Octubre 1 de 1985
Intervención del ex Alto Comisionado de Paz Gerardo Ayerbe Cháux, foro Revista Arco
Después de dos años y medio en los que participé en el proceso de paz, como alto comisionado, por honrosa designación del señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, es muy grato para mí cambiar ideas y confrontar experiencias sobre el apasionante tema de la paz, en compañía de los ilustres colombianos que me acompañan en esta mesa y con las personas que han concurrido a este foro, convocado y patrocinado por la dirección de la Revista «Arco».
No se puede negar la importancia y actualidad del tema propuesto, como que la paz ha sido y seguirá siendo el anhelo del pueblo Colombiano afligido por varios decenios de violencia, y el principal programa del gobierno nacional. Hay que reconocer también que el tema de este foro no es fácil. Sobre el proceso de paz existen diversas opiniones y algunas de ellas son contradictorias. Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la Paz, de tal manera que no parece sencillo sacar conclusiones definitivas o despejar verdades absolutas, tanto más cuando cuanto que en el debate público han estado en juego diferentes intereses y algunas situaciones y circunstancias aún no son bien conocidas.
Al iniciarse la administración Betancur, el país presentaba las siguientes zonas críticas, por distintos factores de violencia:
1. Urabá, 2. Magdalena, 3. Huila, 4. Caquetá, 5. Putumayo y 6. Cauca - Valle.
Según datos que recibí del Ministerio de Defensa el 15 de febrero de 1983, estaban activos veintitrés (23) frentes de las FARC. EL M-19 tenía comandos regionales en Bogotá, Antioquía, Quindío -Risaralda, el oriente de Barrancabermeja, Tolíma, el occidente de Cali, en la Costa Norte y en el Frente Sur (Caquetá - Putumayo) EL ELN tenía comandos regionales en Bogotá - Cundinamarca, Antioquía, Valle del Cauca, Santander, Arauca y en la Costa Norte. El EPL actuaba en Antioquia, Urabá, Santander, Bogotá - Cundinamarca, Valle del Cauca, Huila, Quindío y Risaralda. La ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) tenía organizaciones regionales en Sucre, Bolívar, Córdoba, Valle, Bogotá y Villavicencio. EL ADO (Auto - Defensa Obrera) actuaba en Bogotá y municipios vecinos.
En la misma fecha, los datos acumulados de las acciones subversivas eran los siguientes: 263 casos de violencia entre asesinatos, lesiones personales, asaltos, secuestros, tomas de localidades y emboscadas a la fuerza pública. De esos casos se atribuían 190 a las FARC y 45 al EPL. Los restantes 28 casos al M-19 y a los otros grupos.
Es un hecho innegable que al proclamar el Presidente Betancur su política de Paz, en los primeros meses de la administración se había logrado establecer la confianza en el gobierno y así lo reconocían hasta algunos cabecillas de los grupos alzados en armas. El expresidente Carlos Lleras Restrepo, cuando se posesionó como Presidente de la Segunda Comisión de Paz, pudo decir refiriéndose al Presidente Betancur: «Usted ha querido confiarnos una tarea que el país ha venido reclamando desde hace mucho; que se ha querido adelantar por distintos caminos con evidentes fracasos y que necesita una visión muy amplia y muy generosa para llegar a un buen término. La tarea no iba a ser fácil no se podía esperar resultados definitivos a corto plazo. Lo que se estaba intentando por la paz era algo extraordinario que tenía pocos antecedentes en la historia patria.
Al iniciarse el proceso de paz, se presentó una campaña contra las Fuerzas Armadas, al parecer como una reacción porque algunos consideraban que ellas habían sido el principal instrumento del Estatuto de Seguridad aplicado en el Gobierno anterior. Desde distintos ángulos se las atacaba y se pedía la «desmilitarización» del país. Creo que esto contribuyó a que las Fuerzas Armadas se marginaran y desconfiaran del proceso y de la política de paz. El alto mando militar creía que el Estado iba a ser burlado o traicionado por los grupos subversivos y abiertamente manifestaba sus reservas sobre la bondad del proceso. Esta situación hizo crisis a principios de 1984, cuando se produjo el retiro del Ministro de Defensa Nacional y de altos Oficiales de las Fuerzas militares. Situación delicada que puso a prueba la disciplina y cohesión de las Fuerzas Armadas y que enajenó al Gobierno una parte de la opinión pública. El itinerario del proceso de paz podría resumirse así:
23 de septiembre de 1982. El Presidente Instala la Comisión de Paz.
19 de noviembre de 1982. EL Presidente sanciona la Ley 35 de Amnistía.
30 de enero de 1983. La Comisión de Paz entrevista con el «EM» de las FARC y firman declaración en Colombia (Departamento del Huila)
4 de febrero de 1983. El Presidente, por Decreto número 240, designa a tres altos comisionados de paz.
28 de marzo de 1984. Se firma en La Uribe el acuerdo de paz con las FARC.
28 de mayo de 1984. Empieza a regir el cese de fuego acordado con las FARC
1º de junio de 1984. Se instala provisionalmente en Bogotá la Comisión Verificadora contemplada en el acuerdo con las FARC.
24 de julio de 1984. Se crea la Comisión de Diálogo y Negociación.
Entre el 24 y 26 de agosto de 1984. Se firman los acuerdos con el EPL, en Medellín, y con el M-19 en el Hobo (Huila) y en Corinto (Cauca).
6 de noviembre de 1984. Se instala la Comisión Verificadora en «Casa Verde» (Cañón del R. Duda).
24 de noviembre de 1984. En el campamento de La Esperanza (región del río Duda) las FARC prometen un año de tregua a partir del 1º de diciembre de 1984.
14 de mayo de 1985. El Congreso aprueba la ley que autoriza al Presidente de la
República para conceder indulto por delitos políticos y conexos.
En diciembre de 1984 y enero de 1985. Se presentan graves enfrentamientos del Ejército con grupos del M-19 en Yarumales, La Danta y Los Robles (Departamento del
Cauca).
19 de Junio de 1985. EL M-19 declara públicamente que ha roto el acuerdo de cese al fuego y que regresa a la clandestinidad. Después de éste se presentan nuevos enfrentamientos del M-19, grupos Ricardo Franco y Quintín Lame con el Ejército en el Departamento del Valle. El M-19 se toma por algunas horas, las poblaciones de Génova (Quindío) y La Herrera (sur del Tolima).
13 de septiembre de 1985. Una comisión de alto nivel presidida por el ex presidente
Alfonso López Michelsen y con los Ministros de Gobierno, Agricultura y Comunicaciones viaja a La Uribe para conversar con las FARC sobre la propuesta de éstas de prorrogar la tregua o cese del fuego hasta septiembre de 1986.
El proceso de paz durante la Administración Betancur ha presentado cuatro campos de acción, a saber:
1. Manejo y reubicación de personas amnistiadas
2. Rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia
3. Diálogo y negociación con los grupos alzados en armas
4. Presentación de proyectos al Congreso Nacional para obtener cambios en el régimen social, político y económico del país, con el fin de conjurar las causas de injusticias y desequilibrios que alientan la subversión.
A la Ley de Amnistía se acogió cerca de un millar de personas que por diferentes causas no querían o no podían continuar en la lucha armada. Es cierto que algunos amnistiados que estaban en la cárcel aprovecharon la ley para obtener la libertad y luego regresaron a los grupos armados.
Esto ocurrió especialmente con elementos del M-19. Hubo también casos de personas que no habían pertenecido a la guerrilla y que trataron de hacerse pasar por guerrilleros en busca de trabajo y otros beneficios ofrecidos a los amnistiados. La mayor parte de esas personas fueron delatadas por los guerrilleros amnistiados. Esta situación ya se había presentado durante la Administración Lleras Camargo en 1958 y era un riesgo calculado que había que correr con la Ley de Amnistía. Sería difícil estimar también cuántas personas no se acogieron a la Ley de Amnistía, bien porque querían ocultar sus nombres o por virtud de la política de paz. Yo conozco casos de profesionales y estudiantes que sin firmar actas de amnistía regresaron a sus actividades normales. Sobre este punto la Secretaria de Paz de la Presidencia de la República podría dar datos más precisos.
Con el Plan de Rehabilitación Nacional que cubría inicialmente 153 municipios se trataba de transformar las condiciones de vida e incrementar la participación social y el bienestar en las zonas afectadas por la violencia. El plan inicial consideró la inversión de $ 68.152 millones de pesos durante los cuatro años de la Administración Betancur. El gran déficit fiscal obligó al Gobierno a ajustar dicho plan y a establecer prioridades de Inversión de acuerdo con la situación de orden público. No obstante, al hacer un balance de las tareas de rehabilitación, en marzo del presente año se pudo comprobar que hasta ese mes se habían invertido $ 27.462 millones con partidas del presupuesto nacional. Por concepto de anticipo de regalías de petróleo los contratos aprobados hasta ese mes alcanzaban la cifra de $ 4.100 millones.
Los que hemos trabajado en las tareas de rehabilitación en estos últimos años, estamos convencidos de que es imperioso para el afianzamiento de la paz, mejorar las condiciones de desarrollo y el nivel de vidas en las zonas afectadas y en aquellas que presentan potenciales de violencia.
Un efecto palpable del esfuerzo del Gobierno en el campo de la rehabilitación lo tenemos en El Magdalena Medio y en el Caquetá, donde las obras adelantadas con Aportes a distintos niveles han devuelto la confianza y la paz a esas regiones. Sin embargo, hay que reconocer, como lo aprecia la Dirección de Planeación Nacional, que el éxito del Plan de Rehabilitación esta atado a la inducción de un gigantesco compromiso de los poderes y fuerzas sociales, locales y regionales con las acciones institucionales y las políticas de gobiernos amigos que las sustenten.
Frutos de la Comisión de Paz son los acuerdos logrados a través del diálogo y la negociación, sobre los cuales podrán hablar ampliamente los doctores John Agudelo Ríos y Rafael Rivas Posada por haber participado intensamente en ellos. De todos los acuerdos, indudablemente el más importante ha sido el que se firmó en La Uribe, el 28 de marzo de 1984 con las FARC y que está vigente, a pesar de algunos tropiezos.
Sin embargo, como lo anotó alguna vez el doctor Vásquez Carrisoza, dicho acuerdo sólo opera como un marco de negociación entre las partes, no siendo ni un armisticio, ni un tratado de paz, sino que señala una serie de pautas para acordar puntos concretos en sucesivas conversaciones. Aunque en el punto 8 letra E, del acuerdo, está implícita la entrega de las armas por parte de los grupos insurgentes y la desactivación de los grupos paramilitares y se deja muy claro que sólo existirán las fuerzas institucionales del estado, «de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana», quedan pendientes puntos esenciales para avanzar en el proceso de paz como la entrega de armas por parte de los insurgentes, la desmovilización de los frentes guerrilleros y las reformas constitucionales y legales para conseguir los cambios de las estructuras que el país necesita.
La buena es que en buena parte de nuestra clase dirigente y particularmente en el Congreso Nacional ha habido ciertas resistencias para sacar adelante los proyectos de leyes que se refieren a las reformas estructurales del país. Existe un consenso en cuanto a la necesidad de los cambios y todos reconocemos que tales cambios han debido efectuarse hace muchos años. Si ellos no se producen con el trabajo de las próximas legislaturas, parece muy difícil avanzar hacia una paz estable en Colombia.
Algunas objeciones al proceso de paz.
1. Se dice que hubiera sido deseable desde al principio del proceso de paz un gran Acuerdo Nacional con los partidos y todos los gremios. Es cierto que el presidente Betancur, al calcular los riesgos de los acuerdos con los alzados en armas, no quiso o no pudo comprometer ni siquiera a su propio partido y, en repetidas ocasiones advirtió que sólo él sería el responsable del éxito o del fracaso de la política de paz. El ideal habría sido el gran Acuerdo Nacional para la paz, aunque estamos seguros de que el proceso se hubiera tornado aún más lento y difícil por la interferencia de los intereses políticos. Bien se ha dicho «lo mejor, muchas veces es enemigo de lo bueno»
2. Se ha criticado el nombramiento de comisiones y comisionados para la negociación y el diálogo con los alzados en armas. Personalmente creo que las comisiones eran necesarias como instancias para cubrir la autoridad del Gobierno y las Fuerzas Armadas.
3. Otras de las objeciones es que no se vincularon las Fuerzas Armadas en actividad a las comisiones de paz. El alto mando siempre se negó a participar en las comisiones de diálogo alegando que la lucha no era con las Fuerzas Armadas sino contra el Estado y que la cabeza de ellas era el Presidente de la República. Solamente nombró un oficial de enlace con el Comité Coordinador del Plan Nacional de Rehabilitación.
4. Algunos han dicho que la paz ha debido negociarse con el Secretariado del Partido Comunista y no con las FARC y el EPL que son el brazo armado del partido. Lo cierto es que los principales dirigentes del Partido Comunista han estado presentes en las comisiones de paz y verificación y han sido factor importante de los acuerdos logrados.
5. Se ha dicho que la tregua sólo ha servido para fortalecer a la guerrilla. Los hechos demuestran lo contrario. La guerrilla perdió simpatía que pudo haber conquistado en algunos sectores de opinión y algunos grupos se dividieron o están anarquizados. El mismo Bateman dijo: « ¿qué hacen cien hombre en un selva sin combatir? Es una locura. Todo el tiempo mirándose unos a otros, limpiando los fusiles y más aburridos que el san putas».
6. Se dice que debido a los acuerdos, la lucha guerrillera fue sustituida por el boleteo, la extorsión y el secuestro. La Comisión de Paz y la de verificación pudieron comprobar que muchos datos sobre el incremento de estos delitos eran exagerados y que en muchos casos se tomaban los nombres de los grupos alzados en armas para cometer el delito. De otra parte, los dirigentes de las FARC delataron a desertores y delincuentes comunes que se habían dedicado al boleteo y la extorsión. No se puede negar que algunos de esos delitos son cometidos también por miembros de los grupos armados que no firmaron los acuerdos o que rompieron el cese al fuego.
7. Se objeta que como los acuerdos no estipularon la entrega de armas, las FARC y la Unión Patriótica se han dedicado al proselitismo armado. Sobre este punto el Gobierno ha sido terminante al declarar el señor presidente que no permitirá en forma alguna el proselitismo armado ni la participación en las elecciones de movimientos armados. Existe una circular del comandante de las Fuerzas Armadas, publicada antes de la firma de los acuerdos en la que se ordena a las tropas perseguir a toda persona o grupo que lleve armas o prendas privativas de las Fuerzas Armadas. Esta circular está vigente y ha costado la vida a miembros de las FARC y otros grupos, a pesar del acuerdo.
Aspectos positivos del proceso de paz
1. A pesar de los altibajos y contratiempos, el proceso ha seguido avanzando y la política de paz ha sido aceptada por los candidatos o precandidatos a la Presidencia de la República. Esto demuestra la bondad de la política de paz.
2. La voluntad de paz se ha consolidado en el pueblo Colombiano. La gran mayoría de los colombianos rechaza la acción de la guerrilla y de los grupos que no quisieron acogerse o rompieron los acuerdos de paz.
3. Ahora hay más compenetración entre el pueblo y las Fuerza Armadas para adelantar la campaña contra los alzados en armas que persisten en actitudes beligerantes.
4. Gracias a los acuerdos con las FARC, EPL y ADO, se ha logrado mortificar y combatir a muchos delincuentes comunes que se encubrían con la guerrilla.
5. Hoy existe mayor conciencia nacional sobre la necesidad de los cambios políticos, sociales y económicos que el país necesita.
6. La guerrilla perdió el «tabú» del que gozaba antes de la política de paz. Hoy
el país sabe cuál es la realidad y la capacidad de la guerrilla y sus cabecillas.
7. Gracias a los acuerdos de paz, 23 ó 27 frentes de las FARC y otros del EPL y el ADO están inactivos. Según datos de la Comisión de Paz, el M-19 había perdido cerca de los dos tercios de sus efectivos antes de romper el acuerdo.
8. Regiones como el Magdalena Medio y el Caquetá recibieron los beneficios del Plan Nacional de Rehabilitación y hoy se encuentran en paz.
9. Fruto del consenso político y gremial en las subcomisiones de diálogo, son los estudios y anteproyectos que el Gobierno presentará próximamente al Congreso
Nacional.
10. En una investigación hecha por Gabriel Silva y Ricardo Santamaría, con cifras oficiales, y que publicó «El Tiempo», en Lecturas Dominicales, el 30 de junio de este año, (período 1974 a 1984), puede verse que los asesinatos por móviles políticos, los asaltos a poblaciones, fincas, vehículos y otros y los actos de terrorismo disminuyeron durante la administración Betancur, gracias a la terapia política aplicada por el presidente.
11. El proceso de paz ha servido también para despertar a los partidos tradicionales que dormían sobre los laureles marchitos del Frente Nacional.
CONCLUSIÓN
El esfuerzo que el presidente Betancur, secundado por las Comisiones de Paz, ha hecho para restablecer la tranquilidad y la confianza entre los colombianos ha sido notable, pese a que los resultados alcanzados hasta ahora no corresponden a los anhelos de todos los colombianos.
El camino de la paz está abierto y se acerca una etapa de importantes decisiones a nivel presidencial que seguramente comprometerán las administraciones venideras. Una tregua o cese de fuego no puede prolongarse indefinidamente sin causar desconfianza y graves inconvenientes en la marcha del país. Sigo convencido de que el diálogo sincero es el mejor camino para llegar al desarme espiritual y material. Dada la geografía colombiana, las circunstancias y la idiosincrasia de nuestro pueblo, una definición del problema guerrillero limitada a la vía de las armas, puede durar tiempo indefinido, costar muchas vidas y causar graves daños espirituales y materiales. El sistema de «focos guerrilleros », recomendado por el Che Guevara a los movimientos insurgentes de América Latina, no ha tenido efecto en Colombia. La guerrilla no ha sido ni será elemento catalizador del descontento como lo fue en Cuba y Nicaragua. Colombia es un país diferente. La política de paz que ha demostrado su bondad debe continuar adelante, posiblemente con algunos cambios en sus procedimientos. Es preferible seguir los caminos amplios de la razón y la cordura y no los atajos de la alocada violencia guerrillera.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE