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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAS

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Febrero 4 de 1983

 

Informe del Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, al Presidente de la República Belisario Betancur

 

Cumplo atentamente mi deber de poner en su conocimiento las conclusiones a que he llegado a cerca de las actividades del llamado grupo Muerte a Secuestradores (MAS).

 

Las he extraído de una cuidadosa investigación llevada a cabo en desarrollo de la decisión hecha pública por usted en su carta al doctor Otto Morales Benítez, Presidente de la Comisión de Paz, y cuya dirección y coordinación asumí en virtud de un acuerdo con los señores Ministros de Defensa, General Fernando Landazábal Reyes, de Gobierno, doctor Rodrigo Escobar Navia, y de Justicia, doctor Bernardo Gaitán Mahecha. Dicha investigación fue obra de varios equipos de investigadores, destacados por más de dos meses en cada una de las localidades de Arauca, Cimitarra, Puerto Boyacá, La Dorada, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Estación Cocorná. Los investigadores de estas tres últimas investigaciones se ocuparon igualmente de adelantar las pesquisas correspondientes a la ciudad de Medellín. Un equipo especial se formó con posterioridad para un trabajo igual en la ciudad de Cali. Los sitios de base seleccionados lo fueron habida cuenta de la mayor incidencia del fenómeno. Cada equipo investigador estuvo integrado por un Juez de Instrucción Criminal, un Agente Especial del Ministerio Público, designado dentro de los funcionarios de planta de la Procuraduría General, y personal de inteligencia de la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial.

 

Un funcionario de mi despacho mantuvo la vigilancia permanente sobre el cumplimiento por los investigadores de las instrucciones que les habían sido impartidas previamente. En todo momento contamos con la más amplia y respetuosa colaboración de todas las autoridades del Gobierno, comprometido públicamente en conjurar esta modalidad de nuestra delincuencia, para devolverle a la ciudadanía la tranquilidad que necesita, perturbada por una larga cadena de atentados que han arrojado sobre la vida nacional un saldo sombrío de espanto y de escepticismo acerca de la utilidad de nuestras instituciones públicas.

 

Si hoy descorro el velo de este enigma es precisamente en cumplimiento del compromiso que implica en sí mismo el anuncio de una investigación y el haberla, además, llevado a su término. Numerosos y graves acontecimientos me han hecho reflexionar largamente sobre la conveniencia de que la opinión pública conozca la verdad de lo que a este respecto viene sucediendo, pero pesando en todas las balanzas el fardo de mi responsabilidad, he llegado a la conclusión a conciencia de que no puedo callar sin abdicar de mis funciones constitucionales y legales. No dudo de que el país tiene ya madurez y capacidad suficientes para asimilar estos planteamientos y para reaccionar una vez más en forma positiva y creadora en favor del proceso creciente que usted tan dignamente representa, de resuelto avance hacia la más profunda reconstrucción de nuestro orden jurídico. La opinión ciudadana reclama reinstitucionalización y espera el progresivo mejoramiento de una democracia que sea el fiel reflejo de nuestra integración social, sin par en el conjunto de la vida latinoamericana y sin la cual nuestras formaciones partidistas y nuestra estabilidad institucional se quedarían sin sentido.

 

… hay que observar que el MAS es representativo de una fase terminal de violencia crónica y generalizada y del grado ya abierto de su institucionalización espontánea dentro de una guerra civil no declarada que aquí y allá, en los sitios más apartados de la geografía nacional o del cuerpo de la sociedad colombiana, estalla en forma recurrente y masiva. Propiamente hablando, el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestadas originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en

todos los órdenes de la actividad privada. La sigla con que se le denomina surgió hace apenas un año, a propósito de las peripecias de un caso de secuestro y al servicio de un plan concreto de rescate de la secuestrada, dentro de una idea precisa de represalia.

 

Que haya logrado su objetivo en forma más o menos fulminante fue lo que, en el ambiente de confusión y desconcierto en que vivía y vive aún el país, hizo de él un modelo que terminó cundiendo aquí y allá, en cuantas regiones y lugares, parejas circunstancias reproducían las razones y el marco de su popularidad. Todo parece indicar que el MAS original se desvaneció casi totalmente una vez recogida su cosecha: pero que para cuando lo hizo, ya había marcado una huella en la desesperada vida nacional, enzarzada en todas partes dentro de unos mismos rasgos de conflicto. 

 

La homogeneidad de estos factores originarios es lo que ha dotado a esta mentalidad y tipo de delincuencia de una apariencia de movimiento nacional unificado, de una imagen tersa de organización, con planes y programas, técnicas, jerarquía, directivas e inspiración centralizadas. Pero la investigación nuestra no respalda esas apariencias, sino solamente el diagnóstico de que ante problemas idénticos y agravados hasta el extremo, se generalizaron una conducta y una metodología primarias también idénticas, que unas veces apelan a la sigla de marras, como marca de habituales o transitorios usuarios del experimento, otras simplemente parecen suponerla o se le atribuyen espontánea y desordenadamente en vista de las características de los hechos de que se trate.

 

Todo porque este tipo de delincuencia se viene desarrollando y robusteciendo en el país con tales coincidencias, que terminó por hablarse de ella como de una entidad bien estructurada, a la que no le faltarían los estatutos y la personería jurídica. Pero es mi concepto que estas coincidencias anidan en los rasgos generales de nuestro proceso socioeconómico y político y no, como se piensa, en una inspiración única y específica.

 

El MAS no es, a mi juicio, una organización nacional, de ninguna filiación o procedencia, sino el producto difuso de una explosión social, a la cual vierten sus designios una serie muy numerosa de intereses convergentes, canalizados desigualmente por más o menos amplios estamentos sociales; es el mote con que victimarios, víctimas y testigos de nuestra sociedad estupefacta denominan un cierto tipo de delincuencia que se generalizó como respuesta a un cierto tipo de problemática socioeconómica y política. Pero se engaña la opinión nacional cuando piensa que esta mentalidad y tipo de delincuencia siguen limitadas en sus objetivos en la forma que indica su nombre; lo que empezó bajo la divisa de muerte a los secuestradores se abrió luego a todo otro tipo de delito, de represión y de víctima y se convirtió en muerte a todo el mundo, a cualquiera, por todo, por los más diversos motivos. De allí la gravedad suprema de este fenómeno que unas veces responde a motivaciones políticas y otras a móviles económicos: no es éste un problema específico, sino, genéricamente, toda la problemática de la violencia nacional. Para apreciarlo así, basta mirar hacia el martirizado campo colombiano, sembrado de mil riesgos detrás de cada hoja y ampliamente justificativo de diagnóstico global de las dos Colombias, la una amenazada y obsesionada por el secuestro, la otra por todos los males y peligros de la crisis económica y social.

 

A este mecanismo criminal de contraofensiva social, económica y política ha venido paulatinamente cediendo y apelando, en forma cada vez más recurrente y masiva, distintos sectores de nuestra población, en la ciudad y en el campo, para combatir las más diversas manifestaciones del conflicto social. Finqueros y ganaderos, comerciantes, líderes de la nueva política lugareña, o regional, o simples activistas de esos que siempre brotan y proliferan en torno a todo desastre, para azuzarlo, aprovecharlo o acrecentarlo, han venido encontrando fácilmente agentes para reprimirlo todo a su gusto: desde los remotos malos antecedentes personales o las actividades ilícitas, encarnadas en la delincuencia común o en la política, organizadas o esporádicas, reales o presuntas, hasta la malquerencia, el rumor o la simple sospecha.

 

Tengo que decir que nuestra investigación encontró en los distintos lugares que personas vinculadas directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas se han dejado arrastrar por esta corriente de la disolución nacional y han incurrido, fuera de combate, maleadas por los términos de esta larga guerra, no menos cruel por no declarada, en que nuestra sociedad ha tenido que vivir por largo tiempo, en hechos del tipo de delincuencia que he venido analizando. Con ello han desbordado indudablemente los límites de la misión encomendada a sus Instituciones, poniendo en tela de juicio la noción misma de la disciplina militar; su rigurosa investigación y castigo tienen que ser, una vez más, la mejor prueba de que sus Instituciones, ahora informadas, los repudian y repudian sus procederes. Será este un paso de ese proceso de purificación que es mecanismo biológico de saneamiento connatural a toda institución, más aún si se trata de aquellas que, por su tamaño, complejidad y el diverso grado de cultura de sus estratos componentes, no pueden responder por la legalidad y moralidad de cada uno de los actos de cada uno de sus miembros integrantes. A la organización castrense abstractatamente considerada, y no sólo aquí y ahora sino en todas las épocas y lugares y en todos los niveles de la jerarquía, es esencial una cierta autonomía, no incompatible en sí misma con la noción de disciplina, siempre que sus agentes sepan mantenerse dentro de los límites del necesario poder de iniciativa que demanda la acción de campo en un vasto conflicto, franco unas veces, otras tenue, y asordinado.

 

Pero estándose, como ahora se está, dentro de una era y psicología de largo y agudo conflicto, especialmente si las cosas se miran con los ojos de quienes, en defensa de las instituciones lo protagonizan y le deben entregar diariamente su propia cuota de abnegación y sacrificio, la precisión desde arriba y en cada caso de los límites de esa órbita de autonomía y de sus circunstancias, no es tarea igualmente fácil. Pero, vistas las cosas fría y objetivamente, es indudable que las personas que en tal forma han procedido, vienen corriendo, para ampliarlos, por sí y ante sí, los linderos de su autonomía, a espalda de sus mandos y atentando contra unas instituciones en cuyo nombre, en cuyo pundonor, cuya moral de servicio en nada podrán considerarse lastimadas por las conclusiones de esta investigación. Instituciones y gentes limpias, por mil títulos merecedoras de la más efusiva solidaridad nacional, no pueden seguir confundidas en la opinión callejera con unas cuantas individualidades que, en aventura personal y privada y por su sola iniciativa, cuenta y riesgo, han excedido su autonomía institucional, ni tienen por qué temer nada de la revelación de estas desviaciones. Al fin y al cabo, nunca es extemporáneo recordar que, cualesquiera que sean las manifestaciones de la violencia privada, mal hacen aquellos a quienes el Estado entregó sus instrumentos materiales de control, si disputan con los particulares en su mismo lenguaje.

 

El hecho, de encontrarse el Estado de por medio, es el que da al tema de los derechos humanos una jerarquía de que carece en las restantes circunstancias. 

 

Empeño ante usted y ante la nación mi palabra de Procurador General y de ciudadano, de que las conclusiones que vengo de exponerle encarnan la totalidad de mi convicción moral, y de que no estoy inventando ni callando nada; y espero, a mi vez, que seré creído por la opinión en la totalidad de una visión y un planteamiento que considero absolutamente indivisibles. Los transmito a usted, señor Presidente, en la íntima seguridad de que hago un aporte positivo al buen futuro de la nación y en la esperanza de que este establecimiento contribuirá a la extirpación de un mal que, si no fuere desde ahora conjurado, terminará por disolver nuestro tejido social y por precipitarnos en un conflicto generalizado de imprevisibles consecuencias…

 

Creo que se necesita poner en marcha un plan de profunda pacificación en todos los órdenes, que abarque desde las instituciones hasta los espíritus. Este propósito es el que justifica que se hable claro a la opinión, que en esta intervención del Procurador General debe encontrar un nuevo camino en la misma dirección en que ya la opinión lo ha visto a usted y ha visto a su gobierno trabajando por el bien del país. Los colombianos tenemos que trazarnos la meta de organizar la vida ciudadana sobre la base de que estamos en capacidad de superar las secuelas del largo conflicto, sin abandonar ni desviar las instituciones dentro de las cuales se ha venido desenvolviendo nuestro proceso. Todas las fuerzas del país, sus núcleos sociales, económicos y políticos y concretamente sus organizaciones cívicas, políticas y gremiales, tienen que abrazar este desafío con decisión y coraje. Yo hago un llamado a todos ellos, a toda la nación, para que se incorpore, y ponga en marcha su propósito de regeneración social.

 

… La abstención de la Procuraduría, su inacción y condescendencia, quitan al anónimo habitante del orden jurídico las bases de su confianza y lo llevan al desesperado entendimiento de que arriba todo está siendo escamoteado y pisoteado. La corrupción es a la larga un franco atentado contra el régimen democrático. De allí vienen la sorna y la inculpación generalizada y, de contera, el desentendimiento, la tácita alianza con la subversión, la creencia de que lo que ésta combate no merece ser defendido.

 

Hablar en el Estado no es subversivo. Lo dañino es callar. El fiscalizador que habla y denuncia está dando piso al Estado de Derecho, cuya existencia tiene en la de la fiscalización su condición primera. Esta es la razón de que yo prefiera examinar estos fenómenos a la luz pública. Lo hago, además, como un acto de fe en el país, sobre

cuyas poderosas fuerzas morales y sobre cuyo futuro todos tenemos derecho a ser profundamente optimistas.

 

Todos los hechos que he venido analizando constituyen grave e inminente amenaza en contra de ese mínimo de factores de convivencia que llamamos orden público, por lo cual, para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, me parece inaplazable la declaratoria del estado de emergencia social. Una serie de medidas de distinta naturaleza se hacen indispensables con carácter urgente, y ello desaconseja, a mi juicio, el dispendioso procedimiento de los proyectos de ley y aún el trámite en el Congreso de una solicitud de facultades extraordinarias. La modernización y consolidación de instituciones como la justicia, su administración y sus procedimientos, para combatir no sólo la impunidad penal sino también la civil, en forma que permita congregar nuevamente a la comunidad de los ciudadanos en torno a las instituciones de la justicia pública; la canalización de todos los recursos de que el Estado pueda disponer para organizar y activar a su máxima potencia nuestros organismos especiales de seguridad; la adopción de auténticos planes de rehabilitación y fomento económico de las regiones azotadas por la subversión y la antisubversión, son tareas que no dan espera y a las cuales puede atenderse prioritariamente apelando al artículo 122 de la Constitución. El desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la ley de amnistía para reorganizar la Policía Nacional, será una oportunidad adicional dentro de iniciativas como las que he mencionado a título de ejemplo.

 

Quiero, para terminar, señor Presidente, informarle a usted que, finalizada como se encuentra nuestra investigación preliminar, encaminada a detectar los rasgos generales del fenómeno que nos ocupa y a obtener una visión de conjunto capaz de revelarle al país conclusiones de la naturaleza de las que vengo de exponerle, pasaré a solicitar a las autoridades competentes la prosecución de los correspondientes procesos penales, a los cuales continuaré aportando toda la colaboración que se requiera del despacho a mi cargo.

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE

 

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