Junio 2 de 1989
Como un aporte al análisis y discusión de la actual coyuntura económica del país y con miras a la definición de políticas que dinamicen el desarrollo nacional, presentamos una propuesta de rectificación, que tiene como fundamento la concertación. Consideramos que la salida de la crisis es la democracia concertada, que será posible a partir de la reconciliación política. Nuestra propuesta de un Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País (PERP) busca involucrar a todos los compatriotas en la definición de su propio futuro, dentro de un marco pragmático ajustado a la actual realidad económica. Consideramos que en este final de siglo es imperativo que el futuro económico se defina como un asunto del Estado y no obedezca simplemente a la concepción unilateral del Gobierno. La emergencia amerita la concertación, porque todos los sectores de la vida nacional están afectados por la crisis.
Es necesario rehabilitar a los compatriotas que viven por debajo de los niveles de miseria, pero también es indispensable asegurar al sector productivo empresarial políticas definidas que le permitan contribuir efectivamente y sin sobresaltos al proceso de desarrollo. La clase media y el sector informal, los grandes ignorados en la dinámica de crecimiento del país, son también sectores fundamentales en la gran empresa de concertación para rectificar el rumbo de la economía. Consideramos que el documento económico del M-19 será un punto de partida en este propósito nacional. Sustituir los programas económicos de gobierno por planes de desarrollo económicos y sociales, que sean producto de un proceso de concertación democrática.
1. EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO COLOMBIANO ESTÁ EN CRISIS
Después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia siguió una estrategia de desarrollo económico basado en la política de sustitución de importaciones, dentro de los lineamientos de la ortodoxia de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Adicionalmente, tímidos experimentos monetarios económicos iniciados a fines de la década de 1970 y continuados durante la de 1980, han demostrado su incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la economía colombiana. Hoy día existe consenso en que este modelo entró en crisis, siendo necesario un replanteamiento de la estrategia de desarrollo del país. Sin embargo, no hay identidad de criterios acerca de cuales alternativas de política económica deben presentarse a la nación con el fin de conjurar dicha crisis.
2. LA CONCERTACIÓN, INSTRUMENTO INDISPENSABLE PARA LA DEMOCRACIA
PLENA
La base económica del modelo político de la democracia participativa consta de tres pilares fundamentales: Por un lado, está la iniciativa empresarial y la intervención del Estado en el manejo de la cosa económica y, del otro, la interacción de estos dos con la comunidad a través de sus legítimos voceros políticos y gremiales. Esta interacción tripartita es necesaria con el fin de garantizar la acumulación de capital privado y, al mismo tiempo, impedir que sean las clases menos favorecidas las que paguen las consecuencias económicas de políticas mal formuladas por el Gobierno, o del manejo erróneo de los negocios particulares. Así, el sector privado participa por la vía de las decisiones de inversión, asociadas con el capital de riesgo y la filosofía de desarrollo empresarial. El Estado y la comunidad participan por la vía de la planificación concertada. Este debe ser el proceso público y democrático donde el Gobierno y los gobernados determinen los propósitos económicos de la sociedad. Esta concertación tiene como prioridad el diseño y la adopción de un plan de desarrollo económico, a nivel nacional y regional. En este contexto, la intervención del Gobierno se entiende como un instrumento rector para el diseño y ejecución del «Plan», a partir de unos objetos previamente concertados.
3. LA CONCENTRACIÓN Y EL PROBLEMA DEL DESARROLLO
No está en el ánimo del M-19 continuar la relación dramática de las estadísticas, ampliamente conocidas por la opinión, sobre el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, cobertura de salud, vivienda, agua y alcantarillado, educación, empleo y recreación. Lo importante es no perder de vista que tales cifras son consecuencia del modelo de desarrollo vigente. La concertación y la planeación han sido un anhelo nacional de las últimas décadas. La relativa estabilidad económica del país, en este periodo, ha sido el resultado del manejo económico de diferentes coyunturas, con los innegables altibajos de los intereses partidistas, manteniendo una sociedad agudizada en su pobreza pero sin superar el problema del subdesarrollo. Es así como, en los últimos 25 años, el 45% más pobre de la población - la pobreza absoluta - se perpetúa en su status.
El manejo de la economía ha sido mediatizado por programas de gobiernos que generalmente no consultan el interés de la sociedad, ni se enmarcan dentro de una política de Estado en su auténtico significado, debido básicamente a la ausencia de participación de todos sus asociados. El gran ausente ha sido la formulación de un auténtico plan de desarrollo que garantice altos niveles de crecimiento económico y humano, dando así solución, al menos, a las necesidades básicas de la población. La planeación democrática es la única forma de proyectar al país hacia el siglo XXI en una dimensión de paz y desarrollo. Esta transición implica considerar tres niveles de planeación: La nacional, la regional y la planeación de emergencia, esta última orientada al manejo de recursos extraordinarios destinados a iniciar con resolución la construcción de la paz nacional.
3.1 La concertación nacional: Se refiere a la determinación y adopción de la estrategia y políticas generales de desarrollo económico habitualmente plasmadas en los llamados «Planes decenales» de desarrollo. Esta requiere de la participación institucional del Gobierno, los sectores de la producción y el trabajo y de los representantes de la comunidad. Este nivel de concertación determinará el marco de la concertación regional.
3.2 La concertación regional: Colombia es un país segmentado geográficamente, en donde las condiciones y necesidades particulares de las regiones requieren un tratamiento determinado por su propio entorno. En este nivel la participación de la comunidad es determinante. La planeación regional es descentralizante, ya que su elemento básico constitutivo es el municipio. El actual régimen municipal podría considerarse como un embrión de este principio.
3.3 La planeación de emergencia: La corrección de cualquier modelo de desarrollo es un proceso que toma tiempo. En este sentido, es indispensable el diseño e implementación de planes de emergencia orientados a la solución inmediata de las necesidades primarias de la población, generadas por la situación de crisis.
4. NUESTRA PROPUESTA: PRAGMATISMO ES CONSTRUIR SOBRE LO YA EXISTENTE
El M-19 considera que el momento histórico colombiano exige en forma imperativa una rectificación de la política económica en los siguientes términos: 1. La readecuación de los mecanismos de planeación para el logro de los nuevos objetivos. 2. El diseño e implementación de un Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País (PERP).
4.1 Readecuación de los mecanismos de planeación. La imposibilidad de haber logrado conformar la llamada «Comisión del Plan», único mecanismo de concertación constitucionalmente previsto, ha dejado la tarea de formular el «plan de desarrollo», que en la práctica es sólo el «programa económico del Gobierno», al Consejero Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), ente que actúa como secretaría técnica del primero. Cualquier esfuerzo de concertación democrática requiere una reforma de estas instituciones para que se conviertan en mecanismos reales de concertación. En la actualidad, el CONPES está compuesto por la presidencia de la república, los ministros del despacho y representantes de otras instituciones del Gobierno que intervienen de una u otra forma en el manejo económico de la nación. En este sentido, proponemos la inclusión en el CONPES de representantes de los gremios de la producción, los sindicatos, agremiaciones campesinas e indígenas, la universidad, asociaciones de profesionales, cívicas y representantes del Parlamento, con el fin de lograr una concertación y democratización de la planeación nacional. De otro lado, es indispensable convertir el DNP, que en la actualidad opera como la oficina de la Presidencia de la República para la elaboración del presupuesto nacional, en un verdadero organismo de formulación e implementación del plan democráticamente concertado.
En lo regional planteamos una reestructuración de la división político administrativa del país, que responda a las necesidades de la planeación regional y municipal. Esto significa redefinir los Concejos Regionales de Política Económica y Social, de manera que se institucionalicen como mecanismos democratizadores de la planeación regional. De igual forma, es necesario proceder con las oficinas de planeación municipal. El objetivo de esta readecuación es el de dar las bases institucionales para la implementación del Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País (PERP), e iniciar la concertación de una Plan Decenal de Desarrollo Económico.
4.2 La formulación e implementación de un Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País (PERP).
El PERP busca mejorar, en el corto plazo, el nivel de vida del hombre colombiano a través de la solución de sus dos problemas fundamentales: comida y techo. Al tener solución estos problemas paralelos, se contribuye al equilibrio de la relación entre el campo y la ciudad y, al tiempo que se da respuesta a la supervivencia, se convierten en pilar fundamental de la paz. La política de gasto del Gobierno se ha basado en el concepto de «inversión y gasto social», como forma de romper los efectos indeseables de la estrategia de desarrollo vigente. El instrumento diseñado por éste para implementar dicha política ha sido el «Plan Nacional de Rehabilitación (PNR)». Sin embargo, las cifras muestran cómo la ejecución del PNR ha quedado subordinada a las políticas de control del déficit fiscal y del sostenimiento de una política monetaria restrictiva. Adicionalmente, este no es de carácter nacional y restringido a las zonas de violencia del país.
Las actuales circunstancias del PNR, sin lugar a dudas, son no sólo consecuencia de la ausencia de una concertación de recursos por parte de unidad de las autoridades económicas. Es lamentable la carencia de concertación aún al interior del mismo gobierno. Por lo anterior, el M-19 propone, no un «Plan Nacional de Rehabilitación», sino un «Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País» (PERP), un plan subordinante y no subordinado a otros objetivos macro-económicos inmediatistas.
5. ¿Y PARA QUÉ EL PERP?
El PERP tiene que ser un verdadero plan de salvación del país y sus beneficios tendrán que empezar por rehabilitar a los compatriotas que están por debajo de los niveles de miseria, pero tiene que extenderse a todas las capas de la población. A la clase media económica y cultural, acosada por el desempleo y el desasosiego ante la incertidumbre del futuro y la desprotección del Estado; al sector obrero, víctima de la irrealidad de su ingreso; al sector empresarial, limitado por la inestabilidad de las políticas gubernamentales; al llamado «sector informal», que siendo la apoteosis de la supervivencia ha sido el gran ignorado del proceso de crecimiento, pues de esta crisis no se salva nadie. En el corto plazo, una propuesta como el «PERP» debe partir de un replanteamiento, concertación y democratización del actual Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y de otros mecanismos de promoción socio-económica para las clases menos favorecidas tales como el DRI y el PMA, de manera que la comunidad sea partícipe de esfuerzos, antes dispersos, en un solo «PERP». La viabilidad del «PERP» depende de dos factores fundamentales: De un lado, de la adecuada formulación y manejo, por parte del Gobierno, de políticas de demanda y oferta agregadas y, de otro, de las posibilidades reales de financiación del mismo.
5.1 El manejo de la política económica. El manejo de los instrumentos de política económica es básico para el logro de los objetivos de la planeación concertada durante el período de emergencia.
5.1.1 El problema de la oferta de bienes. En lo concerniente a este punto, estimamos fundamental una política clara, tendiente a incrementar la oferta de alimentos, como instrumentos de abaratamiento del costo de vida y control de la inflación, ya que consideramos que éste no es un fenómeno eminentemente monetario. De acuerdo con la canasta básica para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor, este rubro representa cerca del 40% del gasto familiar. En este contexto no es folclórico el afirmar que en Colombia la inflación es de papa, yuca, maíz y plátano maduro. Para esto, son necesarios programas de crédito subsidiados; abaratamiento de costos de los insumos y maquinaria agrícola por la vía de reducciones de impuestos y aranceles; programas de infraestructura y, en fin, de todas las medidas encaminadas a proteger el sector y poner a la gente a producir.
5.1.2 El problema del gasto y la demanda agregada. En lo referente al gasto público doméstico, es necesario replantear prioridades y conceptos. En la actual coyuntura y durante el período para administrar la emergencia, este debe encaminarse a la promoción de la vivienda popular. Se requiere pues, romper con el esquema tradicional que concibe la política de construcción como un instrumento orientado a la solución parcial del desempleo, y, recuperar su verdadera dimensión como instrumento para la solución del problema habitacional de los colombianos. La ortodoxia económica enseña que el gasto público interno puede ser expansivo en la medida en que no genere un déficit fiscal inmanejable. Así, propuestas tales como consagrar el principio del presupuesto equilibrado como norma constitucional, no pueden plantearse de manera responsable en un contexto fuera del de la concertación, ya que esto significaría sacrificar uno de los instrumentos de política económica disponible para el Gobierno, cual es el del manejo de déficit fiscal. El resto es ideología y, por tanto, discutible.
5.2 La financiación del «PERP». La financiación del Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País (PERP), requiere la constitución de un FONDO NACIONAL PARA LA PAZ. Para ello existen diferentes posibilidades:
1. Financiación externa para gastos en moneda local. El M-19 considera que la coyuntura internacional es propicia para el logro de fórmulas creativas con el fin de conseguir financiación externa para el «PERP», sin dejar agobiar al país por el peso de la deuda. Analizando el sector externo de la economía nacional, el país parece tener divisas suficientes para garantizar el funcionamiento del aparato productivo en el corto plazo. Sin embargo, el manejo de la deuda externa sigue siendo el problema determinante. Para el año de 1989, cerca de un 46% de los ingresos del país en moneda extranjera, será dedicado al servicio de la deuda, rubro que incluye intereses y abono a capital. En este punto, el M-19 considera que la implementación de una política seria y pragmática debe partir del principio del cumplimiento de los compromisos internacionales del país. Al mismo tiempo, creemos que el cumplimiento de estos compromisos no debe ni puede ser antagónico con el logro de los objetivos de la reconstrucción nacional. En este sentido, las opciones de renegociación o reestructuración de la deuda están a la orden del día. La banca internacional está aceptando la realidad económica de sus deudores con el fin de evaluar las auténticas posibilidades de pago de los países agobiados por el peso de la deuda. Los estamentos políticos de los países prestamistas se mueven en la misma dirección. Muestra de esto son las discutibles propuestas contempladas en los planes BAKER y BRANDY para la solución del problema.
2. El impuesto para la paz. Hace unos meses el país conoció una propuesta para la creación de un impuesto de guerra destinado a financiar gastos de orden público, que tuvo enorme acogida desde la clase dirigente. Nosotros esperamos que con la misma emoción respalden nuestra propuesta de un impuesto para la paz, para posibilitar los proyectos concertados que surjan de la realidad democrática del «PERP».
3. Un tercer mecanismo de financiación del «PERP» tiene relación con las expropiaciones y decomisos de bienes provenientes de todas las actividades ilícitas.
4. Así mismo, en lo referente a los aportes del Gobierno, es imperativo que los giros de tesorería reflejen fiel y oportunamente las apropiaciones presupuestales.
5. Por último, proponemos que el 10% del presupuesto de gasto de orden público, sea destinado a la inversión social, incentivando las acciones cívico-militares en las regiones más afectadas por la guerra.
5.3 Conclusión Este somero esbozo nos indica que la salida de la crisis es la democracia concertada. Hagamos de la concertación económica y de la reconciliación política un propósito nacional.
6. TEMAS CONEXOS
El M-19 considera que existen, entre otros, dos temas específicos dignos de discusión alrededor de las mesas de trabajo.
6.1 La implementación de un Plan de Vivienda de Urgencia, cuyos derroteros estén trazados por la búsqueda de soluciones básicas al problema habitacional de la población.
Si el termómetro real de la misma es la existencia cotidiana de la vida tugurial. En este sentido, se requieren programas de relocalización de los habitantes de zonas de alto riesgo, la declaratoria y reglamentación de zonas de desarrollo urbano prioritario, y, la definición de un Plan Nacional de Vivienda del ICT y del BCH para dichas zonas. Así mismo, impulsar los programas de autogestión concertada, que permitan la organización de programas de auto-construcción y montaje de centros de acopio y distribución de materiales. Estas medidas deben complementarse con una redefinición del sistema UPAC y una reestructuración de las deudas de los adjudicatarios de vivienda que hoy se encuentran en condiciones de morosidad frente a entidades públicas y privadas.
6.2 Otro de los objetivos del M-19 es el de lograr garantías para el sostenimiento del ingreso real de la población asalariada. En este sentido, proponemos institucionalizar un mecanismo de reajuste automático del salario mínimo, así como la regulación concertada de los precios de los artículos de primera necesidad, con el fin de morigerar el efecto regresivo de la inflación sobre la distribución del ingreso.
CARLOS PIZARRO
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE