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Marzo 2 de 1986

 

Acuerdo entre la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación y las FARC-EP

 

La Comisión de Paz, Diálogo y Verificación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), convencidas de que la política de paz puede culminar satisfactoriamente, tal como lo anhela el pueblo colombiano, han decidido introducir al Acuerdo de La Uribe, firmado el 28 de marzo de 1984 y ratificado en su oportunidad por el señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur las siguientes precisiones y adiciones que, a juicio de ambas partes permitirán no sólo superar los problemas y obstáculos que se han presentado hasta el momento, sino avanzar en forma rápida hacia una paz definitiva, que asegure la concordia nacional:

 

1. El gobierno y las FARC reiteran su lealtad al Acuerdo de La Uribe y su decisión de continuar trabajando por una paz real, a que aspiran todos los ciudadanos y que puede alcanzarse a pesar de las limitaciones económicas de un país en desarrollo, si existe empeño continuo y conjunto de crear un orden social más justo.

 

Por lo anterior, las FARC hacen un llamado vehemente al gobierno, al Congreso, a los partidos políticos, a la Iglesia, a los gremios de la producción y el trabajo, a los medios de comunicación social y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a que sumemos esfuerzos para construir juntos una Colombia más democrática, más justa económicamente y con iguales oportunidades para todos.

 

 

2. Las FARC expresan su sincera disposición de continuar adelantando el actual proceso de paz con el ciudadano colombiano que, constitucionalmente, presida el próximo gobierno.

 

3. Las FARC colaborarán a que los debates electorales que se avecinan, se desarrollen en forma ordenada y pacífica de modo que todos los ciudadanos, independiente- mente del partido o movimiento político a que pertenezcan, puedan expresar sin temores y sin coacción física, moral o económica, su libre voluntad en las urnas.

 

4. Las FARC ratifican su condena al secuestro y la extorsión, hecha en el Acuerdo de La Uribe y en otros documentos suyos. Condenan también el chantaje o boleteo en cualquiera de sus formas, el narcotráfico, el atentado personal, la desaparición de personas, la tortura, la justicia por mano propia, provengan de donde provengan, así como el reclutamiento de adeptos con fines militares o de adiestramiento militar y la presencia de hombres suyos portando armas o uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en reuniones públicas, en lugares poblados o frente a conciudadanos inermes.

 

5. Las partes firmantes de este documento instan a todos los hombres y mujeres de Colombia, sin distingos de ninguna clase, a movilizarse y a luchar contra el terrorismo de cualquier procedencia, para defender el bien colectivo, el patrimonio público y la tranquila convivencia en una patria que pertenece a todos por igual.

 

6. Las FARC, como lo han venido haciendo al desplazar hacia el trabajo político a muchos de sus hombres, intensificarán el proceso de incorporación de sus efectivos a la vida política y social, a la actividad civil y productiva, de modo que en un período razonable sus actuales integrantes se vinculen a la plena normalidad institucional, para lo cual deberán existir amplias libertades, y plenas y reales garantías para el ejercicio de la actividad política.

 

El Gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará re- caer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden. También otorgará el Gobierno a las FARC, las garantías y libertades que requiera para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política.

 

7. Las FARC exhortan, comedidamente, a los medios de comunicación, hablados y escritos, a manejar las noticias que pueden afectar el orden público de la manera más imparcial, objetiva y veraz que les sea posible, como medio de evitar que los delincuentes comunes y los grupos paramilitares continúen escudándose en los movimientos guerrilleros, y especialmente en las FARC, para cometer, impune- mente, toda clase de delitos, y sigan socavando como lo han venido haciendo, el propio proceso de paz.

 

8. Las FARC reiteran al gobierno su petición de levantar el estado de sitio en el tiempo más breve posible y de garantizar el cese al fuego, ordenado por el señor Presidente de la República, el 28 de mayo de 1984, a fin de que el país regrese pronto a la normalidad civil; de combatir de manera más decidida a los grupos paramilitares que se han apoderado de algunas zonas del país; de dar a la Unión Patriótica un tratamiento más equitativo en los medios oficiales de comunicación, y de restablecer a través de ellos, la verdad que ocurre en el proceso de paz.

 

9. La Autodefensa obrera (ADO) y los Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño, del ELN, firmantes también de acuerdos de paz, hacen suyo el presente documento y lo suscriben para reafirmar su disposición de continuar trabajando por el fortalecimiento del proceso de paz, que busca restablecer la convivencia democrática entre los colombianos.

 

10. Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de La Uribe, en los términos que acaban de consignarse, pensando en los altos intereses de la nación y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar, no sólo la continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos los ciudadanos.

 

11.El presente acuerdo requiere, para su validez, de la ratificación del señor Presi- dente de la República.

Para constancia, se firma en La Uribe, Departamento del Meta.

 

Por la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación: Jhon Agudelo Ríos, Rocío Vélez de Piedrahita, Alberto Rojas Puyo, Braulio Herrera, Antonio Duque Alvarez, Álvaro Leyva Durán, Germán Bula Hoyos, y demás miembros.

 

Por el Estado Mayor Central de las FARC-EP: Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, y demás miembros.

 

Por la dirección Político Militar de Autodefensa Obrera (ADO): Héctor Fabio Abadía Rey, Carlos Efrén Agudelo, Miguel Ángel Márquez, Esteban Zamora.

 

Por los Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN: Ernesto González, Manuela González.

 

 

Fuente: Villarraga Sarmiento, Álvaro, compilador y editor. (2009) Gobierno del Presidente Belisario Betancur 1982-1986. Tregua y cese al fuego bilateral FARC, EPL, M-19, ADO. Tomo 1 - Serie el Proceso de Paz en Colombia. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática, FUCUDE