Artículos
- Paola Guayazán
- Acuerdo contra la violencia
- Visitas: 129
ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA
Octubre 6 de 1951
Declaración de los directorios nacionales de los partidos políticos.
Transcripción
El gobierno nacional invitó a los directorios nacionales de los dos partidos a integrar con sus propios miembros una comisión que “trabaje por la paz y la normalidad políticas, que pueda estudiar los problemas de la violencia y la impunidad y proponer las providencias que juzgare aconsejables”. En cumplimiento de un indeclinable deber patriótico aceptamos tal invitación y hemos venido reuniéndonos para examinar los diversos problemas que afectan la normalidad política del país. Nos ha parecido conveniente para el mejor desarrollo de nuestra labor, hacer públicos nuestros conceptos acerca de la tarea que nos proponemos cumplir y de los medios que emplearemos para adelantarla. Es éste el objeto de la presente declaración.
1º Entendemos por normalidad política en Colombia el funcionamiento regular de las instituciones democráticas, el pleno goce de las libertades públicas consagradas en la Constitución y el respeto a los fueros de la autoridad, dentro de un ambiente de paz, seguridad, justicia y orden. Así concebida la normalidad, presupone la igualdad de condiciones para todos los partidos en la lucha política y la proscripción de todo medio ilegítimo para conquistar o para retener el poder. Esta concepción descarta radicalmente el empleo de la violencia como instrumento de lucha política y consiguientemente la apelación a procedimientos insurreccionales o subversivos, al golpe de estado o a la acción directa, lo mismo que la coacción indebida por parte de las autoridades y el abuso de la fuerza pública en cualquier forma, que vulnere los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Los partidos deben cumplir sus funciones de gobierno o de oposición dentro de un recíproco respeto y sometiéndose al fallo periódico de la opinión pública libremente expresada en las urnas. La tolerancia y la pacífica convivencia en las relaciones de los partidos están íntimamente ligadas a la fiel observancia de aquellas normas.
Este concepto de normalidad política que responde a las aspiraciones tradicionales de los dos grandes partidos colombianos, orientará nuestra acción conjunta. Aspiramos a que nuestras propias actuaciones como integrantes de la comisión y las medidas que propongamos al gobierno al servir eficazmente para el restablecimiento de la tranquilidad pública no sólo contribuirán al pronto levantamiento del estado de sitio sino que tendrán benéfica influencia para el desarrollo pacífico y ordenado de la vida nacional en el futuro.
2º Entendemos que es un deber de los directorios emplear enérgica y sistemáticamente su autoridad para que las actividades políticas se desarrollen de acuerdo con los principios enunciados, sin menoscabo de la dignidad, la doctrina y los legítimos intereses de cada una de las dos colectividades históricas, ni de las responsabilidades que les corresponden como gobierno o como oposición dentro del régimen democrático. Naturalmente, la solución de los problemas que perturban hoy la normalidad política nacional implica en la mayor parte de los casos medidas que por su índole sólo el gobierno está en capacidad de adoptar. Sin tratar de disminuir la responsabilidad que acompaña a nuestra posición directiva ni de poner limitaciones a la acción que debemos cumplir en el campo de nuestras atribuciones propias, entendemos que en muchas y graves materias nuestro papel no debe ser otro que el de prestar nuestra cooperación al gobierno, a quien primordialmente corresponde guardar el orden público, garantizar los derechos políticos y la vida, honra y bienes de todos los colombianos sin discriminación alguna y cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Constitución y de las leyes. Entendemos que nuestra cooperación con el gobierno debe consistir en procurar que los miembros de los partidos no pongan obstáculos a la acción tutelar de las autoridades, ni la entraben, ni pretendan desviarla de sus legítimos cauces y objetivos. Y también en el mantenimiento de un clima de concordia que haga más fácil aquella acción.
Como una de las funciones que se han confiado a la acción conjunta de los dos directorios, según la comunicación del señor ministro de gobierno, es la de hacer recomendaciones sobre los problemas que perturban la normalidad política, nos proponemos formular esas sugestiones inspirados en el criterio de que deben buscarse para aquellos problemas soluciones de una naturaleza tal que contribuyan eficazmente al pleno restablecimiento del orden, a crear un ambiente de convivencia entre los colombianos y a eliminar la aspereza de las relaciones políticas. Esperamos igualmente que el gobierno nos prestará concretamente los problemas con respecto a los cuales considere más urgente nuestra cooperación, examinará con nosotros la naturaleza de la cooperación que nos demanda y pondrá a nuestro alcance todas las fuentes de información existentes para que podamos realizar cumplidamente el estudio sobre la violencia y la impunidad, que constituye una de las misiones que nos han sido encomendadas.
3º Si rechazamos el empleo de la violencia como medio para intentar la conquista del poder o para retenerlo, con mucha mayor razón tenemos que condenar de la manera más enfática la que es fruto ciego de pasiones sectarias que hacen ver un enemigo en quien no piensa de la misma manera que nosotros; a la que bajo las apariencias de una acción de intolerancia política esconde los más bajos móviles de codicia personal, la que se ejerce para violentar la conciencia de los demás o privarlos de su libertad en materias de opiniones políticas; la que consiste en despiadados ataques a pacíficas comarcas y en el sacrificio de vidas de indefensos ciudadanos, las represalias atroces y la venganza privada y los actos de represión que exceda los límites señalados por el derecho de gentes, la Constitución y las leyes, o que se ejecuten sobre personas extrañas a los hechos que se trata de repeler. Todos esos actos son contrarios al bien nacional ningún legítimo interés de partido puede invocarse para justificarlos. Los directorios lo condenan sin vacilación, declaran que en ninguna forma pueden contar con el apoyo ni siquiera con la tolerancia de los partidos y que su extirpación de nuestras costumbres políticas constituye ola primera necesidad nacional.
4º En la declaración conjunta de los directorios políticos que se hizo con fecha del 1º de abril de 1949, se enunciaron estos conceptos que creemos oportuno reproducir ahora: “La violencia no puede tener cabida en el ideario de los partidos conservador y liberal, y, en consecuencia, quienes la ejecutan traicionan sus propias causas y obran contra sagrados intereses de la Patria. Los directorios de los partidos la condenamos sin restricciones y pedimos a todos nuestros copartidarios que la condenen igualmente, cualquiera que sea el campo de donde surja, pues sería inicuo repudiarla cuando la padece el propio partido y estimularla cuando se ejercite contra el adversario.”
La campaña contra la violencia política para que sea eficaz tiene que ser imparcial; la acción de las autoridades y de la justicia severa y libre de toda influencia sectaria. Sólo así puede asegurarse para ella la completa cooperación pública.
Existen en algunas regiones del país grupos dispersos alzados en armas contra las autoridades que desarrollan una acción de características diferentes a las de los brotes esporádicos de violencia política. Sin perjuicio de declarar enfáticamente que toda actividad agresiva de esos grupos debe cesar, y que cualquier intento de continuarla no puede contar con el apoyo, la simpatía o el amparo de los ciudadanos o de las directivas políticas, los directorios procederán a estudiar -con el objeto de hacer recomendaciones al gobierno sobre la manera de poner pronto y justo término a las situaciones creadas por la existencia de esos grupos- las circunstancias y forma en que han actuado, la aplicación de la justicia con relación a ellos, los métodos represivos y los intereses de las comarcas afectadas por esa situación anómala. Para dar comienzo a ese estudio, los miembros de los directorios se trasladarán a la mayor brevedad a los Llanos Orientales, Antioquia, el Tolima y el Occidente de Cundinamarca.
Pretendiendo ampararse en unos casos bajo el nombre de los partidos, o sin acudir a ese expediente en otras ocasiones, delincuentes comunes atentan contra la vida y la propiedad de los colombianos y siembran la inseguridad en los campos y aldeas. La lucha contra ellos debe adelantarse de la manera más vigorosa con cooperación de todos, y debe realizarse un esfuerzo tan intenso como persistente para eliminar la impunidad que es causa, la más grave, del aumento de la delincuencia. Para esta lucha contra la impunidad, que el gobierno ha considerado con razón como tarea de imperiosa urgencia, los directorios de los partidos ofrecen su más amplia y sincera cooperación.
5º La campaña encaminada a lograr prontitud y certeza en la imposición de las penas debe acompañarse de una celosa vigilancia para que la ley sustantiva penal y las normas de procedimiento se apliquen con espíritu de justicia, sin interferencias políticas, observando la plenitud de las normas propias de cada juicio y respetando escrupulosamente el derecho de defensa de los acusados y las garantías procesales. La situación de todo detenido debe ser resuelta dentro de los plazos que señala la ley. En la represión de los delitos y en el mantenimiento del orden público ninguna autoridad puede extralimitarse, ni aplicar sanciones no previstas en las leyes, ni someter a los responsables a tratamientos crueles o inhumanos. Particularmente, en la lucha contra la impunidad, es menester restaurar el respeto a la vida humana. Si el Estado, en ejercicio del derecho social de castigar no aplica la pena de muerte, menos puede hacerlo los particulares o las propias personas revestidas de autoridad. Ninguna persona puede ser castigada sin que medie una providencia firme, expedida en forma legal que así lo disponga.
Los directorios darán preferente atención al examen tanto de los problemas de la violencia y la impunidad como de los que se relacionan con las garantías de que deben gozar los ciudadanos frente a la prevención y castigo de los delitos, y sobre los resultados de ese examen formularán recomendaciones al gobierno. Una estrecha y constante vigilancia de la opinión pública sobre los hechos relacionados con aquellos problemas, aparece como altamente necesaria y urgente.
6º Estando constituidas las autoridades para amparar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, es necesario que las directivas políticas cooperen en la gestión oficial que se desarrolle para obtener el regreso a sus domicilios de aquellas personas desplazadas por la violencia política, el temor de ella o cualquier forma de coacción. Los emigrados o exiliados de ambos partidos tienen derecho a retornar a sus hogares, rodeados de garantías para el ejercicio de su trabajo y el disfrute de sus bienes. A la acción de las autoridades en tal sentido debe agregarse el concurso de las directivas políticas, a las cuales corresponde crear un ambiente de seguridad y de respeto. quienes hayan sido desalojados ilícitamente de sus heredades o despojados de ellas tienen derecho a que se les reintegre y a su pacífico goce, sin riesgos futuros para su vida y hacienda. Para poder estudiar más a fondo las soluciones que deban darse a problemas de esa naturaleza, la comisión ha decidido recoger una completa información sobre esta materia con todos los pormenores necesarios, por conducto de las directivas políticas y de las autoridades.
7º En estos empeños de paz, seguridad y concordia, las directivas quieren propiciar el desarme de los espíritus. Esta tarea debe ser complementada por la acción de las autoridades para el desarme de físico de la población civil, mediante el decomiso indiscriminado de las armas que porten ilícitamente los ciudadanos. Para el adelantamiento de esta labor, las autoridades deberán tomar previamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes en las zonas afectadas por la violencia. Como la existencia de grandes cantidades de armas de fuego en poder de particulares tiene parte principalísima en el desarrollo de la violencia, la comisión propondrá al gobierno medidas para enmendar este estado de cosas.
8º Los directorios coinciden con el punto de vista del gobierno sobre la importancia de acelerar el levantamiento de la censura de prensa que ha venido rigiendo como consecuencia del estado de sitio y de volver a la vigencia del régimen ordinario que la constitución prevé, es decir, que la prensa en Colombia debe ser libre pero responsable en tiempo de paz.
Si el gobierno, como ha anunciado, estima que para adoptar tal paso deben revisarse previamente las disposiciones legales encaminadas a hacer efectiva la responsabilidad de los órganos periodísticos, sería deseable que en el estudio del respectivo estatuto se diera participación a los representantes de la prensa de todos los partidos, con la mira de buscar un asentimiento general o formula que evite toda discriminación por razones políticas o de otro orden y no sacrifique en la práctica la libertad de opinión y de información. La comisión, por su parte, estaría lista a colaborar también en el estudio de tal estatuto.
En todo caso, cualquiera que sea la decisión final de ejecutivo, los directorios están acordes en que no exista trato discriminatorio, ni ventaja para la prensa de ningún partido en materia de opiniones e informaciones.
9º La comisión considera que es indispensable para que impere en el país una paz estable y sólida el perfeccionamiento de los métodos del sufragio a fin de lograr elecciones libres de violencia y de fraude; acoge el plan de establecer una nueva cédula de ciudadanía y colaborará para que la expedición de ella se haga sin discriminaciones, garantizando a todos los ciudadanos su fácil adquisición y su conservación tranquila. Los directorios actuarán conjuntamente para cooperar en un eficaz, justo y pacífico desarrollo del proceso de cedulación.
10º Está en el ánimo de los directorios estudiar los problemas que afectan la vida nacional en el orden político, con un alto sentido patriótico cooperando en la medida de su influencia para suscitar un clima de tranquilidad, convivencia civil, el mutuo respeto en las relaciones de los partidos y el funcionamiento regular de las instituciones nacionales. Conforme a la sugestión del señor ministro de gobierno, los directorios harán llegar al ejecutivo las solicitudes que estimen convenientes y le presentarán fórmulas compatibles con el decoro, la ideología y los derechos de las colectividades que representan. El partido liberal se propone actuar como oposición civil al amparo de las leyes y el conservatismo, en su carácter de colectividad de gobierno, quiere ejercer el poder dentro de las pautas constitucionales. Se trata de someter al juego democrático y al imperio de la ley las actividades de los partidos, fundar una paz civil, estable y contribuir, dentro de una atmósfera de tolerancia y lealtad en la lucha, a que los excesos de la beligerancia política y los odios sectarios no menoscaben el bienestar colectivo y la grandeza de Colombia.
Dirección Nacional Liberal: Alfonso López, Carlos Lleras Restrepo, Directorio Nacional Conservador: Gilberto Alzate Avendaño, Luis Navarro Ospina, José María Villareal.
FUNDACIÓN PAÍS POSIBLE