Artículos

Julio 29 de 1988

 

Su excelencia monseñor Darío Castrillón, obispo de Pereira, como coordinador de la Comisión Preparatoria de la Cumbre del 29 de julio, solicitó una entrevista con el señor Presidente de la República. El motivo de la visita de monseñor Castrillón a la Casa de Nariño fue solicitar, a nombre de los miembros de dicha comisión, del Gobierno nacional los siguientes puntos:

 

1. La participación oficial del Gobierno en la reunión del 29 de julio, producto de los acuerdos alcanzados por eminentes colombianos en la ciudad de Panamá, con el propósito de obtener la liberación del doctor Álvaro Gómez.

 

2. La posibilidad de que asistan los miembros de los grupos subversivos, en particular el M-19, autor del secuestro de Álvaro Gómez y del homicidio del señor Juan de Dios Hidalgo, escolta del líder conservador.

 

En esta reunión el Gobierno nacional le explicó a monseñor Castrillón cuál es la posición oficial sobre la reconciliación nacional y sobre las solicitudes por él presentadas. Desde el mismo día del secuestro del doctor Gómez Hurtado, el Gobierno fijó claramente su posición. En esa ocasión se dijo que ese hecho se trataba de un típico acto terrorista en contra no solamente de una persona o una familia, sino en contra de toda la democracia. Ese carácter, que tipificó el acto criminal, no se modifica por la libertad afortunada del doctor Gómez.

 

El estado no puede aceptar la intimidación armada

 

Al mismo tiempo y tratándose de un secuestro con móviles políticos, el Gobierno, de común acuerdo con la familia Gómez Hurtado, consideró fundamental intentar establecer un contacto directo con el M-19, con el propósito humanitario de salvar su vida y defender su libertad. Así, el Gobierno participó en el proceso que culminó en la liberación del doctor Álvaro Gómez Hurtado y facilitó su éxito, sin comprometer la observancia a la Constitución y la ley. Pero el Gobierno no aceptó ni aceptará diálogos o negociaciones que pretendan obtener concesiones o resultados políticos bajo chantaje o a la sombra de la intimidación armada. Actuar de manera distinta no sólo sería abiertamente incompatible con el mandato de la Constitución y la ley sino que además crearía el inaceptable precedente de que actos criminales como el secuestro y el homicidio son instrumentos idóneos para doblegar la voluntad del Estado o para modificar nuestro ordenamiento político institucional. Por estas razones el Gobierno nacional se abstiene de participar oficialmente en la reunión del 29 de julio.

 

El gobierno estudiará las propuestas y conclusiones

 

Desde luego que el Gobierno no puede, ni debe, desautorizar los esfuerzos de buena voluntad que emprendan dirigentes de la vida nacional. Tampoco puede desestimar de antemano los resultados a que pudieran llegar, siempre y cuando tales resultados se enmarquen claramente dentro de los preceptos jurídicos y que contribuyan a la reconciliación nacional. Tiene la esperanza el Gobierno de que estos esfuerzos, que han promovido algunos líderes de la sociedad, no se constituirán en nueva frustración que contribuya a acrecentar el clima de violencia. Por ello, conserva el Gobierno nacional la mejor disposición de ánimo para estudiar las propuestas que de allí se desprendan.

 

El diálogo, medio indispensable para la reconciliación

 

El Gobierno entiende que el diálogo es un medio indispensable para lograr la reconciliación nacional. El país ya sabe que para que el diálogo pueda ser fructífero y abra un camino de paz, es necesario que tenga unos objetivos precisos y unos términos claros. El diálogo no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar en la reconciliación nacional. Es de la esencia de la democracia que todos puedan proponer diálogos sobre los problemas del país, debates sobre lo que hace y no hace el Gobierno, sobre las características de nuestra democracia, sobre los temas que evidentemente a todos nos interesan,  pero en el diálogo que se ha propuesto no se puede eludir una de las preocupaciones fundamentales del país, como es la presencia de los grupos armados. ¿Por qué, entonces, no dialogar también sobre su existencia, su razón de ser, sobre sus métodos, sobre sus acciones y sus verdaderas intenciones? Allí reside la posibilidad de que el diálogo conduzca a la reconciliación nacional.

 

El gobierno abierto al diálogo

 

Siendo así, reiteramos que para el Gobierno el diálogo es un procedimiento por medio del cual se deben lograr acuerdos, no para convivir con la guerrilla, sino para establecer los procedimientos y las garantías que logren el anhelado fin de la incorporación de los alzados en armas al proceso político legal. El Gobierno siempre ha promovido y continuará promoviendo diálogos que posean estas características. Dentro de un gran esfuerzo de reconciliación nacional, resulta indispensable que los alzados en armas den muestras claras que convenzan a la opinión nacional de que están dispuestos a abandonar definitivamente el uso de la violencia como instrumento de acción política. Al mismo tiempo, el

Gobierno reitera que no cejará en su empeño por acabar las injusticias sociales, erradicar la pobreza absoluta, profundizar la democracia y promover la convivencia pacífica entre los colombianos. Para este propósito, y en cumplimiento del mandato de cambio recibido del pueblo colombiano, el Gobierno presenta hoy al Congreso de la República un proyecto de reforma a la Constitución Nacional. Esta reforma creará el marco apropiado para la plena reconciliación nacional.

 

Respeto a la independencia del poder judicial, la constitución y la ley

 

Aunque el Gobierno se encuentra en esta permanente disposición de diálogo, su obligación constitucional es la de mantener el orden público, para lo cual deberá cumplir y hacer cumplir las leyes y, concretamente, las decisiones de carácter jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 119 de la Constitución Política. Dentro del marco constitucional del respeto a la decisión y competencia de las ramas del poder público, el Gobierno no puede interferir en las decisiones jurisdiccionales. Mal podría el Gobierno nacional valerse de órdenes transitorias o «salvoconductos» que sustraigan a determinadas personas del alcance de la ley o impidan el cumplimiento de las decisiones tomadas por el órgano jurisdiccional. No pueden existir ciudadanos que obtienen un tratamiento privilegiado frente a la justicia por su capacidad de utilizar la violencia, el secuestro, el terrorismo, la extorsión.

 

Proyecto de indulto y conversaciones directas

 

Con un generoso espíritu de reconciliación, el Gobierno propone una fórmula contemplada expresamente en la Constitución: conceder indulto por delitos políticos a quienes tengan una voluntad seria y transparente de incorporarse a la vida civil. Por esta razón y para sentar las bases sólidas de una paz duradera, el Gobierno está dispuesto a preparar, discutir y presentar al Congreso, con el respaldo de las fuerzas políticas, un proyecto de indulto que para su aplicación debe estar precedido de un proceso en el cual los grupos armados adquieren compromisos concretos con el Gobierno nacional. 

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE