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2003

Acuerdo de San José de Ralito, julio 15 de 2003 

Las campañas presidenciales de 1998 y 2002 tenían en común el tema de la paz, no obstante que ambas igualmente divergen en las formas para alcanzarla, mientras en 1998 Andrés Pastrana alcanzó la presidencia con un discurso de salida negociada al conflicto, Álvaro Uribe ganara la suya con un discurso de salida militar a la amenaza narcoterrorista.

Uribe vence en la carrera al Palacio de Nariño gracias a unas condiciones preexistentes que fortalecen el discurso diseñado para la campaña, en el frente nacional existía una frustración generalizada por la terminación del proceso de paz con las FARC y aumentaba la  preocupación por el fortalecimiento de esta guerrilla aprovechando la zona de distensión por un lado y del paramilitarismo creado para contenerlas por el otro.

En el frente internacional, el mundo experimentaba una transformación geopolítica de magnitud histórica tras los atentados contra las torres gemelas y el pentágono en los Estados Unidos en septiembre de 2001, el mundo apenas se acomodaba a un sistema internacional de una sola superpotencia y ahora observa como el terrorismo se erigía como una superpotencia oculta, deslocalizada, fanática y decidida a crear el caos global.

Con estos contextos, el nuevo gobierno ajustó una política que resolviera de una vez por todas el problema de la violencia en Colombia al tiempo que el país se alinea en una cruzada contra el terrorismo global. Esa política se conocería como la “política de seguridad democrática” constituyéndose en la estrella polar con la que las fuerzas militares avanzaron en la consolidación de un poder decisivo para ganar la guerra y someter a la subversión terrorista.

Ese giro semántico en el discurso para tratar a la guerrilla insurrecta y graduarla como grupo narcoterrorista, le permitió al gobierno alinderar el apoyo de los Estados Unidos y encauzar los recursos y políticas del Plan Colombia creadas por la anterior administración para irrigar con dinero y equipamiento militar a una fuerza armada y policial en franco fortalecimiento evidenciando un crecimiento de sus efectivos y capacidades operativas para ganar la guerra contra el terror -el concepto de conflicto armado es marginado del discurso gubernamental- y de esta forma permitir la aplicación de políticas con “corazón grande” para la consolidación de un estado de bienestar social para los colombianos.

En ese orden de ideas, mientras los helicópteros y la ayuda en inteligencia llegaban a Colombia, el gobierno abrió paralelamente un frente de trabajo para sondear acercamientos de paz con los actores al margen de la ley, especialmente con los grupos paramilitares. Para esos efectos se nombró a Luis Carlos Restrepo como comisionado de paz y se le delegó la responsabilidad de ejecutar dichos acercamientos.

Aquellos se plantearon como encuentros exploratorios desde diciembre de 2002 y finalizaron con la elaboración y firma del acuerdo de Santa Fe de  Ralito el 15 de julio de 2003, en el  corregimiento de Santa Fe de Ralito del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, en él participan en representación del gobierno el comisionado Restrepo, y en representación de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, los líderes Hernan Hernandez, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz, Jorge Pirata, Vicente Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

El acuerdo contó con el acompañamiento y los oficios facilitadores de la Iglesia Católica a través del Monseñor Germán García, Monseñor Julio César Vidal y el Padre Leonidas Moreno y de los miembros de la comisión exploratoria de paz. Carlos Franco,Jorge Ignacio Castaño, Eduardo Espinosa, Gilberto Alzate Ronga, Ricardo Avellaneda y Juan Pérez Rubiano.

Los aspectos centrales del acuerdo de Ralito son el compromiso de las AUC de reincorporarse a la vida civil, aportar para la paz del país y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado, en ese orden de ideas se plantea una ruta de desmovilización de todos sus efectivos en un lapso de tiempo entre diciembre de 2003 y diciembre de 2005.

Igualmente y como aporte de la comisión exploratoria se convino entre las partes la negociación sobre la concentración de las fuerzas paramilitares con presencia de la fuerza pública y el establecimiento de garantías de seguridad, al tiempo que se plantea un cese de hostilidades y la búsqueda conjunta del combate al narcotráfico.

Finalmente el acuerdo plantea un apoyo de la sociedad a los esfuerzos enmarcados en aquel y se pide un acompañamiento a la comunidad internacional para garantizar el éxito de las negociaciones. La materialización del acuerdo en términos del proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil tiene lugar a partir del 25 de noviembre de 2003 con un acto en la ciudad de Medellín donde el Bloque Cacique Nutibara entrega sus armas y queda a disposición de las autoridades y las rutas de reincorporación diseñadas para tal fin.

En total se desmovilizan 35 bloques paramilitares, en 2004 se desmovilizan los bloques Bananero, Catatumbo y Calima, en 2005 lo harían las Autodefensas de Córdoba, el Frente Héroes de Tolová, y los bloques Héroes de los Montes de María, Héroes de Granada, Centauros y Central Bolívar; en 2006 se suman los bloques Mineros, Resistencia Tayrona, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque Norte, los Frentes Héroes del Guaviare y Héroes de los Llanos y el bloque Elmer Cárdenas.

Esas estructuras paramilitares sumaban alrededor de 32000 integrantes -incluyendo sus comandantes- de acuerdo con datos suministrados por MAPP OEA, para dichas estructuras y todas aquellas hacen parte del conflicto, el gobierno nacional promulgó la ley 975 de 2005 mejor conocida como la ley de Justicia y Paz, el gobierno inicialmente había enviado al Congreso una ley de alternatividad penal con enfoque a beneficiar a los victimarios que confesaran sus crímenes pero la presión de la comunidad internacional y de grupos de derechos humanos precipitó el retiro de dicha iniciativa para presentar un marco normativo con las víctimas en el centro del sistema.

De esta forma, la ley 975 o ley de víctimas delimitó como ejes fundamentales los principios de la justicia transicional, significa que todos los procesos de paz enmarcados en esta ley deben cumplir criterios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para efectos de acceder a los beneficios de penas reducidas que estaban contempladas en la ley (5 a 8 años en prisión), la justificación de quienes promovieron la ley sostenían que a pesar del carácter laxo de las penas frente a delitos atroces, había que establecer un equilibrio entre la justicia y la paz.

El diseño institucional que soporta al proceso de paz con los paramilitares ha tenido problemas no solo desde su concepción como se observó en los párrafos arriba señalados, sino que en su implementación se verificó la complejidad del reto de la desmovilización y la incapacidad del Estado para concretar marcos normativos en lo relativo a la administración de justicia, muestra de ello son los altos niveles de impunidad que acompañan al proceso.

Por otra parte, los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de repetición no han sido ejecutoriados completamente, el incumplimiento de los compromisos por parte de los comandantes paramilitares tuvo como consecuencia la activación de los protocolos de extradición y con ellos, las víctimas se quedaron en colombia sin conocer la verdad, la recuperación de bienes y dineros del paramilitarismo para la reparación han sido verdaderos rompecabezas jurídicos e investigativos, y frente a las garantías de no repetición si bien la violencia paramilitar menguó su influencia en el concierto del conflicto armado, todavía quedan reductos de violencia provenientes de estructuras herederas conocidas como Bandas Criminales o BACRIM.

Adicionalmente, el proceso de paz con los paramilitares tejió un manto de duda sobre el gobierno Uribe dado que sectores de izquierda y organizaciones no gubernamentales internacionales denunciaron la connivencia de estructuras mafiosas y el gobierno nacional, muestra de ello es el escándalo de la Parapolítica que resulta de investigaciones que suceden a raíz de la aparición del Pacto de Ralito, un documento de 2001 entre políticos y paramilitares para la refundación del país.

Los efectos del proceso de paz con los paramilitares tienen diferentes alcances e impactos, por una parte, y de acuerdo al discurso oficial, se eliminó de tajo un factor de violencia que había sido responsable del buena parte de la violencia desatada en la década de los noventa hasta 2006, los indicadores de seguridad así lo corroboraron. Los contradictores del proceso por su parte señalan que el proceso de paz con los paramilitares fue un pacto mafioso entre aquellos y el gobierno además que incrementó la corrupción en departamentos como Córdoba y la Guajira, y terminó engendrando grupos de BACRIM especializados ya no en la lucha contrainsurgente sino en la explotación de economías ilegales relacionadas con la extracción de oro, robo de gasolina, contrabando, minería ilegal y narcotráfico.

Oscar Daniel Feliciano Fajardo

FUNDACIÓN PAÍS POSIBLE