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Marzo 29 de 1985

 

Intervención del Presidente Betancur en la conferencia de gobernadores, intendentes, comisarios y altos mandos militares y de policía.

 

EL DEBER DE LAS AUTORIDADES

 

En consecuencia y tal como lo expresé con claridad ante el Congreso, la política de paz no crea vacío constitucional alguno, ni establece zonas vedadas para la aplicación de las leyes; y de consiguiente es deber de cada uno de nosotros aplicar esas leyes, hacerlas cumplir como lo prometimos en nuestro juramento de posesión.

 

Quede claro que ninguna autoridad, civil, militar o de Policía, puede eximirse de cumplir con sus obligaciones, ni puede escudar de lenida o su falta de acción, en interpretaciones acomodaticias de las órdenes del gobierno. La totalidad del territorio Colombia está bajo jurisdicción de las autoridades legítimamente constituidas. No existe recodo donde no deba aplicarse estrictamente la ley. Todo delito debe ser sancionado conforme al derecho. No existe, no debe existir, discriminación al calificar los delitos: todos los delincuentes, son delincuentes comunes; y el brazo de la justicia y el brazo de la autoridad, tienen que hacerse sentir cuando se violen los principios de nuestro ordenamiento jurídico. Repitámoslo una vez y otra vez: ni el porte de armas, ni el boleteo, ni la extorsión, ni el chantaje, ni el secuestro, ni por supuesto el asesinato, están convalidados. Son delitos punibles: y ustedes, Gobernadores, Intendentes, Comisarios, Alcaldes, Comandantes de Brigada, Directores de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad, tienen el deber, como lo tengo yo, de garantizarla vida, honra y bienes de los ciudadanos. ¡Que esto quede absolutamente en claro!

 

INDULTO Y REHABILITACIÓN

 

Es diáfana y decidida la voluntad del gobierno de seguir trabajando por la paz. La cual, también quiero repetirlo, no es solamente la ausencia de guerra, sino que es empleo, es educación, es salud, es vivienda. En tal sentido. Buscamos el ordenamiento de las finanzas públicas en acuerdo con el Congreso, a fin de que los reducidos recursos del estado se apliquen con la mayor pureza y la mayor eficiencia para resolver las justas necesidades de la población Colombiana, principalmente de los sectores menos favorecidos.

 

Por otra parte, para buscar soluciones a situaciones perturbadoras del proceso de paz, hemos querido llevar a consideración del Congreso, a fin de que sean discutidas dentro de la mayor amplitud y libertad, iniciativas que desde luego no son dogmáticas: el indulto, fórmula prevista en la Constitución y autoriza en otras ocasiones, que el estado ofrecería como última oportunidad, a quienes han cometido delitos políticos.

 

Otras iniciativas buscan introducir sustanciales reformas en nuestro ordenamiento político: con proyectos que amplían y cualifican nuestro espacio institucional y político, en la medida en que rodean de garantías la participación de grupos antes excluidos del sistema, para que, en igualdad de condiciones, puedan contribuir a poner en práctica las reformas económicas y sociales que el país reclama.

 

Así mismo, dentro de ese empeño de materializar la paz con reformas y con justicia, el gobierno adelanta gestiones en el exterior con el fin de obtener financiación del Plan Nacional de Rehabilitación, o Plan Social para la Paz. Es más, se han establecido en el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano y en los bancos oficiales, líneas especiales de crédito que les permitan a los departamentos y municipios, vincularse de amanera efectiva a la prestación de los servicios y a la ejecución de la obras que integran ese plan.

 

En esta misma dirección, la Empresa Colombiana de Petróleos está haciendo anticipos a departamentos y municipios en materia de regalías, a fin de proseguir la construcción de carreteras de penetración, caminos vecinales y adecuación de obras de apremio comarcal o veredal. Igualmente, la Federación Nacional de Cafeteros destinará mil millones de pesos para obras de beneficio colectivo en zonas cafeteras afectadas por la violencia. Y la campaña de educación y alfabetización CAMINA se adelanta con celeridad y profundidad, con el apoyo de todos los medios de comunicación, de las organizaciones cívicas y, en general del sector privado. Y las Fuerzas Armadas con los Comandos de Desarrollo y la acción cívico-militar, se vinculan a la satisfacción de las necesidades reales de la comunidad, de lo cual dan testimonio fehaciente vastos sectores comunitarios del otrora atormentado Magdalena Medio.

 

PAZ Y REFORMA AGRARIA

 

El Gobierno tiene, entonces, actos y gestos positivos para mostrar en su lucha por la consecución de la paz.

 

A título de ejemplo. Señalo la necesidad de agilizar nuestro proceso de reforma agraria, porque ¿Cómo podría desconocerse el peso significativo que la inequitativa distribución de la tierra tiene en la dinámica de ciertos conflictos sociales y consecuencialmente de orden público? ¿Cómo soslayar, igualmente, la gravedad que para esos mismos conflictos adquiere el desconocimiento y la violación de elementales leyes de protección laboral?

 

Sino entendemos que la paz es un desafío y una estimulante aventura que compromete tanto al Estado como a todas las fuerzas visas que conforman la nacionalidad, no estaremos edificando el decoroso porvenir que nos merecemos como sociedad civilizada y solidaria.

 

EL PLAN SOCIAL POR LA PAZ

 

Deseo regresar al tema de la rehabilitación y reiterar entre los señores Gobernadores,

Intendentes y Comisarios y ante los Altos Comisionados de Paz, el propósito del

Gobierno de continuar concentrando sus esfuerzos en la atención de las comunidades marginadas, víctimas de la subversión y la violencia.

 

Pese a las restricciones presupuestales, no debe haber duda de que los objetivos y las metas originalmente fijadas para alcanzar la paz y el desarrollo en estas zonas vitales del país, siguen conservando su vigencia.

 

Más aún, podemos reiterar que nuestro compromiso por hacer llegar efectivamente la acción y la presencia del Estado a estas poblaciones, ha adquirido mayor importancia en razón de los logros alcanzados en el proceso de pacificación en el último año, a partir de los mencionados acuerdos con los grupos alzados en armas.

 

Esta nueva circunstancia política sin antecedentes en nuestra historia, plasmada con la firma de los compromisos de cese al fuego, tregua y paz, exige con mayor celeridad la transformación económica y social de las áreas tradicionalmente asoladas por la inseguridad, como condición indispensable para afianzar el proceso de paz en forma sólida e irreversible.

 

Las acciones para la rehabilitación de las zonas de violencia, es decir, el «Plan Social para la Paz» de que antes hablé, no es una nueva tarea complementaria del proceso de pacificación, sino que está en la esencia misma de la búsqueda y afianzamiento de la paz.

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE