordoñez, se expresaron con burla sobre la tregua y señalaron la necesidad y la legitimidad de que el Ejército continúe combatiendo a la guerrilla.

 

En el mes de julio se logró la estabilización del proceso, cuando las delegaciones en La Habana, en un nuevo comunicado, dieron a conocer la coordinación conjunta para lograr avanzar en el desescalamiento del conflicto, en el tema de desminado.

 

“La tarea que haremos con la colaboración de una organización Noruega especializada en desminado, significará llevar alivio a las zonas más afectadas por décadas de violencia. Será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme,  sin armas y  previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley, para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado. El Batallón de Desminado del Ejército Nacional -BIDES- se encargará de la limpieza y desminado de las zonas bajo la coordinación de Noruega. Todo esto se dará en un marco de diálogo con las comunidades con el fin de informar a los ciudadanos de los procesos y mecanismos.” Comunicado conjunto de los Diálogos de La Habana.

 

El 25 de julio, el presidente Santos anunció una segunda suspensión de los bombardeos contra las FARC-EP y se dio inicio al periodo de tregua bilateral más largo y con los resultados más positivos en materia de violencia y víctimas. A un año de este acuerdo bilateral de desescalamiento, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-CERAC publicó un informe positivo, concluyendo que “el conflicto armado entre las FARC y el estado colombiano ha caído a sus niveles mínimos en 52 años, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y de acciones violentas.” 

Se puede consultar aquí: https://www.blog.cerac.org.co/un-ano-de-desescalamiento-conflicto-casi-detenido 

 

A dos meses de este anuncio, en el mes de septiembre se informó desde La Habana de un Acuerdo sobre Justicia. Un acuerdo que tardó en concretarse más de un año, desde el Acuerdo sobre Narcotráfico logrado en mayo de 2014. Este acuerdo, debía ser la respuesta de las partes en el conflicto a todas las víctimas. Pero también significaba la respuesta a sectores de oposición a los diálogos, en cuanto a justicia efectiva, uno de los mayores cuestionamientos a este ejercicio de buscar el fin del conflicto por la vía del diálogo. 

 

En este acuerdo, se destaca la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal especialmente diseñado para garantizar a las víctimas la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; además de seguir lo que la Constitución y los acuerdos internacionales exigían. Este sistema permitiría indultos y amnistías, cobijaría a todos los involucrados en el conflicto, combatientes o no, pero también sería intolerante con los reincidentes o con aquellos criminales que quisieran acogerse a estos beneficios sin ser parte. El enfoque de esta justicia, sería restaurativa, en la cual la satisfacción de los derechos de las víctimas era el eje central. Otro aspecto que llamó la atención fue la garantía de no extradición.

 

Tras este acuerdo el presidente Santos se arriesgó a decir que el fin del conflicto y el acuerdo final, llegaría en marzo de 2016, esto en medio de su primera visita a La Habana, junto a su equipo de negociación. Un hecho muy publicitado, pues por primera vez se reunió con altos mandos de la guerrilla como Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; además del anfitrión, el propio presidente de Cuba, Raúl Castro.

 

Complementario al Acuerdo sobre justicia, llegó en diciembre de 2015, el Acuerdo sobre víctimas, en el cual se formuló el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición - SIVJRNR. Este Sistema, estaría compuesto por las siguientes entidades: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz (formulada en el acuerdo del pasado septiembre de 2015) y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

 

Todos estos mecanismos para la garantía de los derechos de las víctimas, ha sido el protagonista en el periodo de pos acuerdo. También por supuesto el más atacado respecto de sus resultados, actividades o productos, por parte de los partidos y movimientos críticos de los diálogos de paz en La Habana. Sin embargo, también ha sido un organismo histórico si se analiza cualquier conflicto armado y su modo de resolución. Se ha convertido en referente internacional por su estructura, sus apuestas por una justicia restaurativa y sin duda por el blindaje jurídico que le ha permitido sostenerse a pesar de los ataques e intentos por derogarlo, incluso desde el propio gobierno. 

 

Ya avanzado el proceso en los acuerdos esenciales, faltaba resolver el mecanismo mediante el cual se verificaría el cumplimiento de dichos acuerdos. Se resolvió en enero de 2016 pedir a la ONU y a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que lideraran la escogencia de quienes conformarían la misión especial de verificación y el monitoreo al cese al fuego bilateral y definitivo. También se declaró que ningún país limítrofe haría parte de la verificación. Por otra parte se señaló que no sería una misión armada, sino política, lo que significa que no incluiría a los conocidos cascos azules. 

 

Su labor incluiría dirimir controversias, hacer recomendaciones y presentar informes periódicos, todo esto por aproximadamente 12 meses pero con opción de prorrogarse. El Consejo de Seguridad de la ONU asumiría la financiación de la misión. El 19 de enero por unanimidad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aceptaron crear la misión política.  

 

En febrero de 2015, el gobierno de Barack Obama había designado a Bernie Aronson como su Enviado Especial para acompañar las negociaciones en La Habana. Un año más tarde, se anunció un paquete de asistencia económica para los programas en el posconflicto. 

 

“Ese paquete de asistencia, que suma unos 450 millones de dólares, será presentado oficialmente al Congreso el próximo 9 de febrero cuando entregue su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2017 (que arranca en octubre) y desde allí iniciará su trámite en el legislativo, que es quien tiene la última palabra.” El Tiempo, febrero 4 de 2016

 

La propuesta de Obama, de este paquete de recursos estaba destinado para fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición - SIVJRNR, para programas para la desmovilización de los guerrilleros, el desminado y por supuesto, para la lucha contra las drogas. Igual que aquí en Colombia, en Estados Unidos habría también que trabajar para buscar aliados de los Diálogos de La Habana. Sectores tanto republicanos como demócratas aún veían con desconfianza los avances, resultados y acuerdos de este proceso de paz. 

 

En este ambiente positivo de respaldo al proceso, vendría una nueva señal de apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando el secretario de Estado, John Kerry, se reunió en la tercera semana de marzo en La Habana con los negociadores del Gobierno y de las FARC-EP. Kerry llegó a La Habana como parte de la comitiva que acompañó al presidente Barack Obama en su histórica visita a Cuba, en el marco del proceso que se venía impulsando para la normalización de las relaciones entre las dos naciones, luego de 57 años de bloqueo a la isla. Sin embargo, esta reunión hizo parte de una agenda paralela para revisar los avances del proceso de paz de Colombia. 

 

Entre tanto, el Clan Úsuga, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, afectó la cotidianidad de siete departamentos en el mes de abril, con un paro armado previsto para 24 horas. Como justificación plantearon el descontento por el incremento de las operaciones de la Fuerza Pública en su contra. Los departamentos que se vieron afectados fueron Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Sucre, Magdalena y Norte de Santander, además de algunas regiones en Santander.

El comunicado lo emitieron mediante panfletos y por redes sociales, con membrete de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Y aunque en dicho comunicado se informó que sería pacifico, realizaron varios atentados. Asesinaron cuatro policías y dos militares en acciones en Antioquia, Chocó y Magdalena; quemaron carros, un bus y un furgón.

La revista Semana citó las palabras del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas:

“El Clan Úsuga pretende mantener las amenazas sobre ciertas comunidades, especialmente empresariales, tanto en lo urbano como lo rural, este fin de semana. (…) Quiero pedir a los ciudadanos que no se dejen convencer de estas amenazas (…) Y mucho menos de mezclar marchas políticas con amenazas del crimen organizado. Nos preocupa esa mezcla de mafia y política”, recalcó.  

El “Plan pistola” del Clan Úsuga, también conocidos como los “Urabeños”, logró generar tanto terror en la población, que comerciantes y transportadores, vieron afectada su economía por el cierre u ausencia de la población, por el miedo de salir a las calles.

Mientras tanto, en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en el mes de abril de 2016, se empezó a plantear la necesidad de blindar jurídicamente lo que se estaba acordando en la mesa de negociaciones.

La revista Semana rememoró que para noviembre de 2012, las FARC-EP habían respondido a la asesoría de Álvaro Leyva, y habían enviado una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, con el fin de presentar el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como un “acuerdo especial”, bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Dicha asesoría fue escuchada, puesto que acogiéndose al artículo 3 de los Acuerdos de Ginebra, lo acordado en la mesa podría ser parte del bloque constitucional entendiendo que, al Colombia suscribirse a los Acuerdos de Ginebra, el derecho internacional prima sobre el derecho interno. 

Ya en abril de 2016 los negociadores del Gobierno y las FARC-EP, llegaron a un consenso sobre la necesidad de blindar los acuerdos jurídicamente y acordaron que el mecanismo sería mediante la categoría de “Acuerdo especial” contemplado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para poner fin al conflicto interno. Con ello garantizarían el cumplimiento de lo acordado, aún en próximos gobiernos y lograrían que fuese parte del bloque constitucional. El primer paso fue incluir un artículo en la Constitución —transitorio—  para que, sustentado en el derecho a la paz, el acuerdo final de La Habana pudiese estar en la categoría de “Acuerdo especial”.

La revista Semana en relación al “Acuerdo Especial”, en una noticia del 12 de mayo de 2016 mencionó:

“Es decir, finalmente las FARC dieron su brazo a torcer y aceptaron al Congreso como "instancia legítima" para que lo evalúe y le dé el visto bueno. Así pues, una vez se firme y se resuelvan dos de los seis puntos que faltan de la agenda, -fin del conflicto e implementación y refrendación- el Gobierno le presentará al Legislativo un proyecto de ley ordinario para que se apruebe lo negociado como acuerdo especial, y así pueda ser incorporado al bloque de constitucionalidad.”

Por su parte el diario El Tiempo citó:

“Hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho acuerdo final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”, dice el comunicado suscrito entre las partes.”

Así, las partes negociadoras buscaron asegurar con este mecanismo, el cumplimiento del Acuerdo Final que se terminó pactando. Y con el fin de implementar los acuerdos de paz resultados en La Habana, el Gobierno solicitó una reforma a la Constitución en el mes de septiembre de 2015, y finalmente, después de diez meses de debates en el Senado y la Cámara de Representantes, fue aprobada.

Las reformas que se requirieron para la implementación de lo acordado en La Habana, fueron tramitadas por el Congreso, con variación de tiempos. Como lo mencionó la revista Semana “Si normalmente las leyes necesitan cuatro debates, el trámite se redujo a dos. Y las reformas constitucionales no se aprobarían en ocho debates sino en solo cuatro. Además, no solo serían competencia de los congresistas de las comisiones primeras, sino de todas las demás, dependiendo de la materia.” (Semana, junio 15 de 2016).  En el acto legislativo se incluyó además un nuevo artículo que hace mención del acuerdo de paz, como “Acuerdo especial”, bajo el Convenio de Ginebra. 

El 23 de junio de 2016, el gobierno de Colombia y el grupo armado de las FARC-EP, firmaron el quinto punto del Acuerdo final para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. El acuerdo incluyó la decisión de definir 23 zonas de concentración para los integrantes de las FARC-EP que se acogieran a los acuerdos, donde permanecerían vestidos de civil y sin armas. Las armas que dejaran las FARC-EP y demás medidas de seguridad en las 23 zonas, serían monitoreadas por el Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU. Por otra parte acordaron aceptar el mecanismo de refrendación que la Corte Constitucional determinara para que los colombianos avalaran o no el Acuerdo Final. 

 

Gracias a este Acuerdo, se pudo ver la imagen del presidente Santos y el máximo jefe de las FARC-EP, conocido por Timochenko, estrechando sus manos tras la firma del documento, delante del mismo Ban Ki-moon y de cinco presidentes más, entre ellos por supuesto, Raúl Castro, presidente de Cuba. El presidente Santos se mostró optimista en cuanto a finiquitar los puntos que faltaban para el Acuerdo Final, y aseguró que la firma de éste sería en Colombia. 

 

Finalmente el 24 de agosto de 2016, se dio el cierre de las negociaciones en La Habana, Cuba. Las delegaciones del gobierno y las FARC-EP firmaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera. Este documento, fue el que en los meses siguientes, se convirtió en el tema central de partidos políticos, medios y ciudadanía en general. Por supuesto también para las tropas de las FARC, las cuales organizaron la Décima Conferencia Guerrillera, histórico encuentro donde a cambio de estrategias de guerra, se socializaron los acuerdos de paz. Los últimos asuntos por definir, fueron por ejemplo, delimitar los municipios para las 23 zonas en donde se concentrarían los guerrilleros de las FARC, que serían 144; también sobre amnistía, reincorporación y participación política. 

 

Así las cosas, el presidente Santos anunció el cese del fuego bilateral definitivo a partir del 29 de agosto de 2016, dando la orden correspondiente como máximo jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, en medio de la ceremonia de entrega del Acuerdo Final al Congreso Nacional en Bogotá. Como se definió, el plebiscito para refrendar este acuerdo se realizaría el 2 de octubre de 2016. Por lo cual se inició la carrera de las partes firmantes para socializar y divulgar su contenido; y así buscar la aprobación de la ciudadanía, contra una oposición intransigente que también hizo su propia campaña, la del NO.

 

Continuando con el espíritu optimista, el 26 de septiembre el presidente Santos y Timochenko, frente a 13 presidentes latinoamericanos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 27 cancilleres, entre ellos el secretario estadunidense John Kerry, las víctimas del conflicto y 2500 invitados más, se reunieron para llevar a cabo en Cartagena la firma del Acuerdo Final. Una ceremonia enorme, llena de simbolismos y con una imponente vestidura blanca. Timochenko, máximo jefe de las FARC en su intervención, pidió perdón en nombre de esta organización armada y declaró que “nuestra única arma será la palabra”. El presidente Santos por su parte saludó a las víctimas y se dirigió a las FARC diciendo “les doy la bienvenida a la democracia".

 

Tras un largo mes de campaña electoral, el debate entre un SÍ o un NO al Acuerdo Final de La Habana, concluyó con un resultado que ninguna de las partes esperaba. La ciudadanía no asistió masivamente a votar (apenas un 37% del censo electoral) y ganó el NO por escasos 60.374 votos, 6`422.136 contra 6`361762. Aunque en principio había temor de que frente al resultado del plebiscito, las FARC decidieran retirar su voluntad de paz, Timochenko declaró que “Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es más grande, y nos requiere más fuertes para construir una paz estable y duradera”. La principal figura de la oposición, Álvaro Uribe, indicó que estaría dispuesto a un “gran pacto nacional. Pedimos protección a las Farc y que cesen todos los delitos”. 

 

Castrochavismo, ideología de género, impunidad para secuestradores, atentado a la propiedad privada, deshonra para las Fuerzas Armadas, miedo a un demonio escondido, fueron los elementos elegidos por la eficiente campaña del NO, que movió la psiquis de muchos colombianos, hasta convencerlos de que lo más patriótico y moral, era rechazar el Acuerdo Final. 

 

Pero prontamente, el presidente Santos convocó a los voceros del NO a un diálogo político. Diálogo entre el gobierno y el NO, que más tarde llevó a la mesa en La Habana, las inquietudes que surgieron. No se trató de una renegociación, sino de escuchar a un tercer integrante que no había sido escuchado, pues por su propia cuenta había rechazado ser parte de la dinámica de los diálogos en La Habana. 

Esa misma semana el comité Nobel de Noruega eligió al presidente Juan Manuel Santos como el merecedor del premio Nobel de Paz del año 2016, reconociendo los esfuerzos realizados para poner fin al conflicto interno colombiano.

El presidente Juan Manuel Santos le mencionó a la prensa que lo recibió en nombre de los colombianos, con especial homenaje a las víctimas que ha dejado el conflicto armado.  Semana citó:

“Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera”.

Por su parte, El Tiempo hizo mención al discurso del Comité Nobel de Noruega, donde de igual forma hizo tributo a las víctimas del conflicto interno, a la esperanza de la población para encontrar la paz justa, y un llamado a mantener el cese al fuego, por el peligro que representó el plebiscito al ganar el NO, en la voz y voto de un gran número de colombianos. 

Luego de los inesperados resultados del NO en el plebiscito el 2 de octubre, el Gobierno y las FARC en el mes de noviembre anunciaron el nuevo acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones de La Habana, el cual según refirieron, incluye las propuestas formuladas por diversos sectores, particularmente los promotores del NO.

En palabras del negociador Humberto de la Calle, citadas por la revista Semana mencionó:

“Fue un esfuerzo genuino, leal, que nos permitió recopilar la totalidad de las iniciativas, ordenarlas, estudiarlas a fondo, luego de cerca de cien horas de intercambio directo de opiniones en un ejercicio constructivo, franco y democrático”, dijo Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno. “Con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor”.

Las modificaciones principales fueron sesenta, estuvieron relacionadas con la entrega de un inventario por parte de las FARC, de los activos con los que contaba la organización para hacer la reparación a las víctimas; mecanismos de restricción de la libertad para los casos de crímenes más graves; y peticiones relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz tales como la eliminación de magistrados extranjeros. Además se descartó incorporar el acuerdo a la Constitución y se dió claridad sobre los postulados del “enfoque de género” para dar respuesta a los grupos religiosos que optaron por el NO al encontrar confusión sobre ello.   

El 24 de noviembre se firmó en el Teatro Colón en Bogotá, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, los firmantes el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe de las FARC. Esto se llevó a cabo en una ceremonia sobria, con unos 750 invitados. De esta manera quedó plasmada la voluntad de las partes para dar inicio al fin del conflicto armado y la inclusión política de una oposición que dejó atrás sus armas para apostarle a la construcción de un país democrático.  

Más tarde en Oslo, en nombre de las víctimas del conflicto acaecido en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos recibió el premio Nobel de la Paz, en presencia de los reyes Harald y Sonia de Noruega, el sábado 10 de diciembre de 2016.

El Nuevo Siglo citó el inicio del discurso así:

"La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado", añadió, solemne, el presidente en el comienzo de su discurso.”

También otros medios registraron el discurso completo del presidente Juan Manuel Santos y posteriormente la intervención de Berit Reiss-Andersen, vicepresidenta del Comité Noruego del Nobel, quien hizo alusión a los esfuerzos del presidente.

“Un pueblo que, a pesar de grandes penurias e innumerables abusos, nunca ha perdido la esperanza de una paz justa (…). Nuestro tributo corresponde más que todo a los representantes de las víctimas de la guerra civil”, aseguró. El Tiempo

Tres días después la Corte Constitucional avaló el Fast Track, con ocho votos a favor y uno en contra, para agilizar la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana. Éste permitió agilizar el trámite de las reformas y leyes necesarias para el inicio de la implementación de los acuerdos, mediante la disminución de los debates que se requerían en el Congreso y con el voto en bloque de los congresistas. El Fast Track dio seguridad a las FARC y permitió que los tiempos cubrieran el periodo de amnistía, puesto que sólo contaban con 180 días para la dejación de las armas.

Finalizando diciembre la Ley de amnistía e indulto para las FARC —primer proyecto de ley— fue votada y aprobada en la Cámara, con los votos justos, obteniendo 121 votos en Cámara y 69 votos en el Senado. Dicha amnistía cobijó a los guerrilleros rasos y permitió un tratamiento jurídico especial para los agentes del Estado.

Todo esto dio seguridad para el inicio del traslado de los guerrilleros a las zonas veredales, destinadas para su permanencia, la entrega de armas y así prepararse para su reintegro a la vida civil.