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Julio 25 de 1988

 

Como resultado de los acuerdos para la liberación del doctor Álvaro Gómez Hurtado, un grupo de ilustres colombianos ha convenido con el M-19 una reunión, el próximo 29 de julio, para discutir cuestiones aún no definidas de manera precisa pero que con seguridad interesan a toda la nación.

 

La posición del gobierno frente al acuerdo de Panamá y los términos allí establecidos.

 

No se le escapa al Gobierno que esta reunión ha sido fruto de la presión, pero entendemos, al mismo tiempo, que puede permitir una aproximación fructífera si durante el curso de la misma o durante el proceso para concretar sus resultados, se preserva el clima de buena voluntad desprovisto de presiones que puedan desnaturalizar sus alcances. El Gobierno nacional se abstuvo de participar en la reunión de Panamá y de emitir cualquier opinión distinta a la de señalar su satisfacción por los términos y procedimientos allí establecidos, porque ni debía desautorizar actitudes humanitarias, como las que animaron a la mayoría de los participantes, ni podía asumir compromisos surgidos de imposiciones por la vía de la fuerza y por lo tanto inaceptables.

 

Desde luego, el Gobierno no puede, ni debe, desautorizar los esfuerzos de buena voluntad que emprendan distintos sectores de la vida nacional y tampoco puede desestimar de antemano los resultados a que pudiera llegarse, a menos que tales resultados se enmarquen claramente dentro de la Constitución y la ley y no violen las regulaciones específicas que establece nuestro ordenamiento institucional para la acción del Gobierno.

Esperamos que la reunión del 29 de julio sea positiva y recibimos con satisfacción el que representantes de los partidos políticos, la Iglesia, los gremios, los sindicatos y demás sectores de la vida nacional, avoquen de manera decidida el reto que significa allanar caminos de paz y concordia en beneficio de toda nación. Fue el propio presidente Barco quien, en su discurso de posesión, solicitó de todos los colombianos esta solidaridad y apoyo para lograr el objetivo de incorporar a los alzados en armas a la vida civil, en el entendido de que ello representa un propósito nacional el cual no puede llevarse a cabo sino con el concurso de toda la sociedad. Cuando está de por medio la convivencia nacional, los únicos límites que pueden colocarse a las fórmulas de entendimiento, son los que señalan la Constitución y la ley.

 

Los distintos niveles del diálogo según se desarrollen con la sociedad civil o con los grupos guerrilleros.

 

Ciertamente, la reunión del 29 de julio, que a los ojos de la opinión pública tiene el carácter de un diálogo, ha despertado en unos la esperanza de un camino de solución y en otros las reservas apenas normales cuando se han tenido experiencias aparentemente parecidas y, en todo caso, infructuosas. A nuestro juicio, las dificultades del pasado no deben ser argumento para desvirtuar estos esfuerzos y, antes bien, deben servir para no volver a cometer los mismos errores y deben ser una guía para sopesar y ponderar el alcance y la viabilidad de los compromisos a que se llegue. El Gobierno, desde el 7 de agosto de 1986, ha impulsado, apoyado y practicado el diálogo como procedimiento para buscar soluciones y superar dificultades. Ha sido precisamente a través del diálogo que se ha hecho esfuerzos para lograr la reconciliación entre el Estado y la comunidad y para establecer un itinerario que conduzca a la desmovilización de los grupos insurgentes.

 

Es obvio, sin embargo, que el Gobierno tiene la obligación de distinguir los niveles de diálogo, sus propósitos según los interlocutores y el margen de acción frente a cada uno de ellos, porque no puede permitirse la ambigüedad ni la imprecisión que a la postre conduce a costosos resultados, que empiezan por ser confusiones de conceptos y terminan en confusiones de compromisos, como quizás pudo haber ocurrido en el pasado. Es claro, de una parte, que el Gobierno ha propuesto y practicado un diálogo con los partidos, las fuerzas sociales y la comunidad para buscar soluciones concretas y fórmulas para superar la crisis, diálogo que, por cierto, no tiene antecedentes en el país, acostumbrado de tiempo atrás a las conversaciones a puerta cerrada en las que, en pequeños conciliábulos, se tomaban las grandes decisiones. En este sentido por ejemplo, el Plan Nacional de Rehabilitación ha sido diseñado e implantado, teniendo como su instrumento fundamental los consejos departamentales y municipales de rehabilitación en los cuales participa toda la comunidad, desde los gerentes de entidades públicas y funcionarios del Gobierno, hasta la Iglesia, los gremios y las organizaciones cívicas y populares, demostrando con ello que el diálogo democrático debe iniciarse involucrando a la comunidad en las decisiones que la afectan.

 

Este diálogo democrático es igualmente evidente en la política que el Gobierno ha diseñado para manejar la protesta ciudadana y las decenas de marchas campesinas que se han producido a lo largo y ancho de toda la nación en estos dos años de gobierno. Es la misma concepción de diálogo democrático que se ha mantenido con los partidos políticos de oposición con el Congreso, las asambleas, los concejos comisariales y los concejos municipales, como escenarios privilegiados de esa confrontación civilizada y abierta entre el Gobierno y las colectividades políticas, y entre interlocutores legítimos y representativos que ventilan abiertamente sus desacuerdos y que buscan transformar el conflicto en un nuevo consenso fundado en una conciencia y en unos criterios políticos comunes. Otra cosa bien distinta es el diálogo con la guerrilla. Estos grupos están al margen de la ley y de las instituciones legítimamente constituidas dentro de nuestro sistema político, y no puede confundirse su capacidad de perturbar la tranquilidad pública con pretendidos derechos para ser voceros del país o de algún sector social, porque no puede un sistema democrático, un Estado de derecho y un gobierno legítimo, aceptar las armas como argumento de interlocución.

 

Esta no es sólo una consideración de orden jurídico y político, sino lo que define el alcance y las posibilidades del diálogo con los grupos alzados en armas. El punto central de ésta consideración es la de que de tiempo atrás la guerrilla ha pretendido convertirse en vocera del país ante el Gobierno para reclamar, usando la fuerza y las armas, reformas, soluciones, medidas de tipo político; concesiones que el Gobierno debe hacer como respuesta a los hechos de violencia que provocan los propios grupos armados. Esta postura es, por supuesto, inadmisible para un gobierno emanado de la voluntad popular y partícipe de unas reglas de juego democráticas que respeta y defiende. El Gobierno ha hecho, hará las reformas que considere convenientes porque esa es su obligación y su compromiso con el pueblo colombiano pero no puede ser este un tema de negociación entre el Gobierno y los alzados en armas.

 

Los temas del diálogo: desmovilización y garantías con la guerrilla; alternativas a la crisis con la sociedad civil.

 

Nos parece necesario que el Gobierno reitere su postura básica: Las soluciones políticas o las alternativas a la crisis nacional las discute el Gobierno con los voceros legítimos del país y sus fuerzas sociales: los partidos, la Iglesia, los sindicatos, etcétera. A su turno, la existencia de la guerrilla, la desmovilización y las garantías de toda índole que puedan plantearse, son los asuntos del diálogo del Gobierno con los voceros de los grupos alzados en armas. No puede pretenderse que el Gobierno negocie soluciones a la crisis nacional con la guerrilla porque eso sería no sólo improcedente e irresponsable, sino además sería borrar de un tajo todo el ordenamiento institucional colombiano.

 

Esta política, que el Gobierno fijó desde el 7 de agosto de 1986, es desde luego susceptible de modificaciones, si así lo indica una evaluación realista de las circunstancias políticas del país y si es esa la voluntad mayoritaria de la nación, pero en forma alguna puede modificarse por presiones o actos de fuerza de los grupos alzados en armas. Persistiremos, mientras existan las condiciones mínimas para el diálogo, en buscar la desmovilización de estos grupos sin contraprestaciones distintas que las garantías económicas sociales y políticas necesarias para su reincorporación a la vida civil. Debe precisarse, sin embargo, que si el Gobierno insiste en delimitar su terreno de diálogo con la guerrilla en este tema es porque está obligado a ello por razones tanto políticas como constitucionales. Entiende bien que los temas de acercamiento entre los grupos armados y los sectores representativos del país, pueden tener un espectro más amplio de temas, preocupaciones que pueden ventilarse en bien del país y que el Gobierno está dispuesto a escuchar y, si es del caso, tramitar.

 

Porque, desde luego, los términos de referencia del diálogo que se acaba de señalar no son forzosamente los mismos para el Gobierno que para los particulares. Reiteramos que, para el Gobierno, el diálogo es un procedimiento por medio del cual se deben lograr acuerdos, no para convivir con la guerrilla, sino para establecer los procedimientos y las garantías que logren el anhelado fin de la incorporación de los alzados en armas al proceso político legal. En cambio, los particulares y voceros de la sociedad civil, por no tener las responsabilidades de preservar y controlar el orden público, no necesariamente deben limitarse a la desmovilización y, la mayoría de las veces, sus diálogos con los grupos guerrilleros giran en torno a buscar fórmulas de convivencia pacífica o lograr consensos sobre temas específicos de la coyuntura, que pueden ir creando condiciones propicias para lograr la reconciliación nacional. Es el caso concreto, por ejemplo, del reciente acuerdo del departamento del Caquetá, sobre el cual el Gobierno se pronunció, no para desautorizarlo sino para señalar estas mismas consideraciones que aquí estamos haciendo. Por ello, el Gobierno acogió las propuestas de diálogos regionales, que desde distintos sectores se propusieron, porque entiende que es necesario buscar nuevas fórmulas de consenso local o regional en torno al tema de la paz, que atenúen las tensiones y dispongan mejor los ánimos para acercamientos fructíferos y confiables.

 

Lo esencial es oponer al clima de violencia, hoy existente, una vocación de paz que, por muchas razones y por las propias experiencias del pasado, se fue desvaneciendo hasta polarizar los ánimos. El Gobierno tiene la obligación política de ser optimista y de conservar la esperanza en resultados fructíferos de la reunión que se realizará, pero tiene también la obligación moral, frente al país, de señalar los riesgos y las limitaciones de este tipo de eventos, sin que con ello se busque desestimular los esfuerzos de los particulares sino, por el contrario, encauzarlos para que ellos tengan desenlaces positivos para el país. Por ello, estamos en la obligación de advertir que un procedimiento como éste, ya ensayado y fracasado, sería interpretado por muchos como un camino agotado, de suerte que quienes participan deben evaluar sus responsabilidades hacia el futuro, pues este diálogo, que se ensaya ahora, bien puede ser una aproximación fructífera, pero también puede representar la última oportunidad para buscar soluciones civilizadas a este conflicto.

 

¿Bajo qué condiciones y términos está dispuesta la guerrilla a desmovilizarse? ¿Están o no dispuestos a abandonar las armas?

 

A juicio del Gobierno, la clave de éxito o el fracaso de la reunión está no sólo en el alcance de lo que se acuerde y de la voluntad que exista para lograrlo, sino de la actitud de la guerrilla frente a esos compromisos. Lo que para el país está en juego en este proceso es el futuro de la democracia colombiana y los procedimientos para afianzarla y profundizarla, si queremos alcanzar la paz como la entiende y la quiere el país. Es evidente que la paz, entendida como una situación permanente en la que se respeten los derechos de todos, donde reinen la justicia y la equidad, debe ser el resultado de un, ojalá no muy largo, proceso social y político que debe ser construido con la voluntad y el concurso de todos los colombianos, pero no tiene como presupuesto la paz entendida como una situación opuesta a la guerra.

 

No cabe duda de que la inmensa mayoría de los colombianos quiere una sociedad más justa y más democrática pero es preciso preguntarse si podríamos alcanzarla conviviendo con la violencia. Quienes participen en el diálogo, se interrogarán seguramente sobre los pasos necesarios para lograr la convivencia y ello supone interrogar a los grupos armados sobre su propio futuro como fuerza armada. ¿Bajo qué condiciones y términos está dispuesta a desmovilizarse? ¿Quieren mantenerse como guerrilla aún después de los acuerdos? ¿Pretenden lograr una fórmula de convivencia con el país, manteniendo la alternativa de la  armas? Estas deben ser cuestiones fundamentales del diálogo, si se quieren sentar con él las bases de una convivencia estable.

 

Los grupos armados deben asumir posiciones sobre su propio futuro como organizaciones armadas

 

En reiteradas ocasiones el Gobierno ha formulado estos y otros interrogantes a las FARC, sin obtener respuestas concretas de parte de ellos. ¿Tiene el M-19 y los demás grupos una actitud distinta y en qué medida comprometen los acuerdos del M-19 a los demás grupos? Más aún: ¿serán admisibles y realistas los acuerdos con un grupo, manteniéndose la actitud de los demás? Estas son preguntas que quienes dialogan están obligados a hacerse si en verdad se quieren buscar fórmulas eficaces para la reconciliación. A juicio del Gobierno, no se entendería como sincero, realista, viable y fructífero, un diálogo a través del cual se llegase a acuerdos que comprometen la vida nacional en materia política y social, si simultáneamente no se llega a clarificaciones sobre los interrogantes señalados y si los grupos armados no asumen con transparencia posiciones sobre su propio futuro como organizaciones armadas. Cualquiera sabe que las ideologías son discutibles pero no negociables. El modelo de sociedad que pudieran postular los grupos armados, debe ventilarse mediante procedimientos democráticos y no mediante la fuerza, la violencia y las armas, lo cual supone un acuerdo sobre las reglas del juego para ventilar las diferencias, sin aspirar a suprimirlas.

 

El Gobierno tiene la esperanza de que los esfuerzos iniciados por importantes dirigentes en tan dramáticas circunstancias, no hayan sido en vano y no se constituyan en una frustración que contribuya a acentuar el clima de violencia. Reitera, así mismo, que conserva la mejor disposición de ánimo para considerar y propiciar las propuestas que conduzcan a una reconciliación entre los colombianos y que permitan avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia.

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE