.

LEVANTAR EL ESTADO DE SITIO, CESAR LOS OPERATIVOS MILITARES CONTRA LAS FARC-EP Y DISOLVER LOS GRUPOS PARAMILITARES

Estrellas inactivasEstrellas inactivasEstrellas inactivasEstrellas inactivasEstrellas inactivas
 
Mayo 19 de 1986

 

Carta de los congresistas de la UP al presidente Belisario Betancur 

 

Señor Presidente:

 

En nuestro carácter de parlamentarios elegidos por la Unión Patriótica, con todo respeto resumimos las cuestiones que presentamos ante usted con motivo de la audiencia que nos ha concedido.

 

Nos preocupa sobre todo el clima de persecución, de hostilidad sistemática y de regresión agresiva contra nuestro movimiento, lo que viene creando en diversas regiones del país una atmósfera dentro de la cual es difícil o imposible que las gentes voten por la Unión Patriótica.

 

La llamada Comisión Nacional de Garantías se ha convertido en un aparato inútil, que sólo sirve de mampara para dar la impresión de que las elecciones transcurren en un ambiente de garantías efectivas. Máxime cuando el Procurador ha declarado que no pueden hacerse las investigaciones sobre múltiples denuncias presentadas por la Unión Patriótica, de manifiesta violación de nuestros derechos, por el temor de testigos y jueces a las retaliaciones, haciendo imposible la labor de los investigadores de la Procuraduría.

 

A lo largo de la campaña electoral, unidades de las Fuerzas Armadas han hostigado campamentos de las FARC y, con pretexto de operativos militares, reprimen a la población campesina con el propósito de sembrar el pánico y amenazarla si vota por la Unión Patriótica. Grupos paramilitares y hasta unidades del Ejército y la Policía difunden propaganda, pintan consignas murales, reparten boletines y volantes, pegan carteles y elaboran falsas declaraciones en las cuales se propagan las más infames calumnias contra la Unión Patriótica, el Partido Comunista y las FARC. Esta propaganda negra se prepara en el BINCI y en las secciones de inteligencia de las brigadas, con los dineros del Ministerio de Defensa.

 

Se multiplican las acciones criminales de los grupos paramilitares que siembran la muerte y la inseguridad en amplias regiones de influencia de la Unión Patriótica, incluyendo centros urbanos. Esta actividad no sería posible sin el apoyo de Unidades Militares, como acaba de reconocerlo la Procuraduría General en los casos de las martirizadas regiones de Vuelta Acuña y Campo Capote en Santander. En los últimos meses esta acción militar y paramilitar se acrecienta. No se trata de excesos ocasionales de las tropas. Son verdaderos planes realizados y preparados cuidadosamente, como lo hemos denunciado en el caso del Plan Cóndor o del Operativo 85. En estos días, en desarrollo de un nuevo plan se atenta contra dirigentes políticos y sedes partidistas, de lo cual se pretende responsabilizar a movimientos de izquierda. El objetivo de estas provocaciones es impedir que se levante el Estado de Sitio, crear un clima de violencia ante el nuevo Presidente de la República, justificar la represión generalizada y romper los Acuerdos de Tregua y Paz.

 

Un fenómeno grave es el aumento de las desapariciones de activistas políticos y sociales, algunos de los cuales luego aparecen asesinados y otros nunca aparecen, como ha sucedido con los dirigentes comunistas y de la Unión Patriótica Faustino López, Miguel Ángel Díaz, Pablo Caicedo, Marco Fidel Castro y Maria Eugenia Castañeda. Semejantes métodos que nos colocan a la altura de la antigua dictadura militarista de Argentina, no sólo son un crimen contra los derechos humanos, sino un oscuro baldón contra la Nación y contra su propio Gobierno, señor Presidente.

 

Aumentan las ofensivas militares contra los frentes de las FARC. Actualmente se realizan operativos armados contra el 18 Frente, en el sur de Córdoba; el 23 en Santander; y el 4 en Nordeste de Antioquia; el 10 en Arauca; el 7 en el Meta; el 16 en Vichada; el 13 en el sur de Huila; el 19 en el Magdalena y el 3 en el Caquetá. Estos operativos, además, se conjugan en el revanchismo irracional, que trata de cobrar al campesinado el «delito» de haber votado por la Unión Patriótica el 9 de marzo.

 

Estos operativos pretenden justificarse con el argumento de que «las Fuerzas Armadas » tienen el encargo constitucional de actuar militarmente en todo el territorio nacional. Pero la Constitución no autoriza a ningún cuerpo armado para desatar operaciones de guerra en el territorio nacional, tratar a la población como si fuera la de un país enemigo en guerra, comportarse en regiones de la patria como si fueran territorios ocupados. Además, los Acuerdos de La Uribe implican obligaciones, o por lo menos una actitud cuidadosa y prudente, con los sectores que han firmado la Tregua y están representándola, pero que no están dispuestos a dejarse exterminar mansamente. La experiencia demuestra que no hay soluciones militares para la lucha armada y que el único camino es el diálogo y la solución política mediante profundos cambios políticos y sociales.

 

Por otra parte, los publicitados planes de rehabilitación en buena medida han quedado en el papel. Miles de familias viven en las condiciones más precarias, a la espera de que el Estado contribuya a solucionar sus graves problemas.

 

En los últimos días menudean los asesinos de gentes desconocidas por parte de los llamados «escuadrones de la muerte», que se constituyen a partir de los cuerpos represivos del sistema. En Bogotá a diario aparecen cadáveres de personas que según se dice, son delincuentes comunes, pero que por lo menos tienen el derecho a ser condenados por el sistema legal vigente. Para no hablar de Cali, donde según el diario El Tiempo, aparecieron asesinados en un mes 300 personas.

 

Este clima de agresividad es el resultado de la actitud oficial de tolerancia a las presiones cada vez más fuertes del militarismo, agigantado a partir de los sucesos del Palacio de Justicia, a los jefes y promotores de las cuadrillas paramilitares y a los inspiradores de esta política, contraria a la que públicamente preconiza el jefe del Estado. Esta situación lesiona los derechos de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, amenaza la tregua prorrogada con las FARC, y atenta contra la aspiración nacional a una verdadera Apertura Democrática.

 

Al denunciar todo esto, le solicitamos a usted como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Militares:

 

1. Que se levante el Estado de Sitio en todo el país

2. Que cesen los operativos de guerra contra las FARC y las acciones represivas contra las regiones donde la Unión Patriótica tuvo votación. Que el Ejército cumpla su función de garante de la soberanía y las fronteras patrias.

3. Que se disuelvan los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte y se sancione a sus integrantes y patrocinadores.

 

Que sean presentados los desaparecidos y se sigan los procesos de caso contra los responsables de estos hechos, facilitando a la Procuraduría los elementos y el respaldo necesario para las investigaciones sobre la violación de los derechos humanos.

 

(Fdo): Senadores: Hernando Hurtado, Gustavo Osorio, Jaime Montoya, Pedro Luis Valencia, Pedro Nel Jiménez, Humberto Oviedo, Alberto Rojas Puyo, Pedro Alcántara Herrán.

 

Representantes a la Cámara: Gilberto Vieira, Carlos Enrique Cardona, Ovidio Marulanda, Bernardo Jaramillo, Henry Millán, Iván Márquez, Betty Camacho de Rangel, Octavio Vargas, Elsa Rojas, Jorge González, Hernán Mota Mota, Leonardo Posada, Hernán Rojas, Rafael Cely, Manuel Gómez, Concejal de Bogotá Carlos Romero.

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE

 

Búsqueda