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1984

Acuerdos de La Uribe. 

Revista Semana, 1984  

Con el retorno de los conservadores al palacio de Nariño en 1982, aires de paz renovaban las iniciativas para terminar con un conflicto que en ese punto de la historia ya alcanzaba 50 años (sobre la base de contemplar el año de 1930 como punto cero del conflicto armado). El presidente electo, Belisario Betancur, se había fijado como estrella polar la consecución de la esquiva paz y para ello continuó iniciativas avanzadas en el gobierno Turbay tales como la comisión de paz, a ella le adiciona una ley de amnistía (ley 35 de 1982) y con ello crea las condiciones para poner en marcha el proceso de paz con las organizaciones subversivas, M 19, FARC, ELN, EPL y la Autodefensa Obrera.

El diseño institucional de la paz en el gobierno Betancur incluía como se mencionó arriba, una ley de amnistía, una comisión de Paz, Diálogo y Verificación, y la instalación de una mesa de conversaciones en la Uribe, departamento del Meta.

La ley de amnistía fue promulgada el 20 de noviembre de 1982 y en su arquitectura normativa se estableció la concesión de una amnistía general para quienes sean autores, cómplices o encubridores de delitos políticos (rebelión, sedición y asonada); se excluyeron delitos y hechos violentos cometidos por fuera de combate y con sevicia; se modificó el código penal respecto de la fabricación y porte de material militar; por otra parte, se autorizó al gobierno para contratar empréstitos y realizar gestiones para la normalización social (provisión de servicios sociales básicos, adecuación de tierras, construcción de infraestructura social y vías de comunicación, etc.) en las áreas afectadas por la violencia; finalmente se dieron facultades extraordinarias al presidente para reestructurar el funcionamiento de la Policía Nacional con el objeto de adecuar a la institución para la garantía de la seguridad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de seguridad vulnerables.

Con este marco legal, el siguiente paso era crear una comisión que articula procesos y se convierta en el enlace para la intermediación con las organizaciones alzadas en armas, en ese orden de ideas, durante la administración Turbay se había avanzado en la conformación de dicha comisión, mediante la promulgación del decreto 2761 del 8 de octubre de 1981, en este se encargó a una “comisión transitoria” para la consecución de “nuevas posibilidades para fortalecer la paz pública y crear las condiciones que permitan la derogatoria de la legislación de emergencia” . De esta forma, la administración Turbay buscaba por lo menos lograr acercamientos con los grupos armados y dejar el camino sembrado para unos posteriores diálogos de paz.

Con este precedente, el presidente Betancur emite el 19 de septiembre de 1982 el Decreto 2711, que crea la Comisión Asesora de Paz del Gobierno Nacional, cuya tarea primordial va a ser la de “prestar su asistencia  y presentar sus alternativas de acción al Presidente de la República, dentro de su responsabilidad de fortalecer la paz pública y social, en las diferentes zonas que integran el territorio de la república” , se destacan en la conformación de esta comisión de cuarenta miembros, entre otros,  el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, John Agudelo Ríos quien fungió como coordinador de la comisión, Otto Morales Benítez, Alfredo Vázquez Carrizosa, los generales Gerardo Ayerbe Chaux y Guillermo Pinzón Caicedo, Monseñor Mario Rebollo Bravo y Monseñor Rafael Gómez Hoyos, y personalidades del mundo académico, los movimientos sociales y diferentes sectores políticos, uno de sus grandes logros fueron los aportes generados que permitieron la posterior estructuración del Plan Nacional de Rehabilitación, adicionalmente, en enero de 1983, se establecieron los primeros contactos con la guerrilla de las FARC.

Producto de esos contactos, el Gobierno Nacional nombró tres altos comisionados de paz para adelantar diálogos exploratorios con la insurgencia, así mismo, y con el propósito de fortalecer institucionalmente toda la política de paz emprendida, se creó la consejería en asuntos de paz nombrando en el cargo a Amparo Bouzas Quintero, en suma, se trataba de organizar todos los esfuerzos y gestiones de paz en una estructura institucional que genere dinámicas de coordinación y armonización de procesos en el adelantamiento de los diálogos con las distintas insurgencias.

No obstante los planteamientos eximidos por el presidente Betancur, la comisión empezó a mostrar tensiones y situaciones que lejos de mostrar cohesión, significaban por el contrario rupturas en lo relativo a diversos aspectos en la gestión de la comisión, en ese orden de ideas, en mayo de 1983, el director de la comisión, el liberal Otto Morales Benítez, renuncia a su cargo por considerar que el gobierno antes de seguir adelante, debe “combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno”. esta situación implicó para el presidente Betancur la sustitución en la dirección, por lo que decide nombrar en reemplazo de Benitez a John Agudelo Ríos.

Con el buen ritmo de las negociaciones, se alcanzan los acuerdos de la Uribe, Meta con la insurgencia de las Farc, los pilares fundamentales de la negociación fueron la creación de un partido político para hacer tránsito de la vida armada a la política - al año siguiente se funda la Unión Patriótica-; una reestructuración institucional para atender las demandas sociales razón de la lucha armada; garantías para el ejercicio de la política y fortalecimiento de los canales democráticos para la competencia equilibrada entre las fuerzas políticas tradicionales y las que se formen fruto de los acuerdos alcanzados.

No obstante, los avances en el terreno de las negociaciones se vieron restringidas por la violencia, esta vez por actores paramilitares que emergieron como réplica contrainsurgente, el impacto en la mesa de negociaciones fue la renuncia de dos miembros de la comisión.

La violencia paramilitar obligó a crear mecanismos de verificación y monitoreo en campo para dar garantías a las partes sobre el cumplimiento de lo acordado en la Uribe, en ese orden de ideas se crea el 29 de mayo de 1984 la Comisión Nacional de Verificación, conformada entre otros por Enrique Santos Calderón, monseñor Darío Castrillón, Fabio Valencia Cossio,  Nicanor Restrepo Santamaría, Carlos Ossa Escobar, Horacio Serpa Uribe, Gilberto Vieira, y también contaba con la participación de un miembro de la recién creada Unión Patriótica, y uno proveniente de las Autodefensas Obreras (ADO).

Al tiempo que se adelantaron las negociaciones con la insurgencia de las Farc, la administración Betancur amplió el espectro de paz para alcanzar acuerdos con otras organizaciones armadas, específicamente con el M-19 y con el Ejército de Popular de Liberación, para tales efectos, el presidente crea la comisión nacional de negociación y diálogo, en cuya dirección fue nombrado Alfonso Gómez-Gómez.

Producto de estos acercamientos, el 24 de agosto de 1984 en los municipios de El Hobo, Huila y Corinto en departamento de Cauca se alcanzaron acuerdos con estas organizaciones con las que se consiguió el cese al fuego, el país quedó expectante frente a los alcances de los acuerdos y al cumplimiento de los mismos.

A pesar de las esperanzas de paz creadas, eventos como la toma del Palacio de Justicia en noviembre de de 1985 y el asesinato sistemático de los líderes políticos de la Unión Patriótica, anudado al recrudecimiento de la violencia paramilitar, derivó en la desconfianza mutua entre las partes en las distintas mesas de conversaciones, conllevando al fracaso de todas estas iniciativas de paz, de esta forma, el 5 de agosto de 1986, dos días antes de dejar la Casa de Nariño, Betancur oficializó la desintegración de la última comisión. 

Oscar Daniel Feliciano Fajardo

FUNDACIÓN PAÍS POSIBLE