Transcripción
Marzo 9 de 1990
Para: Ministros del Despacho, jefes de departamentos administrativos, consejeros presidenciales, presidentes, gerentes o directores de entidades descentralizadas del orden nacional.
Asunto: Cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con el M-19.
Con el acto de dejación de armas del M-19, realizado de manera simultánea en los departamentos del Cauca y el Huila el pasado 8 de marzo, los colombianos asistieron a la culminación exitosa del proceso de paz que el Gobierno nacional adelantó con el M-19. Fue un duro pero fructífero trabajo. Se cumplieron los objetivos propuestos, en especial el más importante de ellos, la incorporación de los miembros del M-19 a la vida civil colombiana, con la plenitud de las garantías y obligaciones ciudadanas, previa la dejación de sus armas y la aplicación de los beneficios de la Ley 77 de 1989, aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el Gobierno nacional.
Los acuerdos suscritos con el M-19 comprometen a la totalidad del Gobierno nacional. Este paso representa una gran responsabilidad para el Gobierno nacional. Al día siguiente del acto de dejación de las armas por parte del M-19, en el Palacio de Nariño se suscribió un pacto que recoge los acuerdos y compromisos en materia política. Con anterioridad, el pasado 2 de noviembre de 1989, el Gobierno nacional, el director nacional del Partido Liberal, el Presidente del Congreso y la Iglesia Católica, ejerciendo la tutela moral del proceso, habían suscrito el Pacto Político por la Paz y la Democracia, el cual recoge los consensos y conclusiones del proceso de discusión de la Mesa de Trabajo y las mesas de análisis y concertación. Mediante este procedimiento se llevó a cabo un diálogo democrático entre los más diversos estamentos de la sociedad colombiana, que concluyó con la suscripción de ese documento.
En ese pacto se definieron con claridad los compromisos de cada uno de los signatarios. Al Gobierno nacional le compete presentar a la consideración del Congreso algunas iniciativas legislativas; el estudio en unos casos y la ejecución en otros de programas y medidas concretas en el ámbito socioeconómico y en el de la justicia y el orden público y, por último, la implementación de las garantías acordadas para la incorporación a la vida civil de los alzados en armas. Estos acuerdos, suscritos por el Presidente de la República, el Ministro de Gobierno y el Consejero presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación, comprometen a la totalidad del Gobierno nacional. Su cumplimiento debe ser responsabilidad directa de todos y cada uno de los ministros del Despacho, jefes de departamentos administrativos y de los presidentes, gerentes o directores de las entidades descentralizadas del orden nacional, en el área correspondiente a sus funciones.
En consecuencia, y dada la trascendencia de estos acuerdos para el fortalecimiento de nuestra democracia y el interés del Gobierno nacional, los destinatarios de esta Directiva deben realizar, sin demora, todos los esfuerzos que estén a su alcance para obtener tales propósitos. Deben proceder de inmediato a adelantar los programas socioeconómicos, las medidas concretas y preparar los proyectos de ley que se requieran para dar cumplimiento a los compromisos del pacto que sean responsabilidad del Gobierno.
Coordinación y seguimiento de los compromisos
Para la coordinación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos en materia socioeconómica, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el Secretario de Integración Popular de la Presidencia de la República, integrarán una comisión al más alto nivel para cumplir estas funciones. Cada ministerio, departamento administrativo y entidad pública involucrada en el desarrollo y ejecución de los respectivos programas y acciones, informará a esa comisión, la cual, en todo momento, debe estar en capacidad de comunicar y explicar el cumplimiento de los compromisos. Esta comisión, a su vez, informará periódica y oportunamente al Consejo Nacional de Normalización sobre el desarrollo de los programas respectivos y deberá tener permanente disponibilidad para implementar aquellas medidas de coordinación que el Consejo de Normalización le solicite. En cuanto a los compromisos en materia de justicia, convivencia y orden público, el Ministro de Gobierno y el Consejero Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, velarán por su cumplimiento y coordinarán las acciones pertinentes para lograr este objetivo. Es compromiso del Gobierno nacional dar cumplimiento a estos acuerdos que permitieron, finalmente, la desmovilización de un grupo guerrillero y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de lograr este propósito en la respectiva área de su competencia. Anexo a la presente Directiva se les están enviando los respectivos documentos, así como un resumen de los compromisos de Gobierno nacional para que, de inmediato, procedan a iniciar el trabajo.
Atentamente,
VIRGILIO BARCO VARGAS.
Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilio Barco 1989-1990. Se inician acuerdos parciales: pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE