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Abril 1 de 1949 

Unánime respaldo a la declaración de los dos partidos condenando la violencia.

Transcripción 

Los Directorios Nacionales de los partidos históricos colombianos, en homenaje a los intereses permanentes de la Patria, hemos acordado dirigirnos nuestros copartidarios del país con el propósito de contribuir a la tranquilidad de los espíritus y el afianzamiento de la paz pública que constituyen el mayor empeño de estas directivas y del gobierno de union nacional. Confiamos en que las instrucciones y órdenes que en esta forma deseamos hacerles llegar, habrán de ser obedecidas fielmente, porque entendemos que la autoridad política que se nos ha confiado no comprende tan solo la facultad de orientar y estimular los esfuerzos de nuestras respectivas colectividades con el alcance de obtener una victoria electoral sino también, y principalmente, la de procurar que esos esfuerzos no desborden los cauces de una limpia concepción democrática ni quebranten el orden público ni la patriótica convivencia de los ciudadanos.

Tenemos además las firme decisión de poner todo el peso de esa autoridad y toda la influencia de la disciplina al servicio de tan elevado empeño, sin tolerar que pueda prevalecer contra éste la funesta tendencia a considerar como título a la estimación y a la protección de los partidos, la ejecución de actos reprobables que afectan precisamente la esencia más pura de sus doctrinas e infieren supremo agravio a la república.

Por sobre todos los intereses vinculados al presente debate electoral, importa a los dos partidos el perfeccionamiento de la organización democrática colombiana, hasta el punto de que puede afirmarse que para cualquiera de ellos carecería de significado y de legítima y perdurable utilidad un triunfo obtenido con violación de los derechos de sus adversarios. Una victoria alcanzada por medio de la violencia, de la coacción o del fraude mancharía de manera indeleble a nuestra democracia, haría moralmente imposible la creación de un clima de cooperación nacional y sembraría de obstáculos insalvables la acción del gobierno. Al logro de una verdadera civilización política nacional, más que a cualquiera otra aspiración, están íntimamente vinculados los intereses de ambos partidos. Sólo ella puede dar base estable a la vida constitucional y ofrecer a nuestras colectividades la posibilidad de alcanzar, de la leal aplicación de sus programas, todo cuanto aspiran a realizar por el bienestar, la tranquilidad y el progreso de los colombianos.

LA VIOLENCIA POLÍTICA

La ola de violencia homicida que viene azotando al país desde hace largos años constituye gravísimo peligro para la democracia colombiana, y afrenta a quienes la estimulan o utilizan con la vana ilusión de quebrantar por la fuerza del delito los ideales indestructibles de los pueblos. La violencia no tiene ni puede tener cabida en el ideario de los partidos conservador y liberal y, en consecuencia, quienes la ejecutan traicionan a sus propias causas y obran contra sagrados intereses de la patria. Los directores de los partidos la condenamos sin restricciones y pedimos a todos nuestros copartidarios que la condenen igualmente, cualquiera que sea el campo de donde surja, pues sería inicuo repudiarla cuando la padece el propio partido y estimularla en cuanto se ejercite contra el adversario.

Las instituciones de la república han previsto sistemas democráticos para dirimir los conflictos de opinión en el país, que respetan el derecho de las mayorías y garantizan la defensa y amparo de las minorías políticas. La actividad de los partidos sólo es legítima cuando se adelanta con arreglo a esos sistemas, y las dos colectividades declaran que aceptan y reconocen los resultados de un sufragio popular libre  de toda violencia y limpio de todo fraude. De consiguiente, interesa por igual a liberales y conservadores el que todos los colombianos, legalmente capacitados para ello, puedan ejercitar el derecho de votar libremente. Esto debe ser motivo de patriótica emulación y los partidos en cada ciudad y en cada aldea han de aspirar a exhibir, como el más orgulloso título democrático, el hecho de que no se privó a ninguno de sus adversarios de las garantías para concurrir libremente a las urnas. 

Los directorios nacionales se comprometen desde ahora a actuar directamente, en acuerdo con el gobierno nacional, para obtener ese resultado y al efecto cada uno de ellos impartirá órdenes expresas, vigilará su exacto cumplimiento y a requerimiento del otro enviarán a aquellas poblaciones donde exista peligro de violencia o de fraude, delegados suyos de la mayor responsabilidad, encargados de velar por el respeto de los derechos de los afiliados al partido opuesto. Igualmente han convenido los directorios nacionales en que condenarán, sin reticencia alguna, y en forma pública, enfática y solemne, cualquier acto de violencia encaminado a intimidar a los ciudadanos o a impedirles el acceso a las urnas, así se produzca antes de las elecciones, en el curso de éstas o dentro del periodo de los escrutinios. 

Para vergüenza de nuestra cultura política acontece que en algunas regiones del país existen poblaciones donde la violencia ha adquirido, en distintas épocas caracteres permanentes y sistemáticos hasta el punto de que a los miembros del partido que aparece como minoritario en esas localidades les ha sido prácticamente continuar viviendo allá y han tenido que abandonar sus hogares y bienes. Así se busca inicuamente uniformar la opinión en determinados municipios ya en favor de un partido, ya del otro, privando a ciudadanos colombianos del derecho a vivir donde a bien tengan. Esa tendencia bárbara no puede continuar progresando y debe ser extirpada de manera implacable, de todos los sitios en donde impera. Es indispensable que quienes hayan tenido que abandonar sus hogares, en cualquier tiempo, puedan regresar a ellos a vivir en paz y seguridad y a ejercitar sus derechos ciudadanos sin limitación alguna. 

La acción de las autoridades imparcial y enérgica, tiene naturalmente que jugar el papel principal en la obtención de ese resultado; pero los partidos están en el deber ineludible de prestarle al gobierno la más amplia cooperación al respecto, desarmando los espíritus de sus parciales [sic], condenando cualquier intento de presión, cooperando en la investigación y castigo de los delitos de esa índole, cualquiera que sea la filiación política de quien los cometa y aun concurriendo a la protección de los atacados. Los directorios nacionales han convenido en acometer inmediatamente la pacificación de las regiones afectadas a cuyo efecto enviarán a ellas comisiones que investiguen las condiciones locales, busquen el apaciguamiento de los ánimos y obtengan para todos los ciudadanos consideración y respeto.  Esto, naturalmente sin perjuicio de la acción que compete al gobierno como encargado de velar por la seguridad pública y de otorgar garantías  a los miembros de todos los partidos. 

LA APLICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL. LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Si la violencia coacciona y dificulta las elecciones, el fraude las [palabra ilegible] y tergiversa; extirparlo radicalmente de nuestras costumbres políticas debe ser empeño común de los partidos, pero empeño decidido, sincero y sin reservas. Para alcanzar tan alto propósito fue expedida el año pasado la ley sobre reforma electoral por acuerdo libre, espontáneo y solemne de ambas colectividades históricas. En la leal ejecución de ese estatuto tiene puestas el país sus mejores esperanzas y está comprometido el honor de ambos partidos. Por desgracia, la reforma no ha operado con la rapidez deseada, pues van ya transcurridos tres meses desde su adopción sin que esto sea imputable a negligencia de los encargados de ejecutarla sino a las complejidades propias de la implantación de un nuevo sistema. Pero creemos que es necesario centuplicar los esfuerzos par que sus disposiciones puedan jugar con el máximo de eficacia en las próximas elecciones y aún más cabalmente en las de 1950, conforme lo prevee [sic] la respectiva ley. 

Para obtener tal resultado es indispensable la cooperación del gobierno, de los partidos y de todos los ciudadanos. Los nuevos funcionarios electorales deben contar con eficaz protección por parte de las autoridades, a fin de que puedan ejercer sus funciones con absoluta independencia, libres de toda presión partidaria y sabiendo que el mejor servicio que pueden prestar a la República y a las colectividades políticas es el de cumplir fiel, honorable, imparcial y eficazmente el mandato del estatuto que los creó obrando sin preferencias y sin miedo y sin creer que cualquiera posible desviación de sus deberes puede contar con la protección pero ni siquiera con la complacencia de su propio partido. 

Los Registradores Electorales, cualquiera que sea su filiación política no pueden obrar como miembros de una fracción sino como depositarios de la fe pública, y todo posible intento para orientar sus labores con criterio sectario constituiría condenable prevaricado. Al propio tiempo pedimos a nuestros copartidarios de todo el país que rodeen a esos funcionarios de respeto y consideración, que se abstengan de ejercitar o de intentar siquiera presión alguna sobre ellos y que no pretendan obstaculizar de ninguna manera la aplicación de las disposiciones electorales. Iguales recomendaciones formulamos con respecto a la consideración de que debe rodearse a los testigos legales de los partidos en los actos electorales. Todo intento de impedir la completa vigilancia electoral por parte de los representantes del partido opuesto, haría presumir por sí mismo intenciones fraudulentas que nadie puede prohijar ni excusar siquiera y que todos repudiamos sinceramente.

Sólo la desconfianza recíproca de los partidos en la pureza del sufragio ha sido una de las causas mas poderosas de intranquilidad pública, los directorios nacionales declaran que se anticipan a condenar de la manera más sincera, enfática y solemne cualquier intento o conato de fraude sea cual fuere el pretexto que se invoque y en servicio de no importa qué partido en cualquier lugar del país. Estamos convencidos de que un triunfo alcanzado por el sistema bochornoso del fraude constituiría deshonra para la democracia colombiana y sería factor de tremendas perturbaciones. La suprema aspiración de las directivas nacionales consiste en que las próximas elecciones y cuantas hayan de realizarse en el futuro, sean un certamen de civismo en que pueda ejercitarse la plenitud de los derechos que la constitución y las leyes confieren a todos los ciudadanos de Colombia para decidir en las urnas acerca de la orientación que debe darse a la República. 

No basta repetir que los intereses de los partidos se confunden con los propios intereses de la Patria, debemos demostrarlo en esta hora difícil, acondicionando la conducta de los ciudadanos liberales y conservadores al servicio del auténtico interés y orientando a nuestras colectividades dentro de las rutas del destino histórico que le fijaron los próceres a la nacionalidad colombiana. Tal es el trascendental resultado que las actuales directivas se encuentran empeñadas en alcanzar. 

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Al gobierno de la nación corresponde por su parte ejercer las funciones de mayor importancia para alcanzar tan altos propósitos y remover los obstáculos que se opongan a su feliz culminación, algunos de los cuales sólo la autoridad pública puede eliminar. Como lo ha preconizado gobierno, es indispensable la absoluta imparcialidad política de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, hasta el punto de que ningún partido, pero ni siquiera un solo ciudadano, pueda justamente llegar a sentirse presionado por el gobierno ni aun desamparado por éste en el uso de sus derechos. 

Abusar del poder en servicio de un partido es actitud de beligerancia sectaria, incompatible con la imparcialidad y rectitud que el país exige a sus magistrados y a todos los funcionarios públicos. Los directorios nacionales rechazan como ilegítima e inadmisible la ayuda política que un funcionario de cualquier partido pueda prestar a su respectiva causa, con violación de las normas de imparcialidad oficial y notifican a sus afiliados que no desean ni aceptan apoyo de esa naturaleza y que no estarían dispuestos a premiarlo. Esta declaración, como es lógico, se extiende con mayor fuerza a los miembros de todos los cuerpos armados, de cuya imparcialidad y rectitud depende en grado máximo la paz pública y a quienes claras disposiciones legales prohiben expresamente toda intervención política, ya que su función primordial y trascendente consiste en ser los guardianes insustituibles de las instituciones nacionales.

Al propio tiempo, las autoridades que están primordialmente instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, deberán proceder en todo instante de manera oportuna y enérgica para que su acción sea eficaz. La guarda del orden público impone actividad, decisión y firmeza, ya que su protección tiene que ser preventiva para que no resulte ilusoria. Las garantías póstumas son manifestaciones de impotencia que desacreditan a los gobiernos y corrompen a los pueblos. 

Pero hay algo que se está generalizando en el país y que tiene infinita gravedad, nos referimos a la impunidad que constituye el mejor caldo de cultivo para la proliferación del delito. El sectarismo político y en ocasión, intereses y pasiones todavía más bajos, han logrado crear en determinadas regiones del país un ambiente de impunidad que nos devuelve a las formas primitivas de la vida social. Allí los jueces no pueden investigar los delitos cometidos por infinidad de razones: unas veces por temor a las represalias que van desde la creación de dificultades para encontrar techo y subsistencia , la amenaza, la tentación, y el ataque, hasta la pérdida de la propia vida; otras, por la absoluta falta de colaboración en los testigos que dicen no haber visto cosa alguna ni haber escuchado nada, se abstienen de toda declaración, y también lo que es aún más grave -porque dentro de semejante ambiente se reputa traidor a su partido a quien condene, detenga o siquiera indague a un copartidario suyo sindicado de violaciones al código penal. 

Tremenda situación que comparte el criterio espantoso de que los delitos sólo son abominables en los adversarios y se transforman en acciones plausibles cuando han sido cometidas por los propios copartidarios. Contra semejante estado de cosas protestan los directorios nacionales y excitan  al gobierno a agotar los medios para modificarla, poniendo al servicio de la justicia toda la fuerza coactiva, del estado, porque un país donde la impunidad enseñorearse, estaría en el camino de la disolución. 

Los directorios excitan igualmente a los miembros de la administración de justicia y a los organismos encargados de su vigilancia a que actúen con máxima severidad y prontitud. Es necesario además que los Tribunales y la Corte Suprema reciban información completa de todos aquellos casos en que el fracaso de las investigaciones y en la aplicación de las penas pueda imputarse a la acción defectuosa o parcial de los subalternos. Quienes en el ejercicio de la administración de justicia o en el cumplimiento de las funciones de instrucción, violen sus deberes y contribuyan así a consolidar el repugnante clima de la impunidad, deben recibir con digno castigo y ser señalados a la excreación [sic] de todos los ciudadanos honrados.

Parte esencial de esta batalla por la justicia tiene que ser sin duda la exclusión sistemática de todos los puestos de responsabilidad y mando de aquellos elementos que presenten antecedentes reprobables. Por la delicadeza de la actuación de los resguardos de rentas nacionales y departamentales sugerimos que se practique periódicamente una revisión cuidadosa de la hoja de vida de sus miembros con intervención del gobierno central, procediendo con criterio de seguridad pública y no con espíritu de sectarismo político.

LA PRÁCTICA DE LA UNIÓN NACIONAL

Los directorios nacionales entienden que la política de Unión Nacional es la mejor formula de convivencia entre los colombianos siempre que sea lealmente practicada por todos los funcionarios del gobierno especialmente por quienes la función primordial de interpretarla para fijarle sus alcances y desarrollos en el proceso de la administración. En distintas ocasiones, por conducto de sus órganos autorizados y de sus representaciones parlamentarias, ambos partidos han aceptado esa política y le han ofrecido su apoyo al gobierno que la encarna y ejecuta. Tal apoyo ha tenido su manifestación no sólo en la presencia en el gabinete y en las administraciones locales de ciudadanos de ambos partidos, sino en las actuaciones de las representaciones parlamentarias que en el año pasado llegaron  a acuerdos con el gobierno sobre puntos de la mayor trascendencia para la vida política y administrativa de la nación. Pero creemos que la política de unión nacional implica primordialmente  un clima de concordia entre los colombianos y la más completa garantía para la vida, honra y bienes de todos. En la práctica, tiene que producir esas finalidades que son, primordialmente, las que explican su adopción y el asentimiento nacional a sus normas.  

Para que las finalidades que persigue la unión nacional puedan alcanzarse plenamente y la acción conciliadora del gobierno no se vea debilitada en la práctica es indispensable que los principios y sistemas de esta política, en cuanto implican absoluta neutralidad de las autoridades en la lucha partidista, igualdad de oportunidades para todos los colombianos, posibilidad de patrióticos acuerdos para resolver los grandes problemas de la república y consolidación de un ambiente de cooperación y tolerancia, se extiendan a todos los sectores de la vida nacional, departamental y municipal, en los distintos órganos del poder público y presidan las relaciones reciprocas de los partidos. 

Las declaraciones y acuerdos a que este manifiesto se refiere tienden precisamente a crear esa necesaria armonía, uniendo a los partidos en la lucha contra el fraude y la violencia, dándoles como patrimonio y meta comunes los ideales de perfeccionamiento de nuestra vida democrática y abriendo el campo, por la práctica de la tolerancia y la concordia, a mas amplios entendimientos sobre la manera de resolver muchos problemas nacionales con respecto a los cuales no existen diferencias radicales de opinión y que podrían dar base para el desarrollo de un esfuerzo común. Estamos seguros de que si el espíritu de la union nacional se acepta lealmente por los partidos sus relaciones mutuas, la acción del ejecutivo podría desarrollarse con menos dificultades de las que hoy encuentra y con eficacia infinitamente mayor.

LA PROPAGANDA POLÍTICA

Los directorios nacionales consideran que es factor de la mayor importancia para la tranquilidad pública el uso de un lenguaje patriótico y elevado, tanto en los discursos políticos como en la prensa periódica, lenguaje que no está en manera alguna reñido con la exaltación de las doctrinas sino que antes bien las ennoblece y dignifica. La expresión del pensamiento político debe hacerse en términos de recíproco respeto, sin que la crítica degenere en el agravio, sin pecar contra la verdad por el desconocimiento o la deformación de los hechos y sin herir sentimientos respetables que al sentirse afectados puedan provocar peligrosas reacciones. Primordialmente debe prescindirse de toda excitación a la violencia, de las falsas alarmas, de los insultos personales y de las insinuaciones a desconocer las autoridades legítimas. 

La veracidad debe ser ante todo requisito indispensable de la actividad política  en un país serio, de hombres responsables. 

El análisis de los problemas políticos del país que los directorios nacionales han adelantado bajo el influjo de una profunda preocupación patriótica, nos ha llevado a la conclusión honrada de que la práctica leal y sincera de las recomendaciones aquí formuladas es esencial para el afianzamiento  de la paz pública y conviene por igual a nuestros partidos. No hemos querido hacer una declaración encaminada simplemente a salvar responsabilidades, sino trazar una política de alta convivencia nacional que estamos resueltos a practicar con decisión irrevocable. La ofrecemos a todos los colombianos y les pedimos que la adopten, seguros de que es la mejor manera de servir a Colombia en esta hora difícil de su historia. Lo contrario equivaldría a no querer entender la gravedad del momento nacional. 

La pugna electoral no debe ni puede romper aquellos vínculos que constituyen la esencia de la unidad colombiana: la adhesión a los principios democráticos que excluyen toda inclinación a las tesis totalitarias de izquierda o de derecha, contrarias a la libertad humana y a los intereses nacionales; el respeto invariable a la fe religiosa que profesa sin distingos la gran mayoría de los colombianos: en un ambiente de justicia, de libertad, de orden y de constante progreso. Si la controversia política deja a salvo esos vínculos podemos tener confianza en el futuro de la nación y es lo que pedimos con profunda convicción a los partidos que nos han confiado en esta hora la grave responsabilidad de conducir sus destinos. No olvidemos que en este territorio que nos ha tocado en suerte, para fundar una civilización y aquilatar una cultura cabemos ampliamente todos los colombianos, con dilatadas posibilidades para la vida, al solo precio de que seamos capaces de organizarnos y todos permanezcamos leales a nuestro común destino.

Los directorios nacionales no pueden terminar esta declaración conjunta sin afirmar su total acuerdo para la defensa de los principios de la civilización cristiana, de la unidad del continente americano y de los sistemas democráticos, que son los comunes denominadores de los dos gloriosos partidos que en un siglo largo de vida independiente han escrito la historia nacional.

Los directorios nacionales declaran finalmente que tienen plena confianza en la sinceridad con que todos y cada uno de sus miembros suscriben el presente manifiesto y una profunda convicción acerca de que la posición de todos ellos ha sido y es totalmente adversa a la instigación, organización o tolerancia de la violencia política, dejando así a cubierto sus nombres y los de prominentes personalidades de ambos partidos de toda insidia sectaria.

Bogotá, 1º de abril de 1949

Carlos Lleras Restrepo (Dir. DNL); Francisco José Chaux, Guillermo León Valencia (Dir. DNC), Augusto Ramírez Moreno, Jorge Uribe Márquez, Luis Navarro Ospina, José María Villareal y Gilberto Alzate Avendaño.

Publicado en El Siglo, abril 2 de 1949

FUNDACIÓN PAÍS POSIBLE