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Octubre 11 de 1985

 

Subcomisión Verificadora de Santander y el Magdalena Medio

 

1. Marco General

 

Todas las sugerencias que a continuación hacemos suponen INSTITUCIONALIZAR EL PROCESO DE LA PAZ, creando mecanismos oficiales, políticos y económicos que lo hagan irreversible y que, al mismo tiempo, comprometa a todas las fuerzas vivas del país. Reiteramos aquí nuestra posición fijada al respecto en la carta de evaluación que le enviamos en el mes pasado.

 

2. Las Comisiones

 

Estas son las sugerencias que surgen de nuestra experiencia sobre la futura estructuración de las comisiones.

 

2.1. Funciones

 

Es urgente evitar, aún cuando la paz toca con la entera realidad social de Colombia, que las comisiones se vean abocados a intervenir en la solución de toda clase de problemas nacionales. Para eso es necesario fijarles funciones específicas, reglamentadas y diferenciadas, ajustadas al proceso de la paz y a la naturaleza de la Comisión.

 

La Comisión debe tener autonomía de funcionamiento, organización y libertad para nombrar y remover sus dignatarios.

 

Puede ser oportuno y posible conservar a escala nacional la triple división de la Comisión de Paz, de Diálogo y de Verificación si a ellos se les asigna propósitos definidos y estudios profundos que permitan la elaboración de propuestas concretas que pueda presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República.

 

Sin embargo, pensamos que las subcomisiones regionales se deben reducir a una sola comisión con la ventaja de que tendrían una visión unitaria y podría atender mejor el proceso de paz y la conversión de las guerrillas en movimiento político.

 

2.2. Composición

 

Pensamos que la comisión debe incluir políticos, representantes del Ejército así fueran sólo oficiales retirados, representantes de las guerrillas, de los gremios económicos, particularmente de la SAC y agremiaciones similares que tengan que ver con el campo, foco principal de las guerrillas, representantes de los Sindicatos y la Iglesia.

 

La Comisión Nacional de Paz debe estar integrada por miembros de otras comisiones nacionales y por miembros de las comisiones regionales, al menos por sus presidentes, para que se establezca una intercomunicación, se trabaje con políticas comunes y se elaboren proyectos comunes.

 

2.3. Nombramiento

 

Pensamos que las comisiones deben tener un nombramiento por ley o algo parecido, que las haga una entidad con rango oficial, validez jurídica y algún tipo de inmunidad que les permita un más ágil ejercicio de su delicada función.

 

Al mismo tiempo debe conservar la característica de ser una entidad descentralizada y voluntaria para que no sea un puro instrumento en manos del gobierno o los partidos políticos.

 

2.4. Personal

 

La comisión debe ser sustancialmente formada por voluntarios de una alta calidad moral y cívica, personas respetadas y responsables en el contexto regional y nacional. Sin embargo, debe contar con algún personal de, al menos, una dedicación parcial porque las funciones son tan amplias y a veces tan urgentes que imponen el abandono de las propias responsabilidades laborales.

 

2.5. Financiación

 

La comisión debe tener el respaldo económico, es decir, debe tener un presupuesto asignado y no simplemente solicitado como una contribución voluntaria del gobierno departamental o nacional. Hay que tener en cuenta que el presupuesto supone gastos para una sede, para algún mínimo de personal y al menos, para los costos de transporte. El gobierno debe sentirse legalmente obligado a facilitar servicios como vehículos oficiales, locales pertenecientes al gobierno etc.

 

El rango oficial de la Comisión y el carácter de voluntarios debe ofrecerle a los miembros de las comisiones la posibilidad de que sean atendidos con prontitud tanto cuando se hace comunicación telefónica como cuando se hace acto de presencia para conversar con los representantes del gobierno.

 

3. Propuesta sobre la prolongación de la tregua

 

3.1. Pensamos que el cese al fuego como se pactó en La Uribe, cumplió generosamente su función histórica pero agotó ya sus virtudes.

 

Por tanto, proponemos que la tregua no sea renovada exactamente en los términos de la anterior sino que incluya unas nuevas condiciones muy precisas e incluso, unas nuevas políticas de paz nacional que signifiquen un verdadero paso hacia adelante.

 

3.2. En la renovación de los pactos se debe tener en cuenta que la finalidad última de la paz y no simplemente la tregua. Para eso recomendamos:

 

a) Hacer los cambios necesarios en la estructura política que son los más viables inmediatamente y urgentes reformas sociales y económicas. Igualmente es necesario que en el presupuesto nacional se incorpore de manera seria el Plan Nacional de Rehabilitación.

 

b.) Es necesario pactar con claridad la obligación futura del desarme, afirmando el monopolio de la coacción física en manos del gobierno, pero colaborando aún económicamente, si fuere necesario, al tránsito de las guerrillas a movimiento político.

 

3.3. El proceso de paz requiere particularmente de la colaboración de las Fuerzas

Armadas y del compromiso de la clase política.

 

a) Los nuevos pactos deberán hacerse con la deliberación de los militares y exigir al menos, que se les den instrucciones precisas y que se le solicite su acatamiento.

 

b) Ojalá que esos pactos fueran ratificados por la clase política o por el Congreso, que implica el compromiso de hacer las reformas que en ellas se pactan. Proponemos una cumbre política sobre el proceso de paz en la que los candidatos a la presidencia de la República fijen sus posiciones al respecto. Esta cumbre debiera ser coordinada por la Comisión Nacional de Paz, y proponemos como sede las ciudades de Barrancabermeja o Bucaramanga.

 

3.4. Dentro de este espíritu es necesario precisar algunas exigencias básicas que hagan viable la nueva tregua y que permitan verificar el proceso.

 

¿Qué se puede pedir al Ejército?

 

1. Reconocer que se firmaron unos pactos de tregua con un Ejército revolucionario que está armado y que no se ha comprometido al desarme. Este Ejército armado necesita de un sitio físico para vivir que se le debe conceder y respetar. Tener armas y un sitio para vivir debe quedar estipulado en los nuevos acuerdos.

 

2. Es urgente distinguir entre las FARC y otros grupos armados, sean ellos guerrilleros o movimientos de delincuencia común, para darles tratamiento militar diferente.

 

3. Reconocer que en el territorio nacional no hay sitios vedados a la a presencia del Ejército regular de Colombia y que, en consecuencia, el patrullaje es un acto constitucional. Pero es necesario clarificar los conceptos de hostigamiento y patrullaje para distinguirlos con claridad y evitar actuaciones ambiguas que puedan quebrantar el proceso de la Paz.

 

4. Distinguir claramente, no obstante su actual e intima conexión, entre la Unión Patriótica y las FARC para no atribuir al movimiento político los errores, las fallas o los incumplimientos de las guerrillas y para garantizar a la UP los derechos políticos constitucionales.

 

¿Qué se le puede exigir a las guerrilas?

 

1. La exclusión total de toda presentación con uniformes militares y el porte de armas privativas del Ejército regular de Colombia. No basta el cese al fuego.

 

2. La eliminación total de toda forma de ajusticiamiento, chantaje, extorsión, secuestro o boleteo.

 

3. Deslindar progresiva y efectivamente la UP de las FARC-EP porque es constitucionalmente inaceptable un partido político con un brazo armado y reconocer el hecho de que son dos entidades diferentes que requieren tratamientos diferentes.

 

4. Evitar todo acto de hostigamiento o de presión política que intimide y que impida, por tanto, la libertad en el proceso político.

 

Barrancabermeja, Octubre 11 de 1985

 

NEL H. BELTRAN S.

Presidente Subcomisión Verificadora

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE