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Julio 15 de 1988

La propuesta de un nuevo diálogo nacional surgido desde diversas vertientes está enmarcada por unas circunstancias políticas muy diferentes a las que vivimos en 1985. En aquella ocasión fue el resultado de acuerdos logrados entre organizaciones guerrilleras y el Gobierno, en los cuales quedó claro el papel político del movimiento armado. Hoy, lo que se destaca en el panorama nacional es el carácter agresivo del régimen y el recrudecimiento de la violencia inspirada por el sistema en todos los órdenes. El incremento de la violencia contra las fuerzas políticas y sociales que reclaman sus derechos y que luchan por reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, es una prueba clara de ello.

La permanente violación de los derechos humanos y la creciente acción de la guerra sucia siguen causando más muertes y sufrimientos al pueblo colombiano. En esas acciones criminales se hallan comprometidas directamente las fuerzas armadas del Estado, como lo han reconocido públicamente incluso el Procurador General y el propio Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y como lo ha denunciado para el mundo Amnistía Internacional, entre otros. La lucha armada revolucionaria, así como las distintas formas de protesta y de acción de las masas para expresar su inconformidad o para reclamar sus derechos, es totalmente justificada, como respuesta a la ofensiva criminal desplegada por las fuerzas retardatarias que se oponen a cambios progresistas.

El gobierno de Virgilio Barco no ha dado muestra alguna en la práctica, a favor de soluciones reales a los gravísimos problemas que afronta el pueblo. Por el contrario, ha preferido reforzar la política de mano dura con resultados ampliamente conocidos. El Gobierno, los dirigentes de los partidos tradicionales y los altos mandos de las fuerzas armadas, nuevamente están exigiendo la desmovilización y el desarme de las fuerzas guerrilleras, como condición previa para el diálogo, lo cual es inaceptable desde nuestro punto de vista. La ofensiva fascista, la reiterada negativa del Gobierno y la posición que han asumido los altos mandos militares imposibilitan, en las actuales condiciones, un diálogo fructífero. Mientras tales factores subsistan no se podrán obtener resultados positivos para el pueblo a través de ese amañado «diálogo».

En esas circunstancias, el EPL insiste en los siguientes aspectos: Que el Gobierno se comprometa directamente en las conversaciones con el movimiento guerrillero. Que la vocería del movimiento guerrillero la asuma la Coordinadora Guerrillera «Simón Bolívar». Que el Gobierno tome medidas concretas contra la guerra sucia y cree un ambiente favorable para la acción política. Esto daría base a la discusión de los problemas políticos, económicos y sociales que aquejan a nuestro pueblo. El Mando Central del EPL deja claro que no ha tenido participación alguna en la retención de Álvaro Gómez ni en las negociaciones destinadas a resolver su situación.

FRANCISCO CARABALLO, Comandante General.

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Virgilo Barco 1986-1990. Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M-19. Tomo 2 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE