Octubre de 1986
Leídas y estudiadas las bases de la estrategia presidencial para la paz con los nombres de “Reconciliación, Normalización y Rehabilitación”, nos permitimos con todo respeto exponerle lo siguiente:
Con los acuerdos de La Uribe el gobierno del doctor Belisario Betancur y las FARC sentaron la piedra angular del proceso de paz para la reconciliación nacional. Se dijo entonces que aclimatar la paz, luego de 40 años de guerra no declarada, era empresa sumamente complicada y difícil que requería mucha prudencia y un esfuerzo denodado y sostenido de los colombianos. Dichos acuerdos dicen lo siguiente: (…)1
1 Cita en extenso los Acuerdos de Uribe, Meta, suscritos entre la Comisión de Paz y las FARC-EP, el 28 de marzo de 1984 y el de ratificación de la tregua bilateral del 2 de noviembre de 1985, ambos ratificados por el Presidente
Belisario Betancur.
De los anteriores acuerdos ¿qué se ha cumplido de parte del Gobierno y de parte de las FARC, y qué no se ha cumplido? La verdad grande es que firmados los acuerdos, en lo fundamental cesó la guerra, se abrió el actual proceso de paz y con inmensas dificultades comenzamos a transitar caminos de entendimiento y reconciliación nacional. Si de por medio y en contravía del proceso de paz no se hubieran alzado y no se alzaran poderosos intereses reaccionarios, sin duda un medio ambiente de concordia habría surgido ya para todos los colombianos.
El señor Presidente doctor Virgilio Barco, debe quedar perfectamente claro del sentido y proyección de los acuerdos de Uribe, y al mismo tiempo sobre el que aquellos se convirtieron en un cuerpo de doctrina política para el tratamiento del proceso de paz y la verdadera reconciliación. En el Gobierno anterior el proceso de paz se afianzó por encima de enormes dificultades que siempre han partido y siguen partiendo del militarismo fascista que pugna por la guerra porque es enemigo furibundo de la paz.
En los documentos referidos (acuerdos de La Uribe y prolongación de la tregua) que son verdaderos tratados entre partes contendientes, claramente pueden hallarse dos formulaciones: una de orden militar y la otra de orden político y social. La primera, o sea el cese del fuego y la tregua en vía a un cambio del medio ambiente que garantice la firma de un tratado de paz democrática y duradera en Colombia, está envuelta en la segunda, o sea, la propuesta de reformas sustanciales, el levantamiento del estado de sitio, el desmonte de los organismos paramilitares y de la teoría fascista de la seguridad, para que puedan retornar a la vida del país las libertades públicas.
En el contexto anterior, con la mejor disposición de ánimo, nos permitimos examinar las bases de su estrategia de paz, señor Presidente:
“Un organismo con respaldo presidencial para avanzar en la reconciliación”.
El organismo dependiente directamente del Presidente de la República sin duda alguna puede ser extraordinariamente efectivo, pero en nuestro entender no está en posibilidad de cubrir el territorio nacional, ni sus problemas en el orden del proceso de paz. Para esto, sería necesario un organismo grande, amplio y representativo, si se quiere mucho más amplio que la anterior Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, y de la misma manera varias subcomisiones regionales. No pueden 1, 5, 10 o 20 personalidades atender la empresa de la paz que es mucho más grande y complicada que todas las empresas de otros géneros. Por estas razones y con base en la experiencia de cuatro años anterior, el 8 de agosto de 1986, le hicimos a usted señor Presidente, la propuesta de crear otra gran Comisión de Paz. La verificación del cumplimiento de los acuerdos es una tarea muy grande, complicada y difícil que requiere el concurso directo de muchos colombianos. No pensamos que sea malo, que además del “organismo ligado directamente a la Presidencia de la República para coordinar las labores de la reconciliación, cada nivel del Gobierno y cada funcionario deberá cooperar con su trabajo en la gran tarea del progreso y de la convivencia”, aunque los hallemos más declaratorios que una posibilidad en trance de convertirse en realidad.
Nos gusta mucho el texto que lleva por título “Un Gobierno abierto a las propuestas de entendimiento”, cuando dice que: “El Gobierno estará siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas para encauzar la reconciliación y a considerar propuesta y alternativas de entendimiento. Dentro de esta orientación se han dado instrucciones expresas para que se sigan manteniendo los términos de los acuerdos que fueron firmados en el cuatrienio anterior y que mantenían su vigencia el 7 de agosto de 1986. Igualmente, se ha dotado de la autoridad y los instrumentos necesarios al Consejero Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación para que haga efectiva esa voluntad de entendimiento y de diálogo”.
En cambio no entendemos el texto bajo título “La institucionalización de los esfuerzos de reconciliación”, cuando habla de que los objetivos y los procedimientos estarán institucionalizados”. ¿Nosotros, las FARC, la parte realmente vital del proceso, pondremos sólo los oídos como en la parábola bíblica? ¿O somos parte consustancial del proceso? Sin duda sí.
Tampoco nos queda claro el texto bajo el título “El fortalecimiento del orden civil”, cuando dice: “La primera exigencia para superar los problemas de la República, es el fortalecimiento del orden civil. El nuestro, a pesar de todas sus deficiencia, es un Estado constitucional en el cual pueden convivir todas las tendencias, desde las más aferradas al pasado hasta aquéllas deseosas de introducir cambios radicales”. Pero si la teoría de la seguridad convertida en concepción de Estado y en el Estado mismo, con su estrategia total de la guerra que adquiere formas concretas en la despiadada “guerra interna” que padecemos los colombiano desde 1946, dice otra cosa y como estrategia total lo somete todo al imperio de la maquinaria bélica, ¿qué forma concreta asume el orden civil?
Se ve con satisfacción en las bases de la estrategia de paz del presidente Barco aquello de que “el Gobierno cumplirá siempre con su obligación de defender, bajo cualquier circunstancia, la plena vigencia de las garantías constitucionales y legales para que todos los grupos políticos puedan ejercer legítimamente y sin coacciones de ningún orden sus labores políticas, proselitistas y partidistas”, aunque no pueda tenerse en cuenta más de 300 muertos de la UP en los últimos tiempos, y entre ellos el representante a la Cámara Leonardo Posada, al senador Pedro Nel Jiménez, al diputado Rafael Reyes Malagón y 20 concejales de la Unión Patriótica.
Más adelante el documento bajo el subtítulo “La justicia eficaz, garantía de paz”, agrega “en el empeño de la paz corresponde a los jueces un aporte decisivo...”, y que “el Gobierno Nacional siempre buscará darle a los jueces con mayor razón en estas circunstancias excepcionales en que se hace más necesaria su función, los instrumentos apropiados para que desempeñen con eficacia y seguridad sus deberes”. ¿Por qué los jueces para el tratamiento de problemas de paz o de guerra que en el momento actual asumen dimensiones políticas de orden antes no conocido en la historia del país? ¿Por qué no una gran comisión compuesta por personalidades representativas de la vida política, social, económica y cultural de la Nación? Una comisión donde tenga representación el Parlamento, la Procuraduría General, el Gobierno, las fuerzas armadas, las FARC, y para no explicarlo de nuevo, tal cual lo proponemos en nuestra carta abierta del 8 de agosto de 1986, a vuestra excelencia. “¿O la intención es que toda violación de los acuerdos se convierta en cabeza de proceso para hallar de acuerdo con los términos establecidos, cuando el fallo ya no restablecería el equilibrio del proceso de paz? Hasta ahora lo que ha establecido la experiencia es que una gran comisión, ella directamente, o por intermedio de las subcomisiones regionales, en el instante de la violación de los acuerdos, se hace presente en el lugar de los acontecimientos, los trata allí mismo directamente y decide el restablecimiento de la normalidad. Es que el problema es el de las partes comprometidas en los acuerdos y una de esas partes es el Estado Mayor de las FARC. Si se insiste en la idea de “un organismo de verificación de naturaleza institucional” compuesto por jueces, en cualquier momento puede surgir un vacío que deteriore la tregua, y eso no lo queremos.
Redondeando ideas hacemos nuestras las de la aguda periodista María Jimena Duzán hondamente preocupada por la suerte del proceso de paz cuando escribe: “Dentro del actual régimen constitucional existirá un organismo de verificación idealmente compuesto por jueces con capacidad de investigar y fallar las denuncias de las fuerzas armadas y las FARC”. Y agrega: “Así se lee uno de los seis puntos con los que el Consejero para la Paz, Carlos Ossa Escobar, instaló la primera reunión del Gobierno de Barco con las FARC, en Casa Verde”. Y más adelante continúan: “Pero si la posibilidad de entregarle a los jueces de instrucción la verificación de los pactos de La Uribe resulta mucho más realista, existen varias dudas sobre la manera como este mecanismo se puede introducir en el complejo proceso de pacificación, para que sea efectivo y eficaz. Es sabido que desde el momento en que se dicta el auto cabeza de proceso, todas sus piezas quedan cobijadas por la reserva del sumario. Por lo tanto no pueden ser conocidas sino por el fiscal, el juez y los abogados de las partes. Además, tratándose de eventuales delitos imputados a miembros de las fuerzas armadas, su conocimiento correspondería a la justicia castrense, sobre cuya efectividad el país tiene suficientes elementos de juicio”. Y prosigue:
“Ni el ministro de Justicia tendría acceso a esos expedientes. Mucho menos lo tendría el Consejero para la Paz, quien no podría estar informado de la suerte de estos procesos, porque sería violar la reserva del sumario. Y resultaría poco eficaz un superministro de la paz, desinformado sobre estos hechos, ya que no contaría con elementos para poder sentarse a negociar con ninguna de las partes. Igualmente, el término de investigación cuando hay preso es de sesenta días prorrogables. ¿Podrá un proceso político como éste, que necesita de mecanismos tan eficaces y casi automático estar sujeto a los términos judiciales?”.
Y luego viene el puntillazo final: “Otro aspecto que parece un tanto desatinado es que se quiera sustraer del conocimiento de la opinión las negociaciones que este nuevo gobierno emprenda con las FARC. Lo decimos porque el presidente Virgilio Barco fue explícito en decir que no quería que la prensa cubriera dichas reuniones. “¿Acaso la opinión pública no tiene derecho a ser informada sobre un suceso que la toca como pocos tan directamente? Volver a la guerra de información tan tenaz que se fraguó en los últimos años del gobierno de Belisario Betancur no puede ser bueno ni para el proceso de reconciliación ni para el país”.
Sin duda al documento contentivo de la estrategia presidencial de paz lo anima el deseo de avanzar prontamente en el proceso que debería desembocar en la desmovilización. Este deseo es aparentemente lógico. Pero en los acuerdos de La Uribe y en los acuerdos de prolongación de la tregua se establece una secuencia más lógica que en nuestro entender es la que en realidad fundamental la paz, la reconciliación y el entendimiento entre la familia colombiana.
La cuestión concreta de la rehabilitación la entendemos así:
Rehabilitar personas, familias, regiones que lo perdieron todo por efectos de la violencia. ¿Qué personas, qué familias, qué regiones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Rehabilitar personas, familias regiones, es para que unas y otras se pongan en condiciones de reincorporarse en un medio ambiente nuevo al proceso productivo de la sociedad. Hay regiones en Colombia que como consecuencia de la violencia, dejaron de participar en el proceso productivo: Marquetalia, en el Tolima, Riochiquito en el Cauca; El Pato y Guayabero en el Huila; el Oriente del Tolima, la Provincia de Sumapaz; partes considerables de las cordilleras Occidental, Central y Oriental, el Magdalena Medio y el Alto Magdalena; Caquetá, y muchas otras regiones del país. Para no citarlas a todas, en Marquetalia, El Pato, Guayabero y una gran parte del oriente del Tolima, los antiguos propietarios bajo el imperio de la violencia fueron asesinados o abandonaron sus fincas y parcelas. Allí, ahora hay nuevos propietarios. Los antiguos propietarios se ubicaron en otras regiones y muchos se dedican ahora al cultivo de la coca. Hay que rehabilitar a esos antiguos propietarios, y si ya están muertos, a sus herederos o a sus familiares.
En esta dirección convendría plantear la organización de nuevos asentamientos de campesinos para aquellas miles de familias exiliadas por la violencia. Se plantean de inmediato la cuestión de la infraestructura de la rehabilitación: acometer la terminación de las carreteras troncales, de las carreteras de penetración, la construcción de ferrocarriles, la construcción y reparación de los caminos vecinales, la introducción de técnicas agropecuarias y agroindustriales, la solución al problema de la salud, la alfabetización, la educación primaria, secundaria y universitaria. La infraestructura de que se habla, necesariamente tiene que ver con la introducción de maquinaria al proceso productivo y modernos aperos de labranza, créditos baratos y a largos plazos, y centros de experimentación agropecuaria; solución del problema de la vivienda y la recreación.
Definir qué se entiende por rehabilitación. Es una rehabilitación con cargo al erario público, o con cargo a qué entidades y qué tipo de entidades. No será lo mismo la rehabilitación en áreas de los Llanos Orientales o en el Caquetá. Tampoco será lo mismo para el piedemonte llanero que para las vertientes de la Cordillera Oriental, de la Central o de la Occidental. Sin duda el Plan Nacional de Rehabilitación, y los planes concretos para asentamiento o asentamientos, tendrán en cuenta estas cuestiones. Habrá que hacer las listas de los que en Colombia necesitan la rehabilitación, listas en las zonas que deben ser rehabilitadas, y listas de posibles áreas de nuevos asentamientos humanos que requieren prioridad.
Fuentes de financiación de la rehabilitación: Asignación del presupuesto nacional, asignación de los presupuesto departamentales, de la Federación Nacional de Cafetero, del Fondo Nacional del Café, de los comités nacionales y departamentales cafeteros, del Fondo de Caminos Vecinales, del Fondo de Fomento del Presupuesto de Agricultura, del Fondo Nacional de Desarrollo, de los institutos descentralizados, de Ecopetrol, de la industria, de la banca, del comercio, el 50% del producido de las loterías y licoreras departamentales.
Nos gustaría hablar de reformas ahora pero preferimos hacerlo más tarde cuando en efecto aquéllas hayan sido aprobadas por el Parlamento, teniendo en cuenta nuestras opiniones. Por ahora lo que sabemos es que hay reformas en curso. Por ejemplo: hay proyectos de ley de reforma urbana. Qué bueno resolver el problema de la vivienda a millones de gentes necesitadas, sobre la base de la confiscación de las tierras de engorde en ciudades y poblaciones de alta densidad humana para entregarles casa a los que no la tienen, a costo de producción con la infraestructura de los servicios públicos y con un sistema de pago que no pase del quince por ciento (15%) de sueldos o salarios de los usuarios. Y qué bueno una reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios, la creación de unidades económicas de acuerdo con la fertilidad de la tierra, a las vías de comunicación y el acceso de los centros productivos y a los centros de mercado (ferrocarriles, carreteas, navegación). Suministro de maquinaria y demás tecnologías para que Colombia despegue hacia el progreso. Si se quiere un despegue semejante el Estado debe no sólo poner su empeño gigantesco sino el dinero necesario recurriendo a todas las fuentes posibles.
Y conste de una vez por todas que no habrá reforma agraria si ésta no dispone de su infraestructura correspondiente que vale 50 veces más que el simple reparto de tierras maquinizada cuesta plata, planes de envergadura nacional y gente que sepa de estas cosas. Las reformas no pueden ser enunciados de buenas intenciones, sino algo muy concreto, si en realidad se quiere trabajar en el sentido de un cambio del medio ambiente para que se aclimate la paz que todos deseamos.
Finalmente, nos parece de suma importancia la creación de la comisión permanente de derechos humanos del Congreso de la República, y la creación del cargo de procurador delegado para la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales en la Procuraduría General de la Nación que en el caso de no resurgir una gran comisión de paz, diálogo y verificación aquélla podría asumir tales funciones.
Del señor Presidente, doctor Virgilio Barco Vargas, compatriotas.
Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timoléon Jiménez.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE