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Febrero 23 de 1985

 

Presidente Belisario Betancur, Documento de la Presidencia de la República, (apartes)

 

No hay improvisación 

 

Para el logro de la paz que todos anhelamos el gobierno del Presidente Belisario Betancur viene ejecutando una política que en manera alguna es fruto de la improvisación, sino por el contrario el resultado del análisis objetivo de las muy delicadas situaciones de orden público que ha vivido el país durante los últimos tiempos, y el deseo no sólo de aclimatar la convivencia sino también de sentar bases reales al mejoramiento económico y social de los colombianos y a la consolidación y el perfeccionamiento del sistema democrático vigente.

 

Aspectos básicos

 

Dicha política está integrada por una serie de decisiones y de acciones que comprometen a todas las autoridades civiles y militares y que, de manera resumida se contempla en cinco grandes capítulos. Primero: presencia permanente y acción decidida de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Segundo: conversaciones con los grupos guerrilleros y las organizaciones subversivas que se acojan a la política de diálogo y al ramo de olivo que ofrece el gobierno. Tercero: ejecución de las reformas políticas, económicas y sociales que demanda el momento actual. Cuarto: desarrollo del Plan Nacional de Rehabilitación para las zonas marginadas y atrasadas que han venido padeciendo el azote de la violencia y Quinto: búsqueda de la colaboración ciudadana en la concepción, formulación y ejecución de dichos programas. Debemos decir que la política de paz viene ejecutándose dentro del más estricto respeto a nuestro ordenamiento jurídico, dentro de la más celosa observancia a los principios y a las normas de estado de derecho que nos rige.

 

Estrangular la agricultura

 

Alguien señalaba hace algunos meses cómo, durante el siglo pasado, la insurrección buscaba apoderarse de los puertos porque entendía que de esa manera ponía en jaque a los gobiernos de turno y agregaba que, en los tiempos de ahora, la subversión se daba cuenta de que estrangulando la agricultura y la ganadería también ponía en jaque al sistema económico y en consecuencia al ordenamiento político. Tal vez por ello la guerrilla ha venido concentrando su actividad principalmente en las zonas potencialmente agrícolas.

 

Como mancha de aceite

 

Sentando sus reales no sólo en determinadas zonas sino incursionando en las áreas vecinas, de tal manera que el cubrimiento geográfico de la acción subversiva muestra (si se miran unos mapas preparados por el Ministerio de Defensa Nacional) que la presencia y la acción guerrillera han venido extendiéndose en el país como una especie de manchas de aceite. Así lo registran las verificaciones hechas para los años 72, 76, 80 y 84. Todo ello con una incidencia grande en la vida económica y social no sólo de esas regiones sino en general de todo el país. El objetivo es el de tomar zonas como Arauca, Caquetá, Urabá, los Valles del Sinú y del Patía y el Magdalena Medio, en las cuales el país puede extender su frontera agrícola.

 

Aumento de los delitos 

 

Desde otro punto de vista debe decirse que ese auge de la violencia política registra cifras impresionantes de acciones ejecutadas, de asaltos a poblaciones, a fincas, a vehículos, de asesinatos causados en la población civil y en la militar. Los cuadros preparados por el Ministerio de Defensa así lo muestran.

 

Estado de sitio

 

Pero las consecuencias de ese estado de violencia no están solamente en las situaciones que he resumido aquí, sino que también se encuentran en el campo institucional. El estado de sitio prácticamente crónico que vive el país, se debe fundamentalmente a la causa que he señalado. Estado de sitio que, como es bien sabido, tiene repercusiones notorias sobre nuestro régimen de libertades públicas y de derechos humanos.

 

Incitaciones

 

También consecuencias institucionales cuando aparecen personas, algunas de ellas representativas de distintas actividades de la comunidad, que solicitan mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el manejo de los asuntos públicos, pretensión que obviamente no encuentra ningún eco, ninguna aceptación en la ciudadanía ni en sus organizaciones políticas y sobre todo no la encuentra en el estamento militar.

 

La contraguerrilla

 

Señalaría por último, como consecuencia del fenómeno que venimos analizando, el clima generalizado de violencia que en un momento determinado se apodera del país porque, en algunas regiones, a la guerrilla se responde con la contraguerrilla, que utiliza métodos, recursos y crueldad comparables a los de subversión. Es un poco el deseo y la voluntad de hacerse justicia por su propia mano, creando cuerpos paralelos de seguridad que entran obviamente a desplazar a la fuerza institucional del Estado. Ya la Procuraduría General de la Nación, hace algún tiempo, tuvo oportunidad de descorrer el velo sobre dicha situación mostrándola en sus términos exactos.

 

Descomposición total

 

Si continuásemos por el mismo camino, el riesgo de descomposición total sería muy grande. En otros países, que no han sabido poner término oportunamente a dicho estado de cosas se ha llegado a la guerra civil. Indiscutiblemente nadie lo desea para Colombia y son situaciones que por desgracia no han desaparecido del todo. Hace poco comunicaciones públicas de dirigentes empresariales, vinculados al campo de dos departamentos del país que sufren el azote de la violencia, ponían de presente cómo ese estado de ánimo no ha desaparecido.

 

Nadie discute la paz 

 

Esta situación obviamente es resultado de una serie de hechos encadenados, sucedidos por lo menos durante cuatro o cinco lustros de continuos enfrentamientos armados y ello ha llevado afortunadamente a la sociedad colombiana a sentir la necesidad de la paz. Nadie la discute, todos somos amigos de la paz, todos los gobiernos han hecho lo que ha estado a su alcance para lograrla, ninguno ha cerrado los ojos ante tan dramática situación. El gobierno actual no reconoce enemigos de la paz; seguramente discrepamos con algunos compatriotas en cuanto a la estrategia para conseguir la paz, en cuanto al camino que debamos escoger para llegar a ella; pero, en el fondo, el propósito que nos anima a todos es idéntico.

 

Dos métodos

 

Sobre esa estrategia o tal camino se diría que, esquemáticamente, existen dos fórmulas: una es la de la represión por las armas, la solución militar; la otra es la persuasión por el diálogo, la solución política. Ninguna de las dos puede ser utilizada con exclusividad ni empleada sola sin integrarla, sin complementarla, pues no produce los resultados que se buscan. Así ha ocurrido en Colombia y en otras latitudes que han tenido problemas semejantes al nuestro.

 

Integración de las dos soluciones

 

Por eso, como lo dice el proverbio chino, cuando no hay sino dos caminos, es necesario buscar el tercero. Esto es lo que inspira y orienta la política actual del gobierno en materia de paz que integra la respuesta militar y la política, las complementa, teniendo en una mano el ofrecimiento del diálogo, el ramo de olivo; y en la otra, el bastón de mando, la autoridad del Estado, el peso de la ley, la acción vigilante de la fuerza pública, para quien no acepte el diálogo.

 

Antecedentes

 

Debe decirse también que la búsqueda de la paz ha sido propósito común de lo partidos colombianos y de los distintos gobiernos. Sin necesidad de remontarse a los años cincuenta, cuando la búsqueda de la paz llegó a legitimar un golpe de estado y sirvió, también, para que le diéramos vida a un muy original mecanismo de tipo jurídico-institucional que permitió superar el enfrentamiento puramente partidista, es fácil verificar cómo a partir de 1974 la paz ha sido tema constante de las preocupaciones políticas del país. En la campaña del año 74 uno de los candidatos acuñó el eslogan «Álvaro es la Paz». El doctor Gómez Hurtado hace pocos días lo recordó en reportaje que dio a una revista. El entonces candidato López Michelsen también habló

del ramo de olivo y, ya posesionado de la Presidencia, envió a dos funcionarios suyos al Magdalena Medio a conversar con el Ejército de Liberación Nacional con miras a un posible entendimiento que condujera a la reintegración de los colombianos que hacían parte de esa organización a la vida civil.

 

Más tarde, el gobierno del señor Presidente Turbay muestra dos hechos muy significativos dentro de la política de paz: de un lado, una ley de amnistía, sugerida al Congreso por el Ejecutivo, defendida allá por éste, que fue expedida en 1981, y del otro, la creación de la primera Comisión de Paz que presidió el señor doctor Carlos Lleras Restrepo. Durante la campaña presidencial de 1982 se presentaron dos tesis: una sostuvo que la paz era liberal y la otra que era nacional.

 

Continuidad innovadora

 

La política del Presidente Belisario Betancur tiene cierta continuidad innovadora per no reclama el gobierno originalidad sobre el particular. Tal vez, como lo diré a continuación, ha existido la necesidad de una mayor audacia, de un mayor impulso, de una mayor decisión en la medida en que las fórmulas anteriores no lograron producir todos los resultados que sus autores, con las mejores intenciones, buscaron en su momento.

 

Decisiones integradas

 

La política actual del gobierno nacional parte de una serie de consideraciones, o de situaciones de hecho, que son muy claras y que comparten los colombianos. La primera de dichas consideraciones hace referencia a que la situación de orden público en manera alguna es inseparable del contexto político, económico, social e incluso administrativo del país. Esos ingredientes son simultáneamente causa y efecto uno de otros; de ahí, entonces, la complejidad de la situación, la necesidad de actuar al mismo tiempo en varios frentes y la conclusión de que de ninguna manera la respuesta, la superación de este estado de cosas, puede depender de una sola medida, sea ella de carácter legislativo, gubernamental, político o militar, porque lo que se requiere es un conjunto de decisiones.

 

Toma tiempo

 

Una segunda consideración es la de que perdimos la paz y la tranquilidad ciudadana, no como consecuencia de un hecho preciso y determinado, muy concreto, e identificable, sino en razón de una serie de hechos, de todo un proceso que tuvo lugar durante varios años. Para recuperar la paz, como lo señalaban hace pocas horas, la SAC y Fedegán, en carta dirigida al señor Presidente de la República, la recuperación de la paz no se logra de la noche a la mañana: es un proceso que toma tiempo. 

 

Concurso general

 

De otro lado, y esto es fundamental, la conquista de la paz exige el concurso de todo el país; requiere el esfuerzo solidario del Estado y de los particulares; del Gobierno, del Congreso y de los Jueces; de la autoridad civil y de la militar; del Sector Público y del Privado. Para el Gobierno, desde otro punto de vista, la política de paz es su preocupación prioritaria, básica, fundamental, su objetivo uno A. Así lo ha venido señalando reiteradamente el señor Presidente Betancur y esa política concentra en los momentos actuales buena parte de la acción del Ejecutivo. Además, la política de paz viene ejecutándose simultáneamente en los cinco frentes, o en las cinco direcciones que señalé al comienzo de mi intervención y que me voy a explicar un poco en detalle.

 

Presencia de la fuerza pública

 

Primero: presencia permanente y acción decidida de la fuerza pública en todo el territorio nacional, sin excepción de sitio o lugar, y en cumplimiento de claros deberes constitucionales: respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los colombianos. El gobierno ha dicho, claramente, que su política no es la de tierra arrasada y debe decir, con igual claridad, que su política tampoco es la de que haya en el territorio nacional áreas o zonas que puedan calificarse de tierra de nadie. Esa presencia de la fuerza pública es más necesaria ahora cuando empezamos a vivir un poco las secuelas de la guerra que está concluyendo, el coletazo de la violencia que se extingue. Hay un fuego cruzado de quienes no han aceptado la política del diálogo, de quienes violan la tregua y de quienes, al amparo de ella, se colocan al margen de la ley. El gobierno deja expresamente establecido, y en ese sentido ha instruido tanto a las autoridades civiles como a las militares, que todo el peso de la autoridad del Estado y todo el rigor de la ley caerá sobre los infractores de nuestro ordenamiento jurídico.

 

Diálogo con la guerrilla

 

Segundo: conversaciones con las organizaciones guerrilleras y subversivas que se han venido adelantando durante los últimos meses a través de una serie de comisiones ampliamente representativas de las distintas actividades sociales, económicas y políticas del país y que han conducido a la firma de unos acuerdos, de unos convenios en los que se ha consignado claramente la voluntad de las partes.

 

No hay nada secreto

 

Debe señalarse, sobre este particular, que no hay acuerdo, convenio o compromiso distintos de los que expresamente han sido consignados en dichos documentos. No hay nada secreto, todo se ha hecho a la clara luz del día; ninguna de las partes ha formulado en privado reservas o solicitudes distintas de todas aquellas que aparecen consignadas en dichos documentos. Debe decirse además, que los acuerdos sólo cobijan a las organizaciones que los han suscrito. Alguien decía hace algunos meses que era fundamental, dentro de un proceso de pacificación, distinguir a quienes estaban dispuestos a regresar a la normalidad: pues bien, ese paso se ha dado, esa distinción se ha logrado al establecer en esos acuerdos, como aparece en su texto, que las organizaciones guerrilleras formulan un reconocimiento a nuestra organización institucional, a nuestro Ejército, a nuestro ordenamiento jurídico.

 

Diálogo Nacional

 

Dentro de lo que se pactó, y que vale la pena explicar, está el llamado Diálogo Nacional que, como tuvo oportunidad el gobierno de precisarlo en el Senado de la República, se realizará dentro del marco que defina la comisión encargada de organizarlo y de coordinarlo. El Diálogo concluirá con unas recomendaciones, unas propuestas y unas sugerencias, es decir, que en manera alguna constituye instancia decisoria.

 

Su temario es suficientemente conocido: son diez puntos que tiene que ver con temas de actualidad y que se analizarán desde la triple perspectiva política, económica y social; la participación que en él se busca es amplia, la de las distintas fuerzas del país y sus diferentes sectores; el gobierno concurrirá allí a defender la política oficial, a suministrar la información que se le solicite; sus recomendaciones irán a las instancias que deban decidir sobre ellas y que serán llamadas a definir si las convierten en realidado no.

 

Es claro que al Diálogo nadie va a concurrir armado ni portando uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas; tendrá, como lo hemos dicho, una duración razonable y quienes al amparo del nombre de Diálogo Nacional desean realizar tareas de agitación ideológica o doctrinaria permanente y movilización popular, deben saber que todo eso es viable en la medida en que se ejecute dentro de los parámetros muy precios que contienen nuestras leyes.

 

La tregua

 

Lo más importante que se ha pactado tiene que ver con el cese del fuego, con la tregua, con la suspensión de hostilidades, con el silenciamiento de los fusiles que, como lo dicen los mismos acuerdos, debe conducir a la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Este es un paso fundamental, decisivo, dentro de la búsqueda de la paz. No es la paz en si, pero debe conducir a ella, pues, sin tregua se puede estar seguro de que no se lograría la paz en momento alguno.

 

Cesación de hostilidades

 

La tregua exigió el despeje de Corinto y El Hobo y, obviamente, conlleva la suspensión de las hostilidades militares de parte y parte.

 

Es claro, de otra parte, que las decisiones del gobierno que tienen que ver con la suspensión de hostilidades, y principalmente con la tregua y el cese del fuego, han sido tomadas dentro del marco de nuestro estado de derecho, en desarrollo de competencias muy claras que tiene el Presidente de la República como comandante de las Fuerzas Armadas y jefe de los Ejércitos que le permiten disponer de la fuerza pública,tal como lo señala expresamente la Constitución. De otro lado, son atribuciones y competencias que se han ejercido con el más noble de los propósitos: recuperar la tranquilidad perdida, restablecer el orden público, conducir la ilegalidad a la legalidad, además, su utilización se ha hecho, como lo reconoce todo el país, con la mayor buena fe del mundo. Este es el fundamento de la legalidad, de la juridicidad, de las decisiones a que he hecho referencia.

 

Las reformas

 

Se ofreció también, dentro de los acuerdos, promover unas reformas, que constituyen el tercer punto de la estrategia gubernamental, de tipo económico, político y social, las cuales están también consignadas en los documentos firmados. De su lectura queda claro que ninguna de dichas reformas tiene carácter revolucionario, que no son medidas antisistema, que obedecen al reformismo tradicional de las instituciones colombianas que han gozado de estabilidad porque su permeabilidad y capacidad de adaptación les ha permitido irse acomodando a las necesidades que va mostrando la sociedad. Si Colombia desea vivir en paz, con justicia y con libertad, es incuestionable que debe, en los campos político y social, introducir a los ordenamientos vigentes unas modificaciones que le permitan, por ejemplo, a casi el 50% de la ciudadanía, encontrar unos canales de expresión política, unas herramientas que sean aptas para decir su verdad, para expresar su punto de vista y sirvan para eliminar situaciones de injusticia y de inequidad desafortunadamente ancestrales.

 

Plan de rehabilitación

 

El Cuarto punto de la política oficial es el Plan Nacional de Rehabilitación. La no presencia del Estado, la ausencia de toda acción oficial en algunas regiones del país, ha conducido a que esas zonas desfavorecidas se coloquen en un estado de atraso verdaderamente lamentable. Son regiones marginadas, abandonadas, que no reciben ayuda de los presupuestos públicos, en las que la guerrilla se mueve como pez en el agua. Hay necesidad incuestionable de remover esas situaciones de atraso, de abandono y de miseria, que cobijan a las regiones y a sus habitantes, como empieza a lograrlo el Plan Nacional de Rehabilitación, cuyos programas comprometen cuantiosos recursos del estado central, a pesar del déficit fiscal que éste vive y de los propios departamentos interesados, que han logrado de Ecopetrol valiosos anticipos de las regalías que les corresponden por explotación de sus recursos naturales.

 

Colaboración ciudadana

 

El Quinto punto de la política de paz es la colaboración de la comunidad: el esfuerzo solidario de la sociedad porque la paz es un derecho pero también un deber de los colombianos. Todos debemos concurrir a su logro: ese apoyo y esa colaboración solidaria se dan de muchas maneras y las autoridades tanto civiles como militareslos vienen buscando.

 

Objetivo 1 -A

 

Termino ratificando que hay una política de paz, toda una estrategia del Gobierno que obedece a un análisis serio y objetivo de la situación, dicha política se integra con elementos y acciones múltiples que deben juzgarse en su conjunto y no por episodios aislados. Esa política se ha convertido, respondiendo a una necesidad y a un sentimiento colectivo, en el objetivo número 1-A del gobierno. Considera el Ejecutivo, además que de esa manera se consolidan y proyectan hacia el futuro nuestro sistema político y nuestras instituciones jurídicas que frente al reto que tienen y al desafío que se les ha formulado, van a mostrar una vez más su capacidad para gobernar unas situaciones y para regular e incorporar unos hechos nuevos, para asimilarlos, para encontrarles expresión institucional.

 

Tino y prudencia

 

La ejecución de dicha política exige tino, prudencia, discreción, cuidado en su manejo como que surgen dificultades, inconvenientes e impases que por lo previsibles llevaron a la existencia de una Comisión Verificadora encargada de constatar y facilitar el cumplimiento de los acuerdos. Esa política ha empezado ya a dar sus resultados: este mismo fin de semana los diarios empezaron a registrar declaraciones de los gremios económicos vinculados al campo como de las autoridades militares, según las cuales está retornando la paz, la fe y la esperanza al Magdalena Medio.

 

Tenacidad del cazador

 

Por eso el Gobierno, viene actuando, con perseverancia, con la tenacidad del cazador. Está convencido de la bondad de su política de paz; la sigue considerando válida, no la va a cambiar, la definió con mucha conciencia, tiene claridad sobre los instrumentos de ella y sabe bien que está inspirada en el mejor deseo de servir a la Patria y afianzada en el más puro respeto a los principios y a los valores que sustentan la nacionalidad colombiana.

 

Sabe bien, igualmente, que esa política tiene gran visión de futuro porque fórmulas distintas nos conducirían a situaciones de violencia innarrables.

 

Sabemos también que estamos prendiendo la lámpara de la paz en la noche oscura de la violencia y que el tiempo se encargará de darnos razón. Hemos empezado a ver los frutos de la política. Nos resta constancia y firmeza en los propósitos. 

 

A los colombianos todos, sin excepción, les queremos dar la seguridad de que el Gobierno y la Fuerza Pública están atentos a la solución de sus problemas y no cederán en el cumplimiento de su tarea fundamental: la de respetarles y hacerles respetar su vida, honra y bienes. Muchas gracias.

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE