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Septiembre 18 de 1986

 

La reconciliación, tarea primordial del Gobierno.

 

Cuando se perturba el funcionamiento de las instituciones, cuando se quiebra la convivencia entre los ciudadanos, la búsqueda de su restablecimiento y la reconciliación debe ser tarea primordial y permanente del Estado. Por ello dentro de la acción del Gobierno del presidente Virgilio Barco está el propósito claro de buscar la reconciliación de todos los colombianos dentro de la ley y el derecho y combatir al mismo tiempo la injusticia. La reconciliación nacional presupone voluntad y perseverancia, buena fe, claridad y lealtad en los compromisos, en los objetivos y en los procedimientos, si se quiere avanzar en un camino tan difícil.

 

Un organismo con respaldo presidencial para avanzar en la reconciliación.

 

Para hacer efectiva esta tarea, consolidar lo que se ha alcanzado y avanzar en el proceso, se ha creado un organismo dependiente directamente del Presidente de la República. Dicho instrumento institucional está bajo la responsabilidad de un consejero presidencial, que dirige y coordina los planes políticos, sociales y económicos que contribuyan a la reconciliación, aclimaten la normalidad y promuevan la rehabilitación de las zonas y las gentes azotadas por la violencia. Aunque existe un organismo ligado directamente a la Presidencia de la República para coordinar las labores de la reconciliación, cada nivel del Gobierno y cada funcionario deberán cooperar con su trabajo en la gran tarea del progreso y de la convivencia. No hay una parte del Gobierno que se ocupe de las cosas que están en paz y otra de las que están afectadas por la perturbación. Cada funcionario, cada instituto, cada instancia, en todos los niveles del Gobierno, tiene una responsabilidad en la consecución de la normalidad como una tarea solidaria de la Nación.

 

Un Gobierno abierto a las propuestas de entendimiento.

 

El Gobierno estará siempre dispuesto a examinar nuevas perspectivas para encauzar la reconciliación y a consolidar propuestas y alternativas de entendimiento. Dentro de esta orientación se han dado instrucciones expresas para que se sigan manteniendo los términos de los acuerdos que fueron firmados en el cuatrienio anterior y que mantenían su vigencia el 7 de agosto de 1986. Igualmente, se ha dotado de la autoridad y de los instrumentos necesarios al Consejero Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación para que haga efectiva esa voluntad de entendimiento y de diálogo.

 

Un paso adelante.

 

El Gobierno del presidente Virgilio Barco ha diseñado su política de reconciliación, considerando entre sus criterios la necesidad de darle continuidad y profundidad al proceso que en esa dirección se venía adelantando antes del 7 de agosto. El país, para seguir por el camino de la reconciliación, cuenta hoy, de un lado, con una serie de logros y, de otro, con un conjunto de dificultades y limitaciones que se fueron haciendo evidentes en el pasado. Por ello, ahora se asume el compromiso de dar un paso adelante en el que se amplíe y complementen los beneficios ya obtenidos y se remuevan los obstáculos persistentes.

 

La institucionalización de los esfuerzos de reconciliación.

 

Así, la Administración Barco inicia una nueva fase en la necesaria empresa de la reconciliación. Es una etapa en la que los objetivos y los procedimientos estarán institucionalizados. Se entiende que la manera de darle permanencia social y proyección política estable, a los alcances de la reconciliación, es superando las instancias interinas carentes de la suficiente fuerza constitucional y legal, para proceder a la institucionalización definitiva. No se deben crear falsas expectativas con respecto al logro de una misión tan compleja y ambiciosa. Pero aun así, la política de reconciliación avanzará con prudencia y decidida voluntad en la creación de las condiciones que nos devuelvan las bases sólidas de una convivencia perdurable. El fortalecimiento del orden civil es la primera exigencia en la búsqueda de la paz pública.

 

La primera exigencia para superar los problemas de la paz pública es el fortalecimiento del orden civil. El nuestro, a pesar de todas sus deficiencias, es un Estado constitucional que consta de ideologías que van desde las más aferradas al pasado hasta aquellas deseosas de  introducir cambios radicales. El fundamento de la convivencia es el respeto a las normas y la tolerancia hacia las opiniones contrarias, así se pretenda lograr virajes substanciales. Por eso, las instituciones deben tener plena vigencia o recobrarla cuando se ha perdido.

 

Si todos obramos dentro de las instituciones; si ceñimos nuestro comportamiento a los mandatos constitucionales y legales, si ventilamos nuestros desacuerdos por la vía política, si tramitamos nuestras controversias, conflictos y quejas haciendo uso de los recursos e instancias judiciales, si nos comprometemos en una auténtica y vigorosa empresa de cambio social, político y económico, si obramos con patriotismo, sinceridad y honestidad, podremos recupera la vida armónica de una sociedad civilizada.

 

La Unión Patriótica confirmación de los alcances democráticos de nuestro ordenamiento institucional.

 

En las Cámaras están representados los partidos políticos históricos y una nueva fuerza política: la Unión Patriótica. El Gobierno Nacional saluda su presencia como manifestación de las posibilidades de la reconciliación por la vía de la plena vigencia de la democracia. La formación de la Unión Patriótica y su reconocimiento por las autoridades legítimas ha creado un nuevo escenario político. Estos hechos atestiguan y confirman la validez de nuestras instituciones democráticas que por elecciones libres, como fueron las de marzo y mayo, permitieron ventilar nuestras divergencias políticas. Ese sentimiento democrático  ha penetrado en la conciencia de los colombianos y es un fundamento esencial para construir la plena convivencia. El actual Gobierno cumplirá siempre con su obligación al defender, bajo cualquier circunstancia, la plena vigencia de las garantías constitucionales y legales para que todos los grupos políticos puedan ejercer legítimamente y sin coacciones de ningún orden, sus labores políticas, proselitistas y partidistas.

 

La estrategia política: el esquema Gobierno – oposición.

 

El Gobierno Nacional ha iniciado sus labores con una clara voluntad política para lograr la ampliación y normalización de la democracia, como una estrategia fundamental para fortalecer el orden civil y la vigencia institucional de la participación y la voluntad ciudadanas. Dentro de la dimensión de la normalización democrática hay que destacar la ruptura con las restricciones heredadas de las normas del Frente Nacional, que deberá culminar en los acuerdos necesarios para reformar las correspondientes disposiciones constitucionales. Igualmente, el compromiso de realizar un Gobierno – programa, acogido en las elecciones por la amplia mayoría del pueblo colombiano, es una innovación que acerca el ejercicio del poder público a los ideales de la concepción democrática. A ello habría que añadirle el cumplimiento estricto de la promesa del presidente Barco de entregar las alcaldías al partido político que obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias cuando éste quisiera aceptarla, lográndose una anticipación de la elección popular de los mandatarios municipales y un evidente fortalecimiento de la democracia local.

 

La puesta en marcha del esquema Gobierno–oposición es otro elemento que contribuye significativamente a la normalización democrática y a la erradicación de la violencia. La dinámica política que surge de la dialéctica entre la oposición y el Gobierno es una manera de educar a la ciudadanía en la solución pacífica de los conflictos. El esquema Gobierno– oposición, por su capacidad de absorber el conflicto, de tramitar el desacuerdo, de procesar la crítica, de proyectar hacia el futuro panoramas diferentes de concepción de la vida política, económica y social, de crear espacio político para alternativas de poder, por todo esto, soluciona pacífica y legítimamente las divergencias que son naturales en la sociedad.

 

En la misma dirección se buscará que la institución del estado de sitio sea reformulada mediante la introducción de mecanismos constitucionales intermedios y graduales que permitan afrontar diversas situaciones de perturbación, sin someter al país y a los ciudadanos a todo el rigor que demandan las disposiciones vigentes sobre las situaciones de excepción. El proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia tiene que ser aún más profundo, Y esto se logrará con una más amplia participación ciudadana. El Gobierno Nacional impulsará la tarea legislativa dirigida a reglamentar tanto la elección de alcaldes como la consulta popular en el nivel municipal, así como aquellas otras reformas que a su juicio contribuyan a una más efectiva expresión de la voluntad ciudadana. Propiciará, también, la creación de una circunscripción nacional que permita a las minorías obtener una adecuada representación en el Congreso. Los proyectos respectivos ya han sido presentados ante el Parlamento.

 

La justicia eficaz, garantía de la paz.

 

En el empeño de la paz corresponde a los jueces un aporte decisivo. Que quien viole la ley, que quien sobrepase e infrinja las normas institucionales, quien quiera que él sea, cualquiera que sea su categoría o posición, reciba la correspondiente sanción. La paz y la convivencia reposan en una justicia eficaz, imparcial y pronta. El Gobierno Nacional siempre buscará darle a los jueces, y con mayor razón en estas circunstancias excepcionales en que se hace más necesaria su función, los instrumentos apropiados para que desempeñen con eficacia y seguridad sus deberes.

 

Una instancia de verificación respaldada con la fuerza de la ley.

 

En la empresa de la reconciliación y de la reincorporación son ineludibles los compromisos. Los acuerdos vigentes y aquellos que se llegaran a definir en el futuro, deben ser acatados en toda su extensión y sin excepción alguna, porque de lo contrario la credibilidad y las posibilidades de éxito del esfuerzo en su conjunto, sufrirían un deterioro irreparable. Para ello es necesario la buena fe y la lealtad de los firmantes. Pero también se requiere un organismo de verificación de naturaleza institucional y que tenga toda la capacidad operativa y legal para investigar y fallar en torno a las denuncias que se produzcan sobre la violación de los acuerdos. El Gobierno Nacional creará dicha instancia, con base en el ordenamiento constitucional y legal, de manera que su conformación cobije las autoridades judiciales competentes y correspondientes.

 

La pretendida justicia privada es intolerable.

 

Al Presidente de la República y su brazo armado deben proceder, estrictamente ceñidos a la Constitución, sometidos rígidamente a la ley, respetando los derechos que corresponden a toda persona como ser humano. Aparentemente el Estado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, están en desventaja. Quienes optan por la rebelión y quienes escogen la vía siniestra del terrorismo, violan derechos esenciales, el derecho a la vida, a la propiedad y a la seguridad. El Estado no puede utilizar métodos semejantes. Si lo hace, pierde su legitimidad, su prestancia moral y el acatamiento de las gentes, que son los fundamentos esenciales para el ejercicio permanente y sereno de su autoridad.

 

Uso legítimo de la fuerza.

 

La misión de la autoridad civil, apoyada cuando sea el caso con el poder reglamentado del estamento militar, consiste esencialmente en la defensa de los derechos y en las exigencias del cumplimiento de los deberes constitucionales de todos. Es la utilización legítima de la fuerza la que genera su aceptación por parte de la ciudadanía. Su uso arbitrario provoca rechazo y lleva a la violencia. Dentro de estos preceptos, las fuerzas armadas y el Presidente de la República, a quien la Constitución autoriza disponer de ellas para conservar en todo el territorio el orden público, preservarán la vigencia de las normas que protegen por igual a todos los colombianos, sin exclusión alguna.

 

La autoridad civil tiene fundamentada su legitimidad en la voluntad popular expresada libremente, lo que significa que su vigencia debe ser reconocida en cada porción del territorio nacional. Nadie distinto del Gobierno puede tomarse la vocería para interpretarla, razón por la cual corresponde a la autoridad civil la plena responsabilidad y control del orden público.

 

Una reconciliación del Estado con la comunidad.

 

La tarea de la reconciliación se entiende como una misión que, además de propiciar la reincorporación de los alzados en armas a la vida ciudadana, busca afianzar la confianza de las propias comunidades en la autoridad del Gobierno legítimamente constituido.

 

La reforma agraria, la reforma urbana, y la reorientación del gasto público en función de la erradicación de la pobreza absoluta conforman un conjunto de políticas que pretenden superar la condición de atraso y marginamiento que le impide a amplios sectores de nuestra población disfrutar de los beneficios de la vida social, política y cultural de la Nación. En este campo hay que destacar el Plan Nacional de Rehabilitación, rediseñado como una política coherente y coordinada de desarrollo regional para las zonas azotadas por la violencia, que será una manera de acercar el Estado a las necesidades de las gentes, logrando así su integración política, social y económica al resto del país.

 

Un plan de reincorporación de los alzados en armas.

 

El Gobierno Nacional tiene como objetivo poner en marcha un plan que permita la reincorporación a la plenitud de la vida civil de quienes han escogido el camino de la subversión armada. Dicho plan contemplará las condiciones necesarias para que puedan hacerlo dentro de un ambiente de seguridad, y así ejerzan como ciudadanos, los derechos que les corresponden en la actividad social, política, económica y cultural al igual que todos los millones y millones de colombianos que han vivido en paz.

 

Plan que considere un itinerario de desmovilización y reincorporación para aquellos alzados en armas que muestren su deseo de regresar al seno de la institucionalidad y la legalidad, de manera que gradualmente se logre el retorno a la plena convivencia pacífica. Esta es una manifestación palpable de la política de la mano tendida.

 

El pulso firme.

 

Pero también, y esta es la contrapartida ineludible de los esfuerzos de reconciliación y reincorporación, el Gobierno tiene el pulso firme para tomar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la vigencia de la Constitución y la Ley. No se admitirá que al amparo de la generosidad del Estado y de su voluntad de reconciliación se viole ninguno de los derechos de los colombianos, se infrinja la ley, se atente contra las instituciones o se conspire contra la democracia. En el cumplimiento de esa obligación no son posibles las ambigüedades o los atenuantes.

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE