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Junio de 1987

(Aparte), Alberto Vásquez Restrepo, Gobernador y Presidente de la Comisión de Paz de Antioquia

… La misma precariedad del convenio, la heterogeneidad de las fuerzas subversivas en él comprometidas, las influencias políticas provenientes de más allá de nuestras fronteras, la falta de mecanismos efectivos y reconocidos por las partes para garantizar su cumplimiento y, en fin, tantos interrogantes que surgían al examinar el entorno global del propósito y su proyección en el futuro, nos llevó en Antioquia a la convicción de que las posibilidades de éxito estaban en actuar pronto, con optimismo y sin reservas, para aprovechar el clima positivo que se respiraba indudablemente al iniciar tan trascendental experiencia, pues el tiempo, contrario a lo deseable, estaba en contra del objetivo buscado por la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos por fuera del control de las partes, lo cual se incrementaría con el correr de los días como en realidad ha sucedido.

En Medellín se firmó el Acuerdo de Tregua con el EPL el 23 de agosto de 1984. Terminado el acto y constitutivo del acuerdo, los firmantes miembros de la Comisión de Paz y los jefes del EPL se trasladaron al despacho del Gobernador de Antioquia para intercambiar un saludo. En esa oportunidad el gobernante manifestó entre otras consideraciones: «La paz es la primera de las urgencias nacionales. No corresponde a simple coincidencia que nuestro departamento haya sido escogido para servir en esta fecha significativa como escenario para un reencuentro de grandes perspectivas históricas. Si estabilizamos, si consolidamos esta sensación de entendimiento que ahora se comienza a respirar, podremos conseguir lo demás. No es, desde luego, la paz total e inmediata que la República espera y anhela con urgencia, pues bien sabemos la tarea que nos aguarda, pero es como lo dijo en su momento el presidente Betancur: otra ventana, otro puente que se abre, un paso más de un largo camino, una nueva etapa en el proceso iniciado para la reconciliación de los colombianos». Dentro de este panorama y aconteceres, Antioquia se involucró de lleno en el diálogo de paz, acogido con entusiasmo por buena parte de la comunidad, aunque con desgano y dubitación por otros y no faltaron sectores escépticos sobre sus posibilidades.

El contexto de los acuerdos, que sólo son parte del proceso de paz, exigían avanzar en tres frentes diferentes: mantener un constante y sincero diálogo, impulsar la aprobación de reformas para ampliar el espacio político y avanzar en forma decidida en el desarrollo social, especialmente en las zonas más deprimidas del territorio nacional. Consecuente con lo anterior, el Gobierno departamental rápidamente adoptó y adaptó los mecanismos creados por el Gobierno nacional para el manejo del Diálogo y más adelante para la Verificación, dentro de una sola comisión que fue denominada como Comisión Mixta de Paz. En forma simultánea el Gobierno de Antioquia se comprometió en ambiciosos programas de desarrollo social, de manera especial en las zonas declaradas como de rehabilitación.

Teniendo en cuenta que en la primera mitad del año 1984 la situación de orden público más crítica en Antioquia era de la zona de Urabá se diseñó con rapidez y se obtuvieron importantes recursos para un programa que se denominó Operación Urabá, el cual recibió durante los dos y medio últimos años de la administración Betancur la máxima atención del Estado, con inversión por el departamento en infraestructura social de $2.600 millones y se dejaron a la nueva administración planes y recursos totalmente financiados para Urabá y otras zonas de rehabilitación por $4.4000 millones. A lo anterior se suman $5.000 millones que invirtió el Ministerio de Obras Públicas en la ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera al Mar, obra de vital importancia para el desarrollo de dicha región.

Nos alargaríamos y nos desviaríamos del propósito del presente documento, si se hiciera, así fuera en comprimida síntesis, una relación de lo que constituyó el esfuerzo del gobierno Betancur tratando de aliviar las más urgentes carencias de infraestructura social en las áreas más deprimidas del país y en nuestro caso en Antioquia, incluyendo proyectos tan vitales como la citada Carretera al Mar y la Troncal de la Paz, ésta última obra redentora del Magdalena Medio antioqueño y proyecto piloto dentro del programa de atención a las zonas de rehabilitación que tuvo una inversión de cerca de $2.0000 millones procedentes de las regalías petroleras. Fue indudablemente Antioquia, la que con sus propios recursos y las regalías petroleras, adelantó el mayor número de obras en las zonas de rehabilitación, en comparación con otras regiones.

Es importante resaltar que el debate sobre el manejo del proceso de paz por parte del Presidente Betancur se sitúa siempre, y solamente, sobre lo que pudo constituir la eventual largueza o tolerancia con los movimientos guerrilleros, dejando de lado lo que fue el tratamiento de las causas objetivas de la subversión, aspecto vital del problema. Al respecto, tuvimos el desarrollo y ampliación de obras de desarrollo social, cuyas notables realizaciones pasan inadvertidas para los críticos del proceso. Un imparcial reconocimiento y evaluación de lo que en estos aspectos se hizo no puede dejar duda de la responsabilidad y vocación con que se tomó en ese cuatrienio este compromiso fundamental, sin que pretendamos afirmar que no hubo fallas y omisiones que resultan imposibles de evitar en un asunto de tan compleja naturaleza.

En Antioquia la etapa inicial y la familiarización -digámoslo así- con el manejo del diálogo, no resultó empresa fácil, pues como lo mencionamos se trataba de una experiencia sin antecedentes y de unos interlocutores cuyas tácticas y aptitudes debíamos identificar y evaluar cuidadosamente para no cometer errores que dificultaran el proceso. Se acordó como paso inicial que el Diálogo sería continuo, abierto, franco y respetuoso entre las partes, con reuniones cada dos semanas en el despacho del gobernador y presididas por él mismo. Una de las más acertadas decisiones fue que el gobernador asumiera la responsabilidad directa de esta compleja tarea, pues ello no solamente le dio la importancia que merecía sino que facilitaba mucho la logística misma del proceso y evitaba posibles complicaciones.

Las reuniones se cumplieron con mucha regularidad, siempre contaron con la presencia del Gobernador, del Secretario de Gobierno y la asistencia de otros funcionarios del área de orden público y de representantes de Antioquia en las Comisiones de Paz, Negociación, Diálogo y Verificación. Así mismo asistieron los representantes de los grupos armados y de la Unión Patriótica que asumió parte muy activa. Generalmente asistían invitados especiales cuando se trataban temas específicos como fue el caso de los bananeros de Urabá, ganaderos y cafeteros del departamento. Nunca asistieron a las reuniones de dicha comisión, por ser política establecida por la institución, representantes de las Fuerzas Armadas, pero eran enterados ampliamente de todo lo que se trataba, puesto que tenían gran responsabilidad en el proceso.

Es justo resaltar la honesta y eficaz colaboración que de los comandantes y el personal subordinado del Ejército, la Policía y los cuerpos de seguridad recibió el Gobierno departamental para el éxito de esta tarea, durante el período comentado. Con sinceridad y patriotismo compartieron y aceptaron las orientaciones del Gobierno en los asuntos relacionados con el proceso, comportándose a la altura que las circunstancias exigían, obrando siempre con pundonor, prudencia y firmeza. Lamentablemente como en toda obra humana, no faltaron las excepciones, algunos excesos y actos punibles, cometidos por elementos adscritos a las Fuerzas Armadas, que en nada comprometieron a la institución, la cual no sólo investigó con eficacia, sino que terminó sancionando a los que se les demostró lo que las leyes y la justicia demandaban. Algunos están pagando las penas que se les impusieron.

El Diálogo en Antioquia comenzó inicialmente con el EPL y las FARC; posteriormente asistió el M-19 y el ADO y a partir de su creación la UP, como miembros también de la Comisión de Paz a nivel nacional. Las primeras reuniones fueron del mayor interés porque se dedicaron al examen conceptual del proceso de paz y sacamos importantes conclusiones que demostraban la firmeza de las convicciones políticas de los grupos armados, su descontextualización del sistema, su no secreta intención de llegar al poder, objetivo que parecía prevalecer sobre los demás, porque al cambio social se llegaría con la sustitución del sistema actual, por el camino de las reformas políticas o por medio de la revolución. La entrega de armas era un tema tabú sobre el cual sólo se podría hablar «cuando la situación de Colombia cambie».

En la medida que transcurría el tiempo, como lo esperábamos, comenzaban a multiplicarse los problemas; por una parte, por reales o supuestas violaciones al cese del fuego; por otra, el proselitismo político por gentes armadas en algunas regiones y, en otras como en Urabá, los problemas sindicales y la lucha guerrillera tras el dominio de los mismos sindicatos. De allí que tuvimos etapas muy difíciles que en esa oportunidad se superaron por medio del Diálogo con participación del Gobierno, empresarios, sindicalistas, de forma que todos ponían su cuota de sentido común y buen juicio. En el municipio El Bagre, en febrero de 1985, se presentó el primero y mas grave incidente de todo el proceso de paz en Antioquia, no por el número de víctimas que fueron 4, sino por el costo social que tuvo y porque produjo el primer éxodo campesino inducido y forzado. Este episodio dio inicio a la utilización de los éxodos campesinos como herramienta política que luego se extendió por todo el país.

Derrochábamos esfuerzos para no llegar a situaciones irreversibles. Con los representantes de los grupos armados establecimos, a nivel de la Comisión, unas relaciones cordiales pero cada uno guardando la respectiva distancia. Los diálogos se caracterizaron por la franqueza y nunca se presentó un incidente desagradable, aún en los momentos más difíciles. Tampoco ninguna de las partes amenazó en momento alguno con la toma de medidas desafiantes. Las denuncias sobre violaciones de la tregua u otros casos se planteaban en detalle y en la reunión prevista se examinaban los resultados de las investigaciones, generalmente difíciles de esclarecer. Los empresarios coadyuvaron activamente en distintas etapas del proceso, no solo con su prudente actitud e ideas sino con recursos logísticos.

La suerte de la paz en Antioquia, como es obvio, estaba íntimamente ligada al desarrollo del proceso en todo el país, así que cuando comenzaron los problemas con el rompimiento de la tregua con el M-19, con la muerte de algunos jefes de la guerrilla y, al finalizar el año de 1985, con el holocausto del Palacio de Justicia, el Diálogo se debilitó en forma notable. Finalmente con la constitución de la denominada Coordinadora Nacional Guerrillera el EPL terminó rompiendo también el acuerdo de tregua y reinició operaciones con esporádicas tomas de poblaciones y emboscadas al Ejército, pero en menor número de las que había realizado antes de la tregua.

Mucho se ha discutido y se discutirá sobre la verdadera bondad que tuvo el manejo de la paz por el gobierno del Presidente Belisario Betancur. La amplia experiencia latinoamericana indica que los procesos de subversión con una base social, como el tipo de conflicto colombiano, si no se logran neutralizar en su etapa inicial, pueden cubrir varios años y se transforman en un problema estructural de la mayor complejidad social, cuyo tratamiento eficaz para terminarlo hasta ahora no se conoce. (…)

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE