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CONSIDERACIONES ACERCA DEL DIÁLOGO NACIONAL
Noviembre 28 de 1984
Carta de Hernando Gómez Buendía, director del Instituto de Estudios Liberales, a Germán Bula Hoyos, coordinador de la Comisión de Negociación y Diálogo
Designado el Instituto por la Comisión Política Central del Liberalismo para representar ante la Comisión que usted, por atinada delegación del Señor Presidente de la República, viene coordinando, nos sentimos en el deber de consignar por este conducto nuestra viva inquietud por los incidentes que, ajenos a la Comisión, han entrabado su funcionamiento y, más allá de ellos, nuestros puntos de vista acerca de la naturaleza y perspectivas del Diálogo Nacional.
En cuanto a lo primero, no compete a la Comisión, dentro del ordenamiento constitucional, emitir ni, menos, anticipar juicios de culpabilidad o de inocencia sobre los miembros del EPL y el M-19 cuya detención por las autoridades ha ocasionado el retiro temporal de estas organizaciones. Además de interponer nuestros buenos oficios, según acordamos en forma unánime, nos compete en cambio contribuir al deslinde de funciones y responsabilidades entre la Comisión Nacional de Verificación y la nuestra, así como reclamar del Gobierno y de los grupos guerrilleros que nos sean aseguradas las condiciones mínimas para adelantar las labores encomendadas a la Comisión.
En cuanto a lo segundo, preocupa el estado de confusión que, no solo entre la opinión pública sino en el seno de la propia Comisión, parece existir acerca de los alcances y limitaciones del proceso de Diálogo, en buena hora iniciado. Seis concepciones distintas y aún opuestas aparentan en efecto subyacer a las declaraciones explícitas de distintos sectores y, peor, a su lenguaje insinuado:
- Para unos, se trata apenas de dar cumplimiento ritual al «Acuerdo de Cese al Fuego y Diálogo Nacional» suscrito entre el Gobierno y los representantes del M-19, el EPL y el ADO. Comprensible como pueda ser esta actitud entre aquellas fuerzas organizadas cuya opinión acerca del Diálogo no fue siquiera auscultada de antemano, y que ven así ratificada la preferencia del actual Gobierno por la «vía de las personalidades» sobre la «vía de las instituciones», ella no puede ser compartida por el liberalismo. Si el Diálogo languidece en la trivialidad de un rito, languidecerán con él las posibilidades de una paz duradera.
- Para otros, el Diálogo Nacional no es cosa distinta de un escenario orquestado para dar tribuna a los grupos ayer alzados en armas en su propósito de conquistar el favor de la opinión. Vital, como sin duda es, el que la fuerza de las armas dé paso a la fuerza del razonamiento convincente, el Diálogo sería sin embargo desnaturalizado de convertirse en simple disfraz de una contienda electoral. Si de abrir espacio político a la extrema izquierda se trata, mecanismos y escenarios más idóneos habría que una presunta «Comisión Nacional de Negociación y Diálogo».
- Con inconfundible hábito populista, hay quienes imaginan todavía el Diálogo como una suerte de gran recolecta pública de quejas y reclamos desarticulados, sin el sentido de la prioridad ni el aval de la coherencia. Pero entendemos que nuestra Comisión tiene una responsabilidad política y que la política consiste, cabalmente, en trascender el juego de las múltiples e inconexas racionalidades individuales para intentar soluciones de racionalidad colectiva.
- En algunos otros sectores, minoritarios por fortuna, se adivina el temor o la esperanza de que la Comisión de Diálogo venga de hecho a sustituir al Congreso de la República o a las autoridades administrativas, al sancionar o presionar decisiones que la Constitución entrega al exclusivo resorte de aquellas. Mal podría el liberalismo cohonestar una tal creencia, cuando ello acabaría de quebrantar el orden institucional, y cuando violaría el principio cardinal de que nadie puede tomar decisiones en nombre de la comunidad sin que el voto popular le haya ungido para ello.
- No menos, flota a veces la impresión de que no precisar exactamente los propósitos del Diálogo Nacional es una manera de «hacer camino al andar», de ganar tiempo para que la tregua vaya decantándose. Sin negar que cualquier mecanismo que contribuya a limar suspicacias es de por sí positivo, sería sin embargo erróneo seguir insistiendo unilateralmente sobre los «factores subjetivos de la subversión», descuidando aquellos «factores objetivos» que, a nuestro juicio, son más importantes todavía. Identificar con precisión dichos «factores objetivos» y discutir fórmulas concretas para removerlos es, a nuestro modo de ver, el propósito capital del Diálogo.
- Por último, según nos ha sido explicado verbalmente, la reglamentación previa del Diálogo Nacional, en cuya elaboración no estuvo presente el Instituto, acordó conformar subcomisiones de alrededor de 30 personas para ocuparse de cada una de las 10 grandes áreas escogidas para el Diálogo. Este mecanismo arriesga empero convertir el «Diálogo Nacional» en una repetición inocua de los innumerables foros, encuentros, misiones, técnicas, congresos y seminarios que cada día se convocan en el país para examinar todos los temas imaginables. Ajinetadas entre la academia, la política y la retórica de rigor en tales encuentros, programadas para extenderse, no ya por unos pocos días, sino por varios meses, las subcomisiones se exponen así a una gradual pero segura muerte por vaguedad de su temario y deserción de sus miembros.
Pero tal vez ninguna sombra se proyecte tan severamente sobre el camino de la paz para Colombia como el hecho de que las negociaciones, hasta ahora, hayan tenido lugar, para todos los efectos prácticos, entre dos minorías. Respetables; pero minorías: los grupos insurrectos, de una parte y, de otra, el Señor Presidente, acompañado de muy distinguidas personalidades de buena voluntad y del apoyo esquivo, equivocó y a regañadientes que su propio Partido le brinda en los corrillos sociales y en el Congreso de la República.
Convencidos como estamos de que el Diálogo Nacional es, por el contrario, la mejor oportunidad para que las fuerzas políticas y sociales mayoritarias del país puedan incorporarse, con seriedad y con entusiasmo, a la búsqueda de una paz estable y no «efímera, objetiva y no apenas subjetiva», respetuosamente nos permitimos insistir en que los trabajos de la Comisión de Negociación y Diálogo se asienten sobre la triple premisa de representatividad política y compromiso efectivo de las fuerzas participantes; de una agenda bien delimitada y selectiva, y de procedimientos claros para establecer, ora los puntos de acuerdo, ora la filiación exacta de las propuestas que vengan a ser contradictorias.
En términos operativos, nuestra propuesta conduciría a que, en lugar de conformar subcomisiones cuyos miembros pueden carecer de suficiente representatividad o de mandato, sin una agenda suficientemente bien definida, y sin normas de procedimiento suficientemente maduradas, la Comisión se dirija formalmente al Gobierno Nacional, a los grupos armados, -incluidas las FARC, quienes ya han anunciado su interés en vincularse-, al Directorio Nacional Conservador, a la Comisión Política Central del Liberalismo, a la Dirección Nacional del Nuevo Liberalismo, al Frente Democrático, a los gremios de la producción y a las organizaciones de trabajadores, para que cada uno de estos sectores, con una sola voz, someta a la Comisión y, por su intermedio, al gobierno y al país, sus puntos de vista sobre los «factores objetivos» de la subversión y sus fórmulas concretas para remediarlos. Sobre la base de estos documentos, pero no antes de ellos, podrían voceros oficiales de cada uno de los grupos, actuando por supuesto ad referéndum, reunirse en subcomisiones para explotar puntos de convergencia. Cumplidas estas etapas, la Comisión haría entrega oficial de sus conclusiones al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para decidir sobre ellas.
No pretendemos, con esta cordial sugerencia, oponer mezquinas tácticas dilatorias al Diálogo Nacional ni, menos, arrojar nuevos palos a las ruedas del ya difícil proceso de pacificación. Queremos, por el contrario, que él se afiance sobre bases más transparentes y más sólidas. Por ello, cualquiera sea la estructuración que su ilustrado criterio y el de la Comisión consideren más apropiado para llevar a cabo el Diálogo. Estaremos presentes en él, con la serena convicción de que el liberalismo tiene tesis dignas de ser escuchadas y capaces de ser defendidas ante cualquier interlocutor, frente a cualquier audiencia y en cualquier rincón de Colombia.
Al reiterarle nuestra voluntad de seguir participando en todas las actividades de la Comisión y extenderle un respetuoso saludo de compatriota y amigo.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE