Junio 30 de 1989
He leído con interés su carta de fecha 12 de junio del año en curso. Me expone usted opiniones que considera convenientes para impulsar la iniciativa para la paz, en la que el Gobierno que presido y el M -19 han venido trabajando desde el pasado 10 de enero, fecha en la cual se suscribió, entre el Consejero Presidencial para la Reconciliación y usted, el documento que señala los criterios directrices del proceso. En posteriores documentos se convinieron las reglas del diálogo político a través de la Mesa de Trabajo y la de Análisis y Concertación, las cuales han venido funcionando con regularidad. Es evidente que el diálogo debe traducirse en fórmulas concretas en la Mesa de Trabajo, en las cuales se adoptan las decisiones por consenso, circunstancias que les asegura el respaldo del Gobierno y de los partidos políticos allí representados. Ese será el verdadero pacto político.
En todo caso, es claro que las piezas fundamentales para el afianzamiento de la paz dependen de la aprobación del acto legislativo que se tramita en el Congreso y, particularmente, de los artículos que amplían la base de participación democrática. Encuentro una contradicción en su carta entre el deseo de agilizar el proceso de paz y el propósito de someter todos los acuerdos alcanzados en la Mesa de Trabajo a un plebiscito que, según usted, debería «aprobar el conjunto de reformas acordadas en el proceso y definir una política única para las armas de la república». A juicio de mi Gobierno, esa política ya está definida en la Constitución y en las leyes y no puedo, en manera alguna, someterla a dudas y renunciar inexplicablemente al monopolio del uso de las armas que corresponde al Estado. El criterio del Gobierno sobre las armas de los grupos subversivos está claramente señalado en la iniciativa para la paz.
Precisamente, el Gobierno propondrá, a la mayor brevedad, una ley que permitirá indultar por delitos políticos a los miembros de los movimientos subversivos que se desmovilicen y hagan dejación de las armas. Eso les permitirá incorporarse, inmediatamente después, con todos sus derechos a la sociedad civil. Este es un procedimiento más ágil que el de esperar la expedición del acto legislativo que haga posible el referéndum, el cual podrá ocuparse de otros temas diferentes a los que están definidos por la Constitución, como ya lo está el inequívoco uso de las armas por parte del Estado. El Gobierno, por otra parte, considera de real importancia la creación de la circunscripción nacional o Ley de Minorías que está llamada a facilitar la representación de nuevas fuerzas políticas en el Parlamento. En dos ocasiones, en 1986 y en 1988, mi Gobierno presentó a consideración del Congreso iniciativas en ese sentido. Desafortunadamente, el artículo pertinente del actual proyecto de reforma constitucional fue negado en primera vuelta, posiblemente porque no se tuvo en cuenta que dicha circunscripción es una pieza clave para ensanchar las bases de participación democrática. El Gobierno insistirá, por los medios adecuados, en volver sobre dicha iniciativa que podrá ser objeto de un acuerdo político que incluya al ejecutivo, o de un acuerdo parlamentario que recoja la iniciativa y le dé fuerza constitucional.
Sobre la propuesta de voto obligatorio, considero que el legislador podrá ocuparse en el estudio de una medida que se aplicaría gradualmente, pues nadie ignora que un país que aún realiza grandes esfuerzos por lograr la integración física, encuentra en las áreas rurales muchos obstáculos para la movilización masiva de campesinos y colonos hacia las urnas electorales. En todo caso, la Mesa de Trabajo está ocupándose de este importante tema que podría ser parte del acuerdo político que sea adoptado por consenso. La segunda vuelta para la elección de Presidente de la República, es una modalidad que en algunos países existe y que en Colombia ha sido propuesta por eminentes juristas. Sin embargo, es una iniciativa que en sucesivas oportunidades no ha encontrado acogida. El Gobierno no es adverso al perfeccionamiento o reforma del sistema de elección presidencial, pero este tema corresponde, más claramente, a un acuerdo de los partidos, sin que se requiera su aprobación como base de la paz, la cual puede alcanzarse sin necesidad de que rija tal norma.
Sobre el financiamiento de las campañas electorales y de algunas actividades de los partidos políticos, hay proyectos en curso que no alcanzaron a ser aprobados, pero sobre los cuales prácticamente existe una amplia aceptación parlamentaria. Comprendo el alcance democrático de la medida y lo veo con simpatía, sin dejar de reconocer que su costo representaría una nueva carga fiscal, medida que debe ser cuidadosamente estudiada. De todos modos, la iniciativa de la financiación de actividades concretas de los partidos políticos y las campañas electorales, encaja dentro de los propósitos de mi Gobierno. En materia de garantías, ustedes tendrían las mismas de todos los movimientos políticos y se estudiarán aquellas que les permitan acceso a los medios de comunicación que son propiedad del Estado.
Creo que usted compartirá conmigo la amplitud con que el Gobierno ha obrado en este proceso y sabe que no puedo exceder mis obligaciones constitucionales. No podemos facilitar procedimientos que sólo sirvan para aceptar que ha sido ilegítima la lucha que por décadas han librado las autoridades para asegurar al Estado el monopolio de las armas. Celebro la buena disposición de ánimo que expresa en su carta y espero que, conocida con toda claridad la posición del Gobierno Nacional, usted tendrá los elementos de juicio para proseguir el camino que ha emprendido hacia la paz. Desde el inicio de mi administración establecí la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación como la instancia responsable del manejo de los diálogos con los grupos alzados en armas y, en general, del proceso de paz en estrecha coordinación con los respectivos ministerios y entidades de Gobierno. En este sentido, el señor Consejero Presidencial es el responsable de estas labores. Por lo tanto, es a él a quien corresponde el desarrollo del proceso iniciado con ustedes.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE